Bogotá enfrenta un escenario energético que ya comienza a sentirse. El desabastecimiento de gas natural y el aumento de su precio, impulsado por la importación, encarecen toda la cadena del servicio. Esto se traduce en facturas más altas para los hogares, mayores costos para los comercios y una presión adicional sobre el transporte público.
Así lo advirtió recientemente ProBogotá Región, que alertó sobre un impacto directo en hogares, comercios, industrias y en el sistema Transmilenio, uno de los principales consumidores de gas en la capital.
Un problema que ya afecta a la ciudad
Entre 2021 y 2025, el precio promedio del gas natural en Colombia se triplicó. La razón principal es la caída en la oferta nacional, el aumento de las importaciones y la creciente dependencia del interior del país de fuentes más lejanas, como el gas que llega desde Cartagena.
Este encarecimiento no es un asunto técnico: se traduce en facturas más altas para los hogares, mayores costos para los negocios y una presión constante sobre el transporte público, que depende en parte de este energético para operar.
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Transmilenio, bajo presión por el gas
Uno de los focos de mayor preocupación es el transporte público. En Bogotá, 2.143 buses del SITP funcionan con gas, lo que representa el 20 % de la flota. Cualquier aumento abrupto en el precio del gas impacta de inmediato los costos operativos del sistema.
Según ProBogotá, esta situación pone en riesgo la sostenibilidad financiera de Transmilenio y podría terminar presionando al alza la tarifa del pasaje, afectando directamente a millones de usuarios.
Además, Transmilenio venía advirtiendo desde 2024 al Ministerio de Minas y Energía y a la CREG sobre el riesgo de no contar con gas suficiente para operar. Los contratos de suministro para estos buses vencieron en noviembre de 2025 y no pudieron renovarse debido a la escasez nacional, lo que obligaría a recurrir a gas importado, mucho más costoso.
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Un déficit que seguirá creciendo
El problema no es temporal. Colombia atraviesa la mayor tensión energética de las últimas dos décadas. Las reservas probadas de gas han caído 45 % desde 2018, y el país ya entró en un déficit estructural que seguirá aumentando:
- 117 millones de pies cúbicos diarios en 2026
- 224 millones en 2027
- 260 millones en 2029
Bogotá y el interior del país ya dependen parcialmente del gas importado, que resulta más caro no solo por la distancia, sino por un esquema tarifario que penaliza a las regiones alejadas de los puertos.
Industria y comercios también sienten el golpe
El impacto no se limita al transporte. La industria consume cerca del 27 % del gas nacional, y muchas empresas han empezado a reemplazarlo por diésel u otros combustibles más contaminantes.
Este cambio eleva los costos de producción, aumenta las emisiones y reduce la competitividad del tejido productivo, configurando un escenario de deterioro acelerado para la economía del interior del país.
¿Quiénes serán los más afectados?
ProBogotá advierte que los efectos recaerán con mayor fuerza sobre:
- Hogares de menores ingresos,
- Conductores y usuarios del transporte público,
- Pequeños y medianos comercios,
- Industrias que dependen del gas para operar.
En todos los casos, el aumento de costos termina trasladándose al ciudadano, ya sea a través de tarifas más altas, precios más elevados o menor estabilidad económica.
El llamado: decisiones urgentes
Para mitigar el impacto, Transmilenio solicitó que el transporte público masivo sea priorizado en la asignación de gas y que se adopten mecanismos que garanticen el suministro.
Por su parte, ProBogotá hizo un llamado directo al Gobierno Nacional para tomar decisiones inmediatas que estabilicen la oferta, ajusten el esquema tarifario y modernicen la infraestructura del gas.
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“El país requiere medidas urgentes para evitar que el mayor costo del gas siga trasladándose a hogares, sistemas de transporte e industria”, señaló María Carolina Castillo, presidenta de ProBogotá Región.
Un problema urbano que no da espera
El mensaje de fondo es claro: el gas dejó de ser un servicio estable y barato. Hoy, su escasez y su precio se han convertido en un problema urbano que cruza transporte, economía y calidad de vida.
Si no se actúa a tiempo, serán los hogares, los trabajadores y los usuarios del transporte público quienes terminen cargando con los costos de una crisis energética que ya está tocando la puerta de Bogotá.
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Por Redacción Bogotá
