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9 Jul 2021 - 2:04 a. m.

El debate sobre el uso del espacio público en Bogotá

​​Con la reapertura total, el espacio público se convierte en el protagonista para garantizar las medidas de autocuidado. Si bien la polémica se ha centrado en el valor sobre su uso, el decreto que lo reglamenta también habla de revitalización y de los derechos del peatón, artistas y vendedores ambulantes.

Esperanza de la Calle

Plaza de mercado de La Perseverancia, reapertura pandemia
Plaza de mercado de La Perseverancia, reapertura pandemia
Foto: El Espectador - Óscar Pérez

El nuevo decreto que reglamenta el uso del espacio público bajo el modelo de “A Cielo Abierto 2.0” ha generado controversia. Si bien establece condiciones para mejorar las zonas, así como reconoce el derecho de peatones y vendedores ambulantes e informales, el cobro para su aprovechamiento no termina de convencer a todo el mundo, dadas las condiciones actuales de la pandemia y el cese de actividades del sector en el último año.

Como tal el decreto indica que el aprovechamiento del espacio debe ir acompañado del mantenimiento periódico de los andenes y vías, por lo que asocia su uso a una retribución económica o en especie (obras en parques y alamedas) por parte de los comerciantes de restaurantes y foodtrucks que sean parte del modelo.

Para ello se establecen condiciones como la inclusión de personas en condiciones vulnerables, en condición de discapacidad o integrantes de un grupo étnico, y obliga a que las propuestas de uso del suelo incluyan un espacio para artistas y vendedores informales, por lo que no se permitirá la obstrucción del paso a los peatones por la zona ni los cerramientos restrictivos o controles de ingreso en las zonas.

Sumado a esto se presentan dos escenarios, el de los comerciantes que presenten una propuesta en grupo o quienes lo hagan de forma individual. En el primero de los casos, el Distrito da la opción de que, en conjunto, hagan la retribución en especie, es decir, con el arreglo y mantenimiento de las calles utilizadas. Para los que se presenten de forma individual solo se permite el pago en dinero.

El costo depende de variables, como el espacio público que se utilice, el tiempo del día que lo emplea, la cantidad de mesas e implementos que instala y el promedio del arriendo en el sector que se propone. Cuenta además con otros factores, como un 20 % de descuento en la retribución por gastos administrativos (logística y administrador de la zona) y de otro de $300.000 (30 % de un smmlv) por vincular a personas en vulnerabilidad en el proyecto.

Más allá de cómo y cuándo entre a operar este modelo de retribución, el tema abrió un debate sobre qué tan sano es para la economía y el espacio público el cobro por su explotación. Hay quienes consideran que es necesario y puede ser buena fuente de ingresos para la ciudad, como el concejal Diego Laserna (Alianza Verde), quien defiende el proyecto argumentando que si bien este año no se debe cobrar, sí hay que hacerlo más adelante para “no dar el espacio público al primero que lo pida. Además, así se puede buscar un punto sano en que no se alquile demasiado”.

También hay voces, como las de Fenalco y los comerciantes, que consideran que no es el momento de hacer un cobro, pues no ha pasado ni un semestre desde que inició la reactivación del sector y apenas se están recuperando de las pérdidas del año de pandemia. A esa postura se sumó la cabildante Diana Diago (Centro Democrático), quien pidió respetar al sector empresarial, “pues genera empleo y en pocos meses de reapertura no se puede lograr una recuperación económica”. Incluso, para la concejal, este sector debería ser objeto de estímulos antes que de cobros.

Otra visión sobre la propuesta es la que tienen quienes priorizan el carácter público de los andenes, plazoletas y alamedas, que considera la idea como una política de “privatización”. En este lado del debate se ubican expertos y concejales como Manuel Sarmiento (Polo Democrático), para quien esto sería un golpe a quienes venden en las calles, en una ciudad con altos niveles de informalidad.

“Esta visión privilegia que los establecimientos usen el espacio público, olvidando la situación de los trabajadores. El espacio público debe privilegiar a las personas que viven del rebusque y no puede ser objeto de privatización”, aseguró Sarmiento. El argumento de que el proyecto puede derivar en una privatización también se defiende desde la academia.

Mario Noriega, quien por años dictó clases de urbanismo y dirigió la maestría de esa rama en la Universidad Javeriana, explicó que “pagar por el espacio público le quita su carácter de público y lo vuelve un negocio privado. Esto no es nuevo y se hace en muchas ciudades, pero se debe estudiar en cuáles sitios cobrar, cómo se va a beneficiar al espacio público, qué actividad se va a hacer y si tiene sentido que se haga en el espacio público”.

Para los académicos es un tema complejo y, si bien se puede desarrollar, consideran que se están olvidando muchos elementos y que la propuesta está un poco en el aire. Olga Ceballos, docente de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Javeriana, concluyó que “va en contravía del principio público del espacio y en definitiva debe tener en cuenta a los vendedores informales”, pues tendrán una doble presión para usar los andenes.

Cobrar a los restaurantes un impuesto por el uso de andenes, antejardines y otros espacios es un tema que toca varias aristas. Tiene beneficios y perjuicios, que seguirán siendo estudiados a lo largo de este año, para que el proyecto que arranque a partir de 2021 termine siendo igual de favorable para el Distrito como para los empresarios del sector gastronómico, así como a artistas y vendedores informales.

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