El Distrito está “90% seguro” de que podrá revocar el contrato con CGR Doña Juana
En la filtración del audio de una reunión entre funcionarios de la UAESP y un representante de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, se conocieron detalles del plan del Distrito para poner fin al contrato con el operador del relleno sanitario.
El Distrito enfila baterías en un objetivo claro: revocar el contrato del CGR Doña Juana, por sus presuntos incumplimientos. Al menos, así quedó claro tras hacerse pública la grabación de una reunión entre funcionarios de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) y un representante de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), en los que definían detalles del contrato para realizar un peritaje en el relleno, que ayudara a definir los perjuicios por las posibles faltas contractuales del actual operador del relleno sanitario.
La filtración, revelada por el concejal Yefer Vega (Cambio Radical), se mencionan los dos caminos legales que está recorriendo la administración para demostrar los problemas en la operación. Por un lado está un proceso administrativo sancionatorio por incumplimiento de contrato y por el otro, un nuevo proceso en un tribunal de arbitramento, que convocó inicialmente el propio operador del relleno, a través del cual busca que se declare la responsabilidad contractual de la Uaesp, por no haber supervisado en correcta forma la ejecución financiera del contrato, “en el sentido de que aduce que desde que inicia la ejecución no tenía una remuneración suficiente para cubrir la magnitud de la operación”.
Los procesos que impulsa la administración buscan demostrar presuntas faltas del operador, en procura de la terminación unilateral del contrato, entre ellas incumplimiento con las maquinarias, temas de ingeniería e infraestructura y la automatización del relleno. Además, en otros dos grandes frentes: la disposición final de basuras, como problemas en la operación y demoras en la entrega de las terrazas de disposición que se comprometieron a entregar después del deslizamiento de abril, y el manejo de los lixiviados (líquidos que se generan de las basuras), como nuevos brotes que se han presentado, líquidos acumulados en la celda de emergencia y el incumplimiento de parámetros ambientales en su tratamiento.
Según lo dicho por el apoderado del Distrito al de la Sociedad de Ingenieros, “el peritaje no se limitaría solo al tribunal arbitral, que será el 80% del contrato, sino a brindar un concepto en el marco del proceso administrativo sancionatorio”. En medio de la conversación, el subdirector de asuntos legales de la Uaesp asegura que hay un 90% de posibilidades de que por los incumplimientos se dé por terminado el contrato con CGR.
La afirmación llevó al representante de la Sociedad Colombiana de Ingenieros a preguntar qué se haría frente a una posible crisis en el manejo de las basuras, a lo que el funcionario del distrito respondió que todo lo tenían en la cabeza y que, incluso, existe un plan de contingencia definido en el Plan de Desarrollo.
Se trata del artículo 128, sobre el modelos de administración para la prestación y operación de Doña Juana, en la que se especifica que, “la Uaesp formulará, diseñará y adoptará el Modelo de Administración del RSDJ, mediante el que podrá dirigir, coordinar, contratar la prestación del servicio a través de terceros o prestarlo directamente, en los casos expresamente señalados en el artículo 6 de la ley 142 de 1994 (Prestación directa de servicios por parte de los municipios)”.
Los enfrentamientos entre el operador y la actual administración se han dado desde el comienzo. Primero, por la forma en que se atendió el deslizamiento del pasado 28 de abril y luego por la disposición final de los residuos mixtos (basura y escombros), que anteriormente venía haciendo CGR y pero la Uaesp lo asumió bajo el argumento de que la entidad era libre de contratarlo con un tercero. Por estas circunstancias, el operador pidió a la Contraloría y la Procuraduría investigar a la directora de la entidad, Amanda Camacho.
Sumado a esto, en noviembre del año pasado CGR inició un nuevo tribunal de arbitramento contra la UAESP, en el que pide que le reconozcan recursos que le dejaron de pagar y que afectaron la operación, esto basado en la decisión de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), que hace más de un año le autorizó al operador recibir los recursos que se cobra en la factura de aseo para el tratamiento de lixiviados.
El enfrentamiento no parará ahí, pues CGR está tras la ampliación de la vida útil de Doña Juana, mientras que la actual administración incluyó en su Plan de desarrollo “la disminución en el entierro de residuos y la migración de Doña Juana hacia otras alternativas tecnológicas para el tratamiento y disposición final de residuos ordinarios en este predio, que permitan la transformación en energía renovable y/o compostaje”.
Por lo pronto, el viernes el operador del relleno tendrá que presentar los descargos por los incumplimientos que señala el Distrito, mientras que a la par avanza el tribunal de arbitramento. La controversia continúa y de su solución dependerá el futuro del relleno o por lo menos de la forma como se tratarán las basuras de la ciudad.
