El contratista no sirvió la comida

La alimentación de 110 jardines y 17 centros de atención está en riesgo. / Archivo

Han sido tiempos difíciles para la Secretaría de Integración. Las críticas del Concejo de la ciudad se incrementan. Sucesivos debates de control político a Teresa Muñoz, la secretaria, han desencadenado que se haya tramitado una moción de censura en su contra. Ahora las acusaciones giran en torno a la alimentación de miles de bogotanos que son atendidos por esa cartera. El cabildante Juan Carlos Flórez revela pormenores de un contrato por más de $18.000 millones para las comidas de jardines infantiles y centros de cuidado, que estaría a cargo de un consorcio que no tiene la experiencia requerida ni estaría cumpliendo con el objeto contratado. La Secretaría da su versión.

El 21 de junio pasado, la Secretaría de Integración Social firmó un contrato con el Consorcio Alimentación Social 2013 para la entrega de “crudos” (alimentos para preparación) en 110 jardines infantiles y 17 centros de cuidado que atienden a adultos mayores, personas con discapacidad y habitantes de calle. Estos 127 centros están en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, Tunjuelito, Engativá, Fontibón y Suba. El valor del contrato fue $18.253 millones.

“Nos comunicamos con los 127 jardines y centros de cuidado que dependen del consorcio. En 47 encontramos que no se pueden dar los menús definidos por la Secretaría debido a la carencia de alimentos, lo que ha generado la reducción de las porciones, que no se sirva proteína o fruta o sólo se dé aguadepanela”, afirmó Flórez.

Durante la semana pasada fue más específico y dijo que “el lunes 15 de julio en el jardín infantil Los Pitufines, de Ciudad Bolívar, entregaron cuatro libras de carne para el almuerzo de 100 niños. En jardines como San Cayetano, en Suba, que atiende a 122 niños, y La Libertad, en Bosa, en donde son atendidos 270, han suspendido el servicio al no contar con los alimentos suficientes para atender a los niños”.

El principal objetivo de las críticas del concejal es señalar que Integración se equivocó al elegir para la entrega de crudos a Alimentación Social 2013, que fue creado este año, al parecer para participar en este proceso licitatorio. El consorcio está conformado por la Fundación Multiactiva Emprendiendo, fundada en 1998 en Cartagena, con un patrimonio de $6.489 millones, y por la Corporación Ambiente Colombia (Coramcol), inscrita en la Cámara de Comercio de Villavicencio desde 2008, con un patrimonio que supera por poco los $14.000 millones.

Para Flórez, “el contratista no tiene la experiencia para el manejo logístico que implica un contrato tan complejo. No está capacitado en el manejo del software que permite definir los gramajes necesarios para el cumplimiento de las minutas. No conoce el territorio, y al no tener experiencia logística en Bogotá, le ha costado mucho llegar a las direcciones de los jardines y centros de cuidado. Y no tiene la experiencia ni el conocimiento para realizar las compras de alimentos en las centrales mayoristas”.

Según las pruebas aportadas por Flórez, Coramcol aparece en los registros de la Cámara de Comercio de Villavicencio con un contrato para reforestación con Cormacarena, pero sin contrato alguno como proveedora de alimentos. Sin embargo, en su registro mercantil aparece relacionada con actividades de servicios de comidas y comercio al por mayor de alimentos. Por otro lado, la Fundación Multiactiva Emprendiendo, según la misma documentación en poder del concejal, sólo registra un contrato en suministro de alimentos con la Alcaldía de Bucaramanga, firmado en septiembre de 2012.

Para el concejal resulta evidente que el consorcio no tenía las cualidades para ganarse el contrato, y sostiene que una muestra de ello es que “en la evaluación preliminar de los proponentes se advirtió que el Consorcio Alimentación Social 2013 no cumplía plenamente los requisitos jurídicos y técnicos, los cuales tuvieron que ser subsanados posteriormente”.

“Reconocemos que el operador ha fallado. Nos ha quedado mal tanto en la frecuencia como en las cantidades de alimentos entregados. Ha hecho entregas fraccionadas. Esas irregularidades comenzaron el 4 de julio, cuando inició la ejecución del contrato. Por eso, el 15 de julio iniciamos un proceso de seguimiento por posible incumplimiento”, afirma Harolh Gómez, subsecretario que estuvo al frente del proceso licitatorio.

“Todos los días nos reunimos con el proveedor para hacerles seguimiento a entregas inoportunas y para activar contigencias”, dice Gómez. Esas contingencias son medidas de urgencia, como echar mano de las reservas alimenticias de otros jardines o centros (excepto carnes, por las dificultades técnicas que su transporte implica) o contratar a un tercer proveedor, en este caso el Idipron (Instituto Distrital para la Protección de la Niñez), entidad a la que no se le paga un peso. “Después les devolvemos en especie. Es una suerte de préstamo de comida”, dice Gómez.

Para declarar el incumplimiento, Integración tendría que demostrar que un servicio se cierra por culpa del contratista. Pero “nosotros no dejamos que se cierren ni jardines, ni centros. La otra alternativa que tenemos es evidenciar que las rutinas de entrega, en frecuencia o cantidades, irremediablemente iban a afectar la provisión de un jardín”, dice Gómez. Además sostiene que “vamos a solicitar que cedan el contrato para no tener que surtir todas las etapas del incumplimiento, que implican la congelación de los recursos. Ya ellos pidieron la cesión del contrato, pero no han propuesto ninguna firma”.

En cuanto a las calidades del contratista y la razón de que se firmara con él aunque no reunía la experiencia requerida, Gómez dice que “el proceso fue transparente. Ellos sí tenían las facultades para concursar en esa licitación. Yo las revisé mucho antes de que se la ganaran en una subasta a la inversa en la que hicieron la mejor oferta”.