Supongamos que usted tiene una casa en un barrio estrato 3, según la clasificación que rige hace 20 años en Colombia. Que usted tiene altísimos ingresos y esa casa, además, parece una “mansión”. Sin embargo, por vivir allí tiene derecho a un subsidio para pagar el agua, el aseo, la luz. En un escenario ideal, por su capacidad económica, debería ser estrato 4 o 5, y no recibiría ese auxilio, pero por los errores de inclusión que hay en el esquema de estratificación, usted se sigue beneficiando. Esta situación le cuesta miles de millones a Bogotá y el país, como lo revela un reciente estudio de la Universidad del Rosario.
En Bogotá, el 75% de los inmuebles están en estratos 1, 2 y 3, recibiendo subsidios para el pago de servicios públicos. Estos auxilios en parte los financian los estratos 5 y 6, que representan el 9% de los predios de la capital. En palabras del profesor Carlos Sepúlveda, de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, la situación representa un desbalance y es el principal problema que tiene el actual esquema de estratificación, en términos de números.
Desde 1994 la metodología de la estratificación no se actualiza y ha sido imposible identificar la población que mejoró sus condiciones económicas y ya no necesita subsidios en servicios públicos, lo que genera un desequilibrio financiero para el país. Para entenderlo mejor, en 2012 los ciudadanos pagaron por acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas casi $1,4 billones, pero el costo para financiar el subsidio de los estratos 1, 2 y 3 fue de $3,5 billones. Es decir, el desbalance fue de $2 billones y tuvo que cubrirlo el Estado (ver gráfico).
En el caso de Bogotá, en 2012, sólo en el servicio de energía, hubo equilibrio entre el recaudo y los subsidios. Sin embargo, en el resto de servicios públicos hubo un desequilibrio que sumó $93 mil millones, según los cálculos que hicieron el profesor Sepúlveda, Juan Miguel Gallego (profesor Facultad Economía U. Rosario) y Denis López (consultor de Infométrika).
“El punto es sencillamente que mucha gente empezó a recibir subsidios y nunca dejó de recibirlos. Me parece alarmante decir que el 75% de los hogares bogotanos recibe subsidios, en medio de una ciudad con una economía sólida, que ha bajado enormemente la pobreza, tiene una de las tasas más bajas de desempleo del país y una alta contribución al PIB”, explica Sepúlveda.
Un escenario que explora la investigación, de tal forma que refleje más las condiciones actuales de la ciudad, es hacer una reclasificación. Así, parte de los estratos 2 y 3 se reduciría y aumentarían a otro estrato. Obviamente es una opción que políticamente es complicada. La presión ciudadana es fuerte en estos casos, como sucedió en 2009, cuando la administración intentó subir del estrato 4 al 5 algunas zonas del barrio Ciudad Salitre.
¿Hacia el fin de los estratos?
El debate alrededor del tema de la estratificación no se limita sólo a los números. Este modelo —atípico en el mundo— también ha generado otros problemas, como la estigmatización social y la segregación, acentuando las dificultades para que personas de distinta clase social compartan los mismos espacios y accedan a las mismas oportunidades.
“El sentido de la discusión sobre los estratos no es un tema de subsidios o distribución tarifaria para los servicios públicos, sino una discusión de un cambio cultural. Es un problema político asumir la decisión de una sociedad que discrimina a la persona por un sistema de zonas o que le da la posibilidad en función de su capacidad de pago. Una sociedad así no puede posar de igualitaria” dijo el profesor Stefano Epifani, de la Universidad de Sapienza (Italia), a El Espectador hace unos meses.
La Secretaría de Planeación de Bogotá, con el apoyo de ONU Hábitat, ha propuesto al Gobierno desmontar el sistema de estratos. La investigación del Rosario es un insumo y un punto de partida para evaluar opciones diferentes para enfocar los subsidios, como por ejemplo, usar el avalúo catastral, ya que tiene datos mucho más actualizados sobre la realidad de las viviendas bogotanas. No obstante, el lío con esta fórmula es que se seguiría centrando en los inmuebles y no en la situación de las personas que los habitan.
Por ello, la otra alternativa que analizan por estos días los investigadores de la universidad es la posibilidad de tener un registro individual que permita conocer cuál es el ingreso de las personas. “Puede ser una declaración de renta universal, donde dependiendo de tu nivel de ingreso, recibas un subsidio o tengas que pagar una contribución”, dice el profesor Carlos Sepúlveda.
“Lo más importante para esa transición es ser conscientes de que es mucha la gente que está recibiendo subsidios. Lo segundo es que otra gente debería recibir más subsidio que lo que está recibiendo, ya que hay gente muy pobre en el estrato 1, que debería recibir mucho más. Es un poco de conciencia social”, concluye el economista.
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