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La contaminación del río Bogotá es una realidad cada día más costosa, no solo por la inconsciencia ciudadana, sino por los retrasos en las obras ordenadas por la justicia para recuperar y conservar el principal afluente de la ciudad, lo que prolonga los incalculables efectos ambientales y sus consecuencias. Según datos del Observatorio Regional Ambiental y del Desarrollo Sostenible del río Bogotá (Orarbo), por cada año de atraso en las obras, al río llegan sin tratar 838.000 metros cúbicos de aguas residuales, casi 49 veces el concreto que se necesitó para construir la Torre Colpatria. Siendo optimistas, esto apenas empezará a cambiar en 2029.
A pesar de que el fallo judicial, ratificado en 2014 por el Consejo de Estado, dio tres años para ejecutar 87 órdenes a Bogotá, quince entidades del orden nacional y a los 45 municipios de Cundinamarca, a lo largo de los 380 kilómetros del afluente (desde su nacimiento, en Villapinzón, hasta su desembocadura, en Girardot), su pleno cumplimiento aún se ve lejano. El sistema de saneamiento Tunjuelo-Canoas, corazón del plan de descontaminación, es una obra que sigue cruda.