El dinero detrás de los concejales de Bogotá

La plata para financiar las campañas de los 45 concejales que hoy comienzan a sesionar salió, en su mayoría, de sus propios bolsillos y de aportes familiares. Otro tanto llegó de particulares que les donaron o les prestaron dinero, y un poco más lo pusieron los partidos que los avalaron y los bancos por medio de créditos. Esa es la primera conclusión que se saca al echarle una mirada a los reportes que, por ley, debieron hacer desde finales del año pasado.

En detalle, los ingresos de todos los que resultaron electos sumaron $6.053 millones. Los aportes de personales y de sus parientes sumaron $3.124 millones (51%). Las donaciones y otras contribuciones alcanzaron los $1.830 millones (30%). Estas dos fueron las principales fuentes de financiación, de acuerdo con la información consignada en el portal Cuentas Claras (www.cnecuentasclaras.com), que está a cargo del Consejo Nacional Electoral (CNE) y puede consultar cualquier ciudadano.

El tope de ingresos para las campañas al Concejo de Bogotá fue, para 2015, de $17.566 millones por lista que presentara cada partido. Así, en caso de que una lista tuviese el máximo de 45 candidatos, cada uno hubiera podido gastar, por mucho, $390 millones.

Ningún concejal, en el papel, alcanzó esa cifra. Los 44 que reportaron ingresos oscilaron entre $14,8 millones y $360 millones. El único que dejó constancia de una campaña sin dinero fue Juan Carlos Flórez, de la Alianza Social Independiente. “Austeridad total. Gasto cero. Imaginación al 100%”, fue su consigna en la campaña.

Entre certidumbres y dudas

La información de Cuentas Claras es la oficial, la que quedará para la historia. Es un indicador de la plata que se movió en la campaña, permite identificar quiénes respaldaron económicamente cada candidatura y, con un indagación más profunda, conocer los intereses que rondan a los concejales. Eso sí, todo se debe tomar con beneficio de inventario.

Lo advierte Elisabeth Ungar, directora de Transparencia por Colombia, organización que diseñó esa herramienta digital para ingresar los reportes. Al consultarle sobre el predominio de financiación propia y familiar, responde: “Esa tendencia, que no es exclusiva de Bogotá, es muy preocupante porque a esos recursos es difícil hacerles seguimiento. Puede ocurrir que un particular que no quiere que su nombre se conozca, le pase la plata a un familiar del concejal y sea este último el que aparezca como contribuyente. Además, el CNE no tiene la capacidad de verificar si la declaración de renta de los concejales y de sus familiares coincide con lo que dicen que aportaron”.

La incertidumbre sobre el verdadero origen de esos recursos impide hacer afirmaciones categóricas, positivas o negativas, sobre los concejales que escogieron ese tipo de financiación. Hay que tener en cuenta, no obstante, que de 42 concejales, que reportaron financiación propia y familiar, se destacan 19 por el monto que reportaron. Según la base de datos, estuvieron entre $80 millones y $290 millones.

Constructores y excontratistas

Los constructores con intereses en Bogotá no solo se metieron de lleno en la campaña a la Alcaldía, financiando a Rafael Pardo y Enrique Peñalosa. También hicieron su aporte a una decena de los nuevos concejales, que tienen entre sus grandes retos la obligación de aprobar un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, que regirá los usos del suelo en la ciudad durante los próximos 12 años. Si a esto se suman los planes expansionistas anunciados por la nueva administración, sus aportes cobran particular importancia.

Hay, de hecho, relación entre constructores que financiaron a Peñalosa y algunos concejales. Por ejemplo, la empresa editorial Dónde Adquirir Vivienda (cuyos dueños son constructoras como Amarilo, Constructora Bolívar, Convivienda y Cusezar), le dio dinero tanto al mandatario como al liberal Horacio José Serpa y a la lista del Centro Democrático, que sacó seis concejales. Amarilo, a su vez, contribuyó con la campaña de Roberto Hinestrosa, concejal de Cambio Radical cuya aspiración a la Presidencia del Concejo ha contado con amplio respaldo dentro de su partido. Los otros que recibieron aportes de firmas del sector inmobiliario fueron Jorge Torres (Alianza Verde) y Róger Carrillo (Conservador).

María Victoria Vargas y Germán García, del Partido Liberal, y Jorge Lozada, de Cambio Radical y quien busca la Presidencia del Concejo, fueron financiados, entre otros, por personas o empresas que han sido contratistas del Distrito y la Nación.

Aunque cualquier contribuyente puede hacer su aporte con algún interés que trascienda las buenas intenciones, el caso de las constructoras y el de los excontratistas debe generar alertas, afirma la directora de Transparencia por Colombia. “La financiación privada está permitida y regulada en Colombia”, aclara, “pero suele usarse para buscar beneficios, así que hay que hacer seguimientos posteriores para ver si quienes aportan resultan favorecidos de alguna manera. De nuevo, la precariedad del CNE para regular hace que por ahí se filtren muchos problemas de corrupción”.

