El dinero que le falta a la Nacional
Directivas de la universidad creen que en los próximos cinco años será resuelta una crisis de infraestructura que tiene en riesgo a, prácticamente, uno de cada cinco edificios de la Ciudad Blanca.
Redacción Bogotá
Que la Universidad Nacional de Bogotá le tiene que pagar impuestos al Distrito, que hay cinco años de retraso en el mantenimiento de la infraestructura de esta sede y que de los 152 edificios del campus 26 están en vulnerabilidad. Estas son algunas de las verdades que volvieron a salir a flote esta semana en la comunidad universitaria. Las directivas del campus dicen que todo irá bien, mientras los estudiantes y los profesores temen que las soluciones adoptadas sean ‘paños de agua tibia’. El próximo jueves habrá una audiencia pública para evaluar la situación y buscar consensos entre la comunidad académica y el Gobierno.
El pasado jueves, el Consejo de Estado le advirtió a la Universidad Nacional que tendrá que pagar impuestos por todos los predios del campus que no hayan sido declarados monumentos nacionales pese a que el Ministerio de Educación pretendía que la universidad pública más importante del país estuviera exenta de tributación. La suma a pagar será cerca de $10.000 millones que, según explicó la rectoría del alma máter, son gastos normales de funcionamiento y no afectarán las inversiones que están planeadas para resolver la crisis de infraestructura.
El edificio de Artes y Arquitectura está cerrado hace dos años y tendrá que ser construido de nuevo, y el ala norte de la torre de Enfermería también está al borde de la ruina. Lo mismo ocurre en sectores de las instalaciones de Cine y Televisión y del edificio de Derecho y Ciencia Política, donde, el pasado mes de octubre, se cayó el techo dejando inhabilitado el segundo piso de la edificación. De cada cinco edificios, uno está en riesgo. Incluso, de los 17 edificios del campus que son Monumentos Nacionales, dos están en riesgo. “La verdad es que si quisiéramos poner la universidad al día (en infraestructura) habría que cerrarla por lo menos 5 años”, declaró a la prensa Ignacio Mantilla, rector de la Nacional.
El 20 de diciembre del año pasado el presidente Juan Manuel Santos sancionó la ley que, según cálculos del Ministerio de Educación, permitiría el recaudo de $2 billones para inversión en infraestructura universitaria durante los próximos cinco años y $5 billones en las próximas dos décadas mediante la venta de estampillas. De ese presupuesto, el 70% irá para la Universidad Nacional durante el primer quinquenio, es decir, cerca de $1,4 billones.
El vicerrector para la sede Bogotá, Diego Hernández, sostiene que ya tiene asignado un presupuesto de $75 mil millones para mejoras en los edificios de Enfermería, Ingeniería, el Hospital Universitario, el Archivo, la Facultad de Ciencias y la adecuación del espacio urbano. Sin embargo, advierte que para la recuperación de la infraestructura de la sede Bogotá es necesario un monto de $1,2 billones, que “están asegurados con los recursos provenientes de la estampilla”.
Para sectores del Consejo Superior Universitario, esos son cálculos inexactos. “No es seguro que esos recursos estén asegurados. Así como el Gobierno dice que va a recolectar $5 billones, hay estudios que afirman que la recaudación será máximo de $125 mil millones. Además, no es cierto que lo recaudado vaya exclusivamente al mejoramiento de infraestructura, también está destinado a la construcción”, dice Inti Mesías, representante de los estudiantes ante el Consejo.
La representante a la Cámara Ángela Robledo dice que la solución no está en la estampilla. Por el contrario, dice que deberían provenir de recursos ciertos, pues “no se puede jugar con el futuro de 30.000 estudiantes. Mientras que en el año 2000 los recursos de la universidad provenían en un 73% de la Nación, hoy le toca a ésta conseguir el 47%, vía consultoría o vendiendo servicios ajenos a sus objetivos. Desde 2002 hasta 2010 los aportes de la Nación por estudiante han disminuido en un 30%”.
El Gobierno y las directivas de la Universidad Nacional siguen convencidas de que el dinero para solucionar la crisis de infraestructura llegará y que pronto acabará el hacinamiento de estudiantes y el modelo de aulas itinerantes. El próximo jueves cerca de 500 maestros, estudiantes y personas afectas a la universidad celebrarán una audiencia pública para firmar un compromiso que pretenden sea firmado por el Consejo Superior y el Gobierno. Será difícil, pues no es seguro que los ministerios de Educación y Hacienda asistan y tampoco que el Consejo adopte las peticiones de alumnos y maestros.}
Campus, ¿fuera del proyecto de renovación del CAN?
El proyecto de renovación urbana del Centro Administrativo Nacional se extiende desde la carrera 50 hasta la 60, entre las calles 26 y 44, y contempla la construcción de 120 edificios para 70 entidades y la creación de 11.000 viviendas. El costo, según la Empresa Nacional de Renovación Urbana del gobierno nacional, asciende a $12 billones.
Inicialmente, el proyecto contemplaba la inclusión de dos predios de la Universidad Nacional correspondientes al Hospital Santa Rosa y el edificio Uriel Gutiérrez. No obstante, un parágrafo en el artículo 520 del Plan de Ordenamiento Territorial declara que “la Universidad Nacional de Colombia definirá si el o los predios bajo su administración que se localizan por fuera del bien de interés cultural de la Ciudadela Universitaria, harán parte del proyecto Ciudad CAN”. La rectoría de la Nacional pidió ser excluida del proyecto.
Según el vicerrector, Diego Hernández, la decisión de la rectoría es incontrovertible. Pero, según los estudiantes y la representante Robledo, el consejo superior puede cambiar ese concepto en cualquier momento.