El Distrito enfila baterías en un objetivo claro: revocar el contrato del CGR Doña Juana, por sus presuntos incumplimientos. Al menos, así quedó claro tras hacerse pública la grabación de una reunión entre funcionarios de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) y un representante de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), en los que definían detalles del contrato para realizar un peritaje en el relleno, que ayudara a definir los perjuicios por las posibles faltas contractuales del actual operador del relleno sanitario.
La filtración, revelada por el concejal Yefer Vega (Cambio Radical), se mencionan los dos caminos legales que está recorriendo la administración para demostrar los problemas en la operación. Por un lado está un proceso administrativo sancionatorio por incumplimiento de contrato y por el otro, un nuevo proceso en un tribunal de arbitramento, que convocó inicialmente el propio operador del relleno, a través del cual busca que se declare la responsabilidad contractual de la Uaesp, por no haber supervisado en correcta forma la ejecución financiera del contrato, “en el sentido de que aduce que desde que inicia la ejecución no tenía una remuneración suficiente para cubrir la magnitud de la operación”.
Los procesos que impulsa la administración buscan demostrar presuntas faltas del operador, en procura de la terminación unilateral del contrato, entre ellas incumplimiento con las maquinarias, temas de ingeniería e infraestructura y la automatización del relleno. Además, en otros dos grandes frentes: la disposición final de basuras, como problemas en la operación y demoras en la entrega de las terrazas de disposición que se comprometieron a entregar después del deslizamiento de abril, y el manejo de los lixiviados (líquidos que se generan de las basuras), como nuevos brotes que se han presentado, líquidos acumulados en la celda de emergencia y el incumplimiento de parámetros ambientales en su tratamiento.
Según lo dicho por el apoderado del Distrito al de la Sociedad de Ingenieros, “el peritaje no se limitaría solo al tribunal arbitral, que será el 80% del contrato, sino a brindar un concepto en el marco del proceso administrativo sancionatorio”. En medio de la conversación, el subdirector de asuntos legales de la Uaesp asegura que hay un 90% de posibilidades de que por los incumplimientos se dé por terminado el contrato con CGR.
La afirmación llevó al representante de la Sociedad Colombiana de Ingenieros a preguntar qué se haría frente a una posible crisis en el manejo de las basuras, a lo que el funcionario del distrito respondió que todo lo tenían en la cabeza y que, incluso, existe un plan de contingencia definido en el Plan de Desarrollo.
Se trata del artículo 128, sobre el modelos de administración para la prestación y operación de Doña Juana, en la que se especifica que, “la Uaesp formulará, diseñará y adoptará el Modelo de Administración del RSDJ, mediante el que podrá dirigir, coordinar, contratar la prestación del servicio a través de terceros o prestarlo directamente, en los casos expresamente señalados en el artículo 6 de la ley 142 de 1994 (Prestación directa de servicios por parte de los municipios)”.
Los enfrentamientos entre el operador y la actual administración se han dado desde el comienzo. Primero, por la forma en que se atendió el deslizamiento del pasado 28 de abril y luego por la disposición final de los residuos mixtos (basura y escombros), que anteriormente venía haciendo CGR y pero la Uaesp lo asumió bajo el argumento de que la entidad era libre de contratarlo con un tercero. Por estas circunstancias, el operador pidió a la Contraloría y la Procuraduría investigar a la directora de la entidad, Amanda Camacho.
Sumado a esto, en noviembre del año pasado CGR inició un nuevo tribunal de arbitramento contra la UAESP, en el que pide que le reconozcan recursos que le dejaron de pagar y que afectaron la operación, esto basado en la decisión de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), que hace más de un año le autorizó al operador recibir los recursos que se cobra en la factura de aseo para el tratamiento de lixiviados.
El enfrentamiento no parará ahí, pues CGR está tras la ampliación de la vida útil de Doña Juana, mientras que la actual administración incluyó en su Plan de desarrollo “la disminución en el entierro de residuos y la migración de Doña Juana hacia otras alternativas tecnológicas para el tratamiento y disposición final de residuos ordinarios en este predio, que permitan la transformación en energía renovable y/o compostaje”.
Por lo pronto, el viernes el operador del relleno tendrá que presentar los descargos por los incumplimientos que señala el Distrito, mientras que a la par avanza el tribunal de arbitramento. La controversia continúa y de su solución dependerá el futuro del relleno o por lo menos de la forma como se tratarán las basuras de la ciudad.