Alfred Ballesteros asumió por segunda vez la dirección de la Corporación Autónoma de Cundinamarca (CAR) en enero pasado (ya lo había sido entre 2012 y 2015). Y en esta oportunidad, dada la coyuntura climática, debe enfrentar retos cruciales en materia de cambio climático y abastecimiento hídrico. Hablamos con él sobre su gestión, la licencia para la ampliación de la avenida Boyacá y la polémica concesión de Coca-Cola para explotar aguas subterráneas. Esto nos contó.
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¿Cuál es el balance este año?
Es muy positivo. Construimos el plan de gestión ambiental regional, con un horizonte de 12 años, en el que definimos los proyectos que se ejecutarán, no solo por la CAR, sino por todas las entidades que hacemos parte del Sistema Nacional Ambiental y las comunidades en el territorio. Además, el plan de acción cuatrienal, donde priorizamos la seguridad hídrica, la adaptación al cambio climático, el fortalecimiento de la autoridad ambiental y la cultura y la educación ambiental. Empezamos con la suscripción de convenios, contratos y el inicio de proyectos sobre estas cuatro líneas estratégicas.
¿Qué han hecho para mitigar la crisis hídrica de la región?
Nos hemos concentrado en generar alianzas público-privadas para trabajar en la seguridad hídrica, un problema evidente en este 2024. Por eso estamos obligados a trabajar en la conservación de ecosistemas estratégicos