Durante las semanas que precedieron a la muerte de la niña, un abuelo de la comunidad embera alojada en la casa del 20 de Julio le preparó algunos remedios con las pocas yerbas tradicionales que tenía a la mano. En cambio, el jarabe que le habían dado los médicos del hospital de San Cristóbal para tratarle la rinofaringitis, seguía sin haber sido abierto.
Aunque aún se investigan en Medicina Legal las verdaderas razones de la muerte de la bebé el pasado lunes, la noticia ha puesto de nuevo de relieve en la ciudad no sólo las difíciles condiciones en que viven en Bogotá las comunidades indígenas desplazadas por la violencia, sino la tremenda dificultad de generar políticas de salud de atención a minorías cuando éstas se encuentran en espacios culturales que no les son propios.
“El distrito tiene una política indígena amplia. Tenemos jardines indígenas sensibles a las tradiciones de cada etnia, y también adecuamos la entrega de paquetes alimentarios a las necesidades culturales de las comunidades. Pero en materia de salud nos faltan cosas; en especial, no hemos logrado que las etnias acepten ver a los doctores”, asegura una fuente de la Secretaría de Salud del Distrito.
El número de emberas (katíos y chamíes) en Bogotá es indeterminado. Las autoridades han calculado que podrían llegar a 200, mientras que ellos mismos han llegado a estimar que alcanzan a ser 500. Una buena proporción ha llegado a la ciudad desplazada de Risaralda por cuenta del conflicto armado.
Para Reinaldo Barbosa, historiador y director del grupo Región y Territorio del Iepri, en la Universidad Nacional, muchos de estos grupos están llegando a la ciudad sin sus líderes espirituales o jaibanás. Llegan, además, “sin capacidad de acceder a las hierbas tradicionales que por cientos de años les han servido de medicina”.
Para el experto en cuestiones indígenas en entornos urbanos, se debe vincular a las autoridades tradicionales embera y de otras etnias a los procesos de formulación de políticas de atención en salud. “Hay que combinar la medicina de los sabios del Putumayo y de la Sierra, para hacer una aproximación integral con lo que el Distrito tiene para ofrecer”, asegura.
Por ahora, y mientras se encuentran soluciones más de fondo, la Secretaría de Gobierno ha ordenado una medida de protección para todos los niños que viven en el albergue. Después de una negociación exitosa con las autoridades indígenas del albergue, se decidió que los niños sean trasladados a una Unidad Básica de Atención, junto a diez mujeres, para evitar que puedan caer enfermos.
Por Redacción Bogotá
