Desde el espejo de agua que rodea los embalses del parque natural Chingaza, el presidente Gustavo Petro emitió una nueva alocución presidencial para hablar sobre el cambio climático y la crisis de abastecimiento hídrico que padece Bogotá.
Gánale la carrera a la desinformación NO TE QUEDES CON LAS GANAS DE LEER ESTE ARTÍCULO
¿Ya tienes una cuenta? Inicia sesión para continuar
Más información sobre Bogotá: 2025 será un año de inflexión para el futuro hídrico de la capital.
Además de despacharse contra los congresistas que hundieron la reforma tributaria que presentó su gobierno, la semana pasada, hizo hincapié en los factores que, según él, influyen en la situación actual de la ciudad, respecto al manejo del agua. Si bien, Petro no hizo menciones directas al alcalde o a los frentes en disputa que lo distancian de Carlos Fernando Galán, una buena fracción de su discurso puede ser aterrizado a la coyuntura distrital.
En primer lugar, Gustavo Petro se mostró contrario a la medida de racionamiento que actualmente rige la ciudad. “Hoy tenemos un problema gravísimo cuya solución no es racionar el agua, es aumentar el agua”, aseveró el primer mandatario desde el embalse de Chuza, del cual actualmente surte cerca del 50 % del agua que consume la ciudad.
Y para garantizar ese “aumento de agua”, el presidente tiene claro que el camino es preservar las fuentes hídricas existentes, mediante la gestión en dos frentes: frenar la expansión urbana de Bogotá y la sabana, y la protección del río Bogotá. “Se necesita una política hacia la selva amazónica y otra dirigida a detener el crecimiento urbanístico y mejorar las condiciones del río Bogotá”, apostilló el mandatario.
No es la primera vez que el crecimiento urbano de Bogotá y los municipios aledaños se menciona en el debate sobre el agua en Bogotá. El dilema de una región metropolitana que crece y genera nuevos hogares, mientras es cada vez más complicado garantizar el abastecimiento hídrico, ha generado opiniones de toda índole, desde las académicas, hasta las gubernamentales.
De hecho, a principios este año, el director de la CAR, Alfred Ballesteros, anunció control al ordenamiento territorial y a la expansión inmobiliaria en el territorio. Incluso, la semana pasada, el propio Ballesteros le confirmó a El Espectador que, en 2024, la CAR no concertó ningún ajuste a los esquemas de ordenamiento territorial, solicitado por algunos municipios de la región. Lo anterior, dice él, por falencias en materia ambiental y de aprovisionamiento de agua para nuevos planes parciales de desarrollo (extensión) en suelo cundinamarqués.
Para el caso de Bogotá, las palabras de Petro, al menos desde un punto de vista preliminar, apuntan directamente al proyecto de expansión más ambicioso de la ciudad: Lagos de Torca. La iniciativa urbanística, así como las obras de movilidad que lo conforman, han sido un foco de disputas entre la Nación y las últimas dos alcaldías de Bogotá.
Específicamente, la sustracción de 20 hectáreas de la reserva Thomas Van der Hammen, para realizar la ampliación de la avenida Boyacá, ha sido el punto más neurálgico de la ficción gubernamental. En este sentido, la movida más reciente consistió en una acción administrativa que interpuso el Ministerio de Ambiente ante el Consejo de Estado, para declarar incompetente a la CAR en la emisión de la licencia ambiental requerida para el proyecto.
El fallo del alto tribunal logró, en efecto, que la CAR no pudiera ratificar la licencia que previamente había aprobado a finales de 2023, aunque no obtuvo la medida cautelar para detener las obras en la zona. De igual forma, otra acción legal adelantada por la exconcejal y antigua candidata del gobierno a presidir la CAR, María Fernanda Rojas, logró el congelamiento parcial de media docena de planes parciales que componen Lagos de Torca, también por afectaciones ambientales: la conectividad del humedal Torca con el río Bogotá, los cerros orientales, y la reserva Van der Hammen.
Dicho todo lo anterior, pareciera claro que la alusión de Petro al crecimiento urbanístico apunta a Lagos de Torca y su disposición de frenarlo, con las herramientas a su disposición, en los dos años restantes de su Gobierno.