El aporte de los partidos

Las colectividades que avalaron a los nuevos concejales les aportaron, en conjunto, $787 millones, que corresponden al 13% de los ingresos que reportaron entre todos. Es una cantidad mínima y no todos se vieron favorecidos: solo 28 de los 45 recibieron aportes de los partidos.

El movimiento que más invirtió en sus candidatos fue el MIRA, que sacó dos concejales: Gloria Stella Díaz y Jairo Cardozo. A la primera le dio $128 millones, poco más de la mitad de sus ingresos; al segundo, $106 millones, prácticamente todo lo que a él le costó la campaña.

Al movimiento cristiano, le siguen Cambio Radical ($146 millones), Alianza Verde ($110 millones) y el Partido Liberal ($100 millones). En el otro extremo están los partidos que lo único que le dieron a sus candidatos fue el aval. El Polo Democrático, Libres, el movimiento Progresistas, Opción Ciudadana y ASI no les dieron ni un peso a sus concejales.

Una mención especial merece el Centro Democrático. Su estrategia fue reunir fondos, hacer una bolsa común, en la que el aporte de todos los candidatos se sumó a las donaciones particulares (entre las que se destacan constructores y la Misión Carismática Internacional) y luego, en apariencia, la distribuyeron de forma equitativa entre todos los aspirantes.

Sorpresas

Al analizar en detalle algunos nombres, hubo casos llamativos. Por ejemplo, la donación que recibió Édward Arias (Alianza Verde) de John Frank Esmeral, quien según reportes de prensa es el dueño de un dispensario de marihuana medicinal en Denver (EE.UU.) y quien en 2014 fue relacionado en una investigación judicial en Estados Unidos. A este caso se suma la donación que recibió el concejal Nelson Castro (Polo) de Sergio Ignacio Llimás, quien enfrentó un proceso penal por irregularidades en el Acueducto de Bogotá, cuando fue funcionario de la entidad. Es importante destacar que el concejal Castro hasta el año pasado fue líder sindical en la entidad de servicios públicos.

Finalmente hay casos de contribuyentes que en el pasado ocuparon altos cargos públicos. Por ejemplo, al concejal Jorge Torres lo financió el exsenador John Sudarsky; a Gloria Stella Díaz (Mira), el excongresista de su partido Álvaro Orlando Cornejo, y el de María Victoria Vargas, quien recibió $20 millones del exdirector de la Policía, el general Luis Ernesto Gilibert Vargas.

Hoy comienzan cuatro años de sesiones de un nuevo Concejo del que, a pesar de los intereses de sus financiadores, la ciudadanía espera transparencia.

La plata para financiar las campañas de los 45 concejales que hoy comienzan a sesionar salió, en su mayoría, de sus propios bolsillos y de aportes familiares. Otro tanto llegó de particulares que les donaron o les prestaron dinero, y un poco más lo pusieron los partidos que los avalaron y los bancos por medio de créditos. Esa es la primera conclusión que se saca al echarle una mirada a los reportes que, por ley, debieron hacer desde finales del año pasado.

En detalle, los ingresos de todos los que resultaron electos sumaron $6.053 millones. Los aportes de personales y de sus parientes sumaron $3.124 millones (51%). Las donaciones y otras contribuciones alcanzaron los $1.830 millones (30%). Estas dos fueron las principales fuentes de financiación, de acuerdo con la información consignada en el portal Cuentas Claras (www.cnecuentasclaras.com), que está a cargo del Consejo Nacional Electoral (CNE) y puede consultar cualquier ciudadano.

El tope de ingresos para las campañas al Concejo de Bogotá fue, para 2015, de $17.566 millones por lista que presentara cada partido. Así, en caso de que una lista tuviese el máximo de 45 candidatos, cada uno hubiera podido gastar, por mucho, $390 millones.

Ningún concejal, en el papel, alcanzó esa cifra. Los 44 que reportaron ingresos oscilaron entre $14,8 millones y $360 millones. El único que dejó constancia de una campaña sin dinero fue Juan Carlos Flórez, de la Alianza Social Independiente. “Austeridad total. Gasto cero. Imaginación al 100%”, fue su consigna en la campaña.

Entre certidumbres y dudas

La información de Cuentas Claras es la oficial, la que quedará para la historia. Es un indicador de la plata que se movió en la campaña, permite identificar quiénes respaldaron económicamente cada candidatura y, con un indagación más profunda, conocer los intereses que rondan a los concejales. Eso sí, todo se debe tomar con beneficio de inventario.

Lo advierte Elisabeth Ungar, directora de Transparencia por Colombia, organización que diseñó esa herramienta digital para ingresar los reportes. Al consultarle sobre el predominio de financiación propia y familiar, responde: “Esa tendencia, que no es exclusiva de Bogotá, es muy preocupante porque a esos recursos es difícil hacerles seguimiento. Puede ocurrir que un particular que no quiere que su nombre se conozca, le pase la plata a un familiar del concejal y sea este último el que aparezca como contribuyente. Además, el CNE no tiene la capacidad de verificar si la declaración de renta de los concejales y de sus familiares coincide con lo que dicen que aportaron”.

La incertidumbre sobre el verdadero origen de esos recursos impide hacer afirmaciones categóricas, positivas o negativas, sobre los concejales que escogieron ese tipo de financiación. Hay que tener en cuenta, no obstante, que de 42 concejales, que reportaron financiación propia y familiar, se destacan 19 por el monto que reportaron. Según la base de datos, estuvieron entre $80 millones y $290 millones.

Constructores y excontratistas

Los constructores con intereses en Bogotá no solo se metieron de lleno en la campaña a la Alcaldía, financiando a Rafael Pardo y Enrique Peñalosa. También hicieron su aporte a una decena de los nuevos concejales, que tienen entre sus grandes retos la obligación de aprobar un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, que regirá los usos del suelo en la ciudad durante los próximos 12 años. Si a esto se suman los planes expansionistas anunciados por la nueva administración, sus aportes cobran particular importancia.

Hay, de hecho, relación entre constructores que financiaron a Peñalosa y algunos concejales. Por ejemplo, la empresa editorial Dónde Adquirir Vivienda (cuyos dueños son constructoras como Amarilo, Constructora Bolívar, Convivienda y Cusezar), le dio dinero tanto al mandatario como al liberal Horacio José Serpa y a la lista del Centro Democrático, que sacó seis concejales. Amarilo, a su vez, contribuyó con la campaña de Roberto Hinestrosa, concejal de Cambio Radical cuya aspiración a la Presidencia del Concejo ha contado con amplio respaldo dentro de su partido. Los otros que recibieron aportes de firmas del sector inmobiliario fueron Jorge Torres (Alianza Verde) y Róger Carrillo (Conservador).

María Victoria Vargas y Germán García, del Partido Liberal, y Jorge Lozada, de Cambio Radical y quien busca la Presidencia del Concejo, fueron financiados, entre otros, por personas o empresas que han sido contratistas del Distrito y la Nación.

Aunque cualquier contribuyente puede hacer su aporte con algún interés que trascienda las buenas intenciones, el caso de las constructoras y el de los excontratistas debe generar alertas, afirma la directora de Transparencia por Colombia. “La financiación privada está permitida y regulada en Colombia”, aclara, “pero suele usarse para buscar beneficios, así que hay que hacer seguimientos posteriores para ver si quienes aportan resultan favorecidos de alguna manera. De nuevo, la precariedad del CNE para regular hace que por ahí se filtren muchos problemas de corrupción”.

El aporte de los partidos

Las colectividades que avalaron a los nuevos concejales les aportaron, en conjunto, $787 millones, que corresponden al 13% de los ingresos que reportaron entre todos. Es una cantidad mínima y no todos se vieron favorecidos: solo 28 de los 45 recibieron aportes de los partidos.

El movimiento que más invirtió en sus candidatos fue el MIRA, que sacó dos concejales: Gloria Stella Díaz y Jairo Cardozo. A la primera le dio $128 millones, poco más de la mitad de sus ingresos; al segundo, $106 millones, prácticamente todo lo que a él le costó la campaña.

Al movimiento cristiano, le siguen Cambio Radical ($146 millones), Alianza Verde ($110 millones) y el Partido Liberal ($100 millones). En el otro extremo están los partidos que lo único que le dieron a sus candidatos fue el aval. El Polo Democrático, Libres, el movimiento Progresistas, Opción Ciudadana y ASI no les dieron ni un peso a sus concejales.

Una mención especial merece el Centro Democrático. Su estrategia fue reunir fondos, hacer una bolsa común, en la que el aporte de todos los candidatos se sumó a las donaciones particulares (entre las que se destacan constructores y la Misión Carismática Internacional) y luego, en apariencia, la distribuyeron de forma equitativa entre todos los aspirantes.

Sorpresas

Al analizar en detalle algunos nombres, hubo casos llamativos. Por ejemplo, la donación que recibió Édward Arias (Alianza Verde) de John Frank Esmeral, quien según reportes de prensa es el dueño de un dispensario de marihuana medicinal en Denver (EE.UU.) y quien en 2014 fue relacionado en una investigación judicial en Estados Unidos. A este caso se suma la donación que recibió el concejal Nelson Castro (Polo) de Sergio Ignacio Llimás, quien enfrentó un proceso penal por irregularidades en el Acueducto de Bogotá, cuando fue funcionario de la entidad. Es importante destacar que el concejal Castro hasta el año pasado fue líder sindical en la entidad de servicios públicos.

Finalmente hay casos de contribuyentes que en el pasado ocuparon altos cargos públicos. Por ejemplo, al concejal Jorge Torres lo financió el exsenador John Sudarsky; a Gloria Stella Díaz (Mira), el excongresista de su partido Álvaro Orlando Cornejo, y el de María Victoria Vargas, quien recibió $20 millones del exdirector de la Policía, el general Luis Ernesto Gilibert Vargas.

Hoy comienzan cuatro años de sesiones de un nuevo Concejo del que, a pesar de los intereses de sus financiadores, la ciudadanía espera transparencia.