En 2013, Renovación le había propuesto a la Nacional hacer mejoras en infraestructura a cambio de los terrenos.
Que la Universidad Nacional de Bogotá le tiene que pagar impuestos al Distrito, que hay cinco años de retraso en el mantenimiento de la infraestructura de esta sede y que de los 152 edificios del campus 26 están en vulnerabilidad. Estas son algunas de las verdades que volvieron a salir a flote esta semana en la comunidad universitaria. Las directivas del campus dicen que todo irá bien, mientras los estudiantes y los profesores temen que las soluciones adoptadas sean ‘paños de agua tibia’. El próximo jueves habrá una audiencia pública para evaluar la situación y buscar consensos entre la comunidad académica y el Gobierno.
El pasado jueves, el Consejo de Estado le advirtió a la Universidad Nacional que tendrá que pagar impuestos por todos los predios del campus que no hayan sido declarados monumentos nacionales pese a que el Ministerio de Educación pretendía que la universidad pública más importante del país estuviera exenta de tributación. La suma a pagar será cerca de $10.000 millones que, según explicó la rectoría del alma máter, son gastos normales de funcionamiento y no afectarán las inversiones que están planeadas para resolver la crisis de infraestructura.
El edificio de Artes y Arquitectura está cerrado hace dos años y tendrá que ser construido de nuevo, y el ala norte de la torre de Enfermería también está al borde de la ruina. Lo mismo ocurre en sectores de las instalaciones de Cine y Televisión y del edificio de Derecho y Ciencia Política, donde, el pasado mes de octubre, se cayó el techo dejando inhabilitado el segundo piso de la edificación. De cada cinco edificios, uno está en riesgo. Incluso, de los 17 edificios del campus que son Monumentos Nacionales, dos están en riesgo. “La verdad es que si quisiéramos poner la universidad al día (en infraestructura) habría que cerrarla por lo menos 5 años”, declaró a la prensa Ignacio Mantilla, rector de la Nacional.
El 20 de diciembre del año pasado el presidente Juan Manuel Santos sancionó la ley que, según cálculos del Ministerio de Educación, permitiría el recaudo de $2 billones para inversión en infraestructura universitaria durante los próximos cinco años y $5 billones en las próximas dos décadas mediante la venta de estampillas. De ese presupuesto, el 70% irá para la Universidad Nacional durante el primer quinquenio, es decir, cerca de $1,4 billones.
El vicerrector para la sede Bogotá, Diego Hernández, sostiene que ya tiene asignado un presupuesto de $75 mil millones para mejoras en los edificios de Enfermería, Ingeniería, el Hospital Universitario, el Archivo, la Facultad de Ciencias y la adecuación del espacio urbano. Sin embargo, advierte que para la recuperación de la infraestructura de la sede Bogotá es necesario un monto de $1,2 billones, que “están asegurados con los recursos provenientes de la estampilla”.
Para sectores del Consejo Superior Universitario, esos son cálculos inexactos. “No es seguro que esos recursos estén asegurados. Así como el Gobierno dice que va a recolectar $5 billones, hay estudios que afirman que la recaudación será máximo de $125 mil millones. Además, no es cierto que lo recaudado vaya exclusivamente al mejoramiento de infraestructura, también está destinado a la construcción”, dice Inti Mesías, representante de los estudiantes ante el Consejo.
La representante a la Cámara Ángela Robledo dice que la solución no está en la estampilla. Por el contrario, dice que deberían provenir de recursos ciertos, pues “no se puede jugar con el futuro de 30.000 estudiantes. Mientras que en el año 2000 los recursos de la universidad provenían en un 73% de la Nación, hoy le toca a ésta conseguir el 47%, vía consultoría o vendiendo servicios ajenos a sus objetivos. Desde 2002 hasta 2010 los aportes de la Nación por estudiante han disminuido en un 30%”.
El Gobierno y las directivas de la Universidad Nacional siguen convencidas de que el dinero para solucionar la crisis de infraestructura llegará y que pronto acabará el hacinamiento de estudiantes y el modelo de aulas itinerantes. El próximo jueves cerca de 500 maestros, estudiantes y personas afectas a la universidad celebrarán una audiencia pública para firmar un compromiso que pretenden sea firmado por el Consejo Superior y el Gobierno. Será difícil, pues no es seguro que los ministerios de Educación y Hacienda asistan y tampoco que el Consejo adopte las peticiones de alumnos y maestros.}
Campus, ¿fuera del proyecto de renovación del CAN?
El proyecto de renovación urbana del Centro Administrativo Nacional se extiende desde la carrera 50 hasta la 60, entre las calles 26 y 44, y contempla la construcción de 120 edificios para 70 entidades y la creación de 11.000 viviendas. El costo, según la Empresa Nacional de Renovación Urbana del gobierno nacional, asciende a $12 billones.
Inicialmente, el proyecto contemplaba la inclusión de dos predios de la Universidad Nacional correspondientes al Hospital Santa Rosa y el edificio Uriel Gutiérrez. No obstante, un parágrafo en el artículo 520 del Plan de Ordenamiento Territorial declara que “la Universidad Nacional de Colombia definirá si el o los predios bajo su administración que se localizan por fuera del bien de interés cultural de la Ciudadela Universitaria, harán parte del proyecto Ciudad CAN”. La rectoría de la Nacional pidió ser excluida del proyecto.
Según el vicerrector, Diego Hernández, la decisión de la rectoría es incontrovertible. Pero, según los estudiantes y la representante Robledo, el consejo superior puede cambiar ese concepto en cualquier momento.
En 2013, Renovación le había propuesto a la Nacional hacer mejoras en infraestructura a cambio de los terrenos.