Parques naturales y río Bogotá
Otro aspecto clave del discurso de Petro, en lo que respecta a la situación hídrica de la ciudad, apuntó a la conservación del río Bogotá y parques Naturales, como el de Chingaza. En este orden de ideas, el mandatario señaló como el enemigo a vencer, para la conservación del río, a la minería ilegal en las inmediaciones de su afluente.
Empero, más allá de la minería, la priorización del río Bogotá por parte del Gobierno Nacional resulta clave para el avance de proyectos de restauración y descontaminación, en los cuales la cooperación entre el Distrito y la Nación parece clave. En primer lugar, se encuentra la PTAR Canoas, un proyecto ambicioso para descontaminar las aguas residuales que se vierten al río Bogotá. Dicha iniciativa requiere de un aval del Gobierno Nacional, para destrabar algunos trámites administrativos necesarios.
La obra, que lleva 20 años en veremos, tiene casi todo listo: estudios, diseños e, incluso, proponentes a la espera de la adjudicación del contrato. Sin embargo, el megaproyecto está frenado por un papel: un documento de ministerio de Hacienda, conocido como contragarantía, el cual necesita el Distrito para que pueda gestionar los créditos necesarios para contratar la obra.
Y aunque detrás de la “traba”, parecieran existir intereses políticos, que van a contracorriente de las necesidades ambientales de la capital, la conmemoración del Día del Rio Bogotá (12 de mayo) fue la oportunidad perfecta para recordarles la urgencia que tiene la ciudad por recuperar su afluente más importante que, lamentablemente, pasó de ser símbolo de riqueza en el pasado a ser sinónimo de destrucción y muerte en el presente.
La participación financiera del Estado en el proyecto se reduce a la firma de la contragarantía, pero el documento es clave, pues le permite al Distrito acceder a los créditos que gestionó con la banca multilateral para financiar el proyecto, avaluado en casi $6 billones, que se reunirán de la siguiente manera: la CAR aporta el 65 %; el Acueducto, el 20 %; el Distrito, el 14 %, y Cundinamarca, el 1 %.
Sin embargo, la documentación requerida para esta contragarantía, todavía no ha sido aprobada por el Ministerio de Hacienda. Desde 2022, la EAAB ha enviado al menos cinco propuestas al ministerio de Hacienda, para negociar las contragarantías, en los que ha recibido un portazo al rechazar la petición y argumentar que el Distrito no da plenas garantías para recibir el crédito de la banca. La última solicitud la hizo la EAAB el 22 de abril de este año. En ese orden de ideas, con la mención del presidente al río Bogotá, se espera que el proyecto de la PTAR Canoas logre destrabarse y materializarse.
Finalmente, el Gobierno dijo que es menester aumentar el presupuesto de conservación en los parques naturales, como el de Chingaza. Este parque, que además de albergar especies en peligro de extinción como el oso andino, es el hogar del sistema Chingaza, compuesto por los dos embalses (Chuza y San Rafael) que abastecen a Bogotá del preciado líquido.
Sobre este aspecto, una conciliación entre el Gobierno Petro y la alcaldía de Galán parece mucho más fácil de concretar. En primer lugar, porque la Alcaldía, a través de la Secretaría de Ambiente y en cooperación con la CAR, ya formuló proyectos de conservación y restauración de ecosistemas críticos tanto en Chingaza, como la cuenca alta del río Bogotá, con el fin de combatir los efectos adversos del cambio climático.
Además, tanto Petro como Galán, se muestran contrarios a la idea de llevar a cabo el proyecto de ampliación del embalse de Chuza, en jurisdicción del parque, en tanto los efectos adversos que podrá tener a nivel ambiental, y de abastecimiento hídrico para otras comunidades ajenas a la capital.
Dicho todo lo anterior, una vez concluida la lectura entre líneas del discurso de Petro, ahora resulta imperioso, de cara a 2025, mejorar los canales de comunicación entre la Nación y el Distrito. Solo a través de los esfuerzos conjuntos, y la eliminación de fricciones políticas e ideológicas, podrá ser posible aquello de aumentar el agua y alejar, al menos mientras el clima lo permita, los fantasmas del racionamiento en Bogotá.
Le puede interesar: El futuro de la concesión de agua de Coca-Cola: CAR decidirá en audiencia pública.
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.
Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
