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La figura de la extinción de dominio se ha convertido en una de las herramientas más efectivas de las autoridades para afectar las finanzas y el patrimonio de organizaciones delincuenciales. Con su aplicación –que le permite al Estado hacerse a bienes utilizados con fines delictivos o adquiridos con dineros ilícitos– se han propinado duros golpes a negocios de bandas dedicadas al hurto de celulares, a la venta de autopartes robadas y al microtráfico. Pero, para Idelfonso Gutiérrez se trata de un instrumento desmedido, que lo tiene al borde de perder su vivienda, en el sur de Bogotá.
Su drama se remonta al pasado 5 de abril, cuando Policía y Fiscalía adelantaron un allanamiento en uno de los tres locales de su casa, ubicada en el barrio El Restrepo, donde funciona un establecimiento dedicado a la compra y venta de autopartes. En desarrollo de la diligencia, hallaron varias piezas de carros sin la documentación que acreditara su legalidad y procedencia, por lo que abrieron un proceso por los delitos de falsedad marcaria, receptación y comercialización irregular de autopartes.
La sospecha de que en ese local se vendían y ocultaban autopartes robadas escaló hasta un proceso de extinción de dominio, no al establecimiento, sino a toda la vivienda, que fue cobijada con medidas cautelares de embargo. Para Gutiérrez, las partes que su arrendatario almacenaba son lícitas y fueron compradas como repuestos de segunda. “Las facturas existen y son de vehículos estrellados o dados de baja. No hay denuncia de los propietarios sobre hurto”, argumentó.
Sin embargo, al margen del proceso por receptación y venta irregular, Gutiérrez alerta que la medida es desproporcionada e injusta: el secuestro (aprehensión material del bien) de su casa, avaluada en 500 millones de pesos y de la que recibía arriendos por cerca de 3 millones de pesos mensuales, correspondientes a tres locales y tres apartamentos. Por cuenta del pleito, muchos de sus arrendatarios se fueron y los pocos que quedaron, asegura, no saben si pagarle a él o al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha Contra el Crimen Organizado (Frisco), administrada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Tutela
Aduciendo que sus derechos al debido proceso, a la igualdad y a una vivienda digna fueron vulnerados, Gutiérrez interpuso una tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá, con el fin de levantar las medidas cautelares contra el inmueble. No obstante, en septiembre pasado, el alto tribunal negó el recurso por improcedente, argumentando que el caso ya estaba en manos de un juzgado, por lo que instó a agotar el trámite ordinario antes de acudir a otras instancias.
Con todo, la defensa de Gutiérrez apeló ante la Corte Suprema de Justicia para que el caso sea revisado. Sergio Morales, abogado del afectado, indicó que la medida es “desproporcional e inadecuada”. Temen que el pleito judicial ordinario tarde años en resolverse, por lo que su defendido no recibiría por mucho tiempo el producto del los arriendos, ni podría vender el predio.
“Aquí están embargando toda una casa, cuando solo hay un local afectado. Es una falla garrafal. Se nos está violando el derecho a la propiedad privada. La Fiscalía está haciendo creer que todos los que residían allí eran delincuentes y convivían alrededor del delito de receptación, y eso es falso. La extinción se volvió una herramienta muy peligrosa”, sostuvo Morales.
De esta postura se aparta Orlando Ospitia, profesor de la Universidad Externado, para quien la aplicación de la figura debe hacerse de forma integral y no fraccionada. Según el académico, no se puede dejar de lado que hasta ahora el proceso está comenzando y se debe demostrar que el propietario obró de buena fe y desconocía las presuntas actuaciones ilícitas. “Es el juez quien debe decretar la medida cautelar, pero sobre la base de haber escuchado a las partes. Las medidas cautelares son hasta ahora una medida provisional”.
En esa línea, el abogado Francisco Bernate asegura que el afectado también debe probar que actuó de forma diligente y prudente para evitar que se presentaran conductas delincuenciales en su inmueble. En otras palabras, permanecer vigilante de su propiedad. No obstante, alertó que en estos casos “muchas veces se presentan excesos y comprobar la buena fe puede llegar a ser más complicado”.
Con todo, para Idelfonso Gutiérrez, su caso abre la puerta a una eventual revisión de la aplicación de esta figura o, cuando menos, la forma de proceder de la Fiscalía para evitar injusticias o violaciones al debido proceso. Mientras tanto, Gutiérrez confía en que sus argumentos encontrarán eco en la Corte Suprema de Justicia y así pueda retomar la propiedad de su bien.
Herramienta clave
En los últimos dos años, según cifras de la Fiscalía, se han incautado en Colombia 20.321 bienes con fines de extinción de dominio, los cuales están avaluados en alrededor de 10,7 billones de pesos. La mayor parte de esos bienes corresponden a procesos relacionados con narcotráfico, crimen organizado o del actuar de grupos armados ilegales. Por otro lado, hasta junio pasado, la SAE transfirió a la nación 62.750 millones de pesos adquiridos en este tipo de procesos y manejados por Frisco.
En el caso de Bogotá, esta figura se ha utilizado especialmente para atacar las finanzas de organizaciones dedicadas al hurto de celulares y comercio de partes de carros robadas. Hasta agosto pasado, de acuerdo con la Policía, se sometieron a extinción de dominio 56 bienes por diferentes delitos. Así, por ejemplo, el Distrito pudo hacerse a locales y viviendas en el extinto Bronx, que estaban al servicio de la criminalidad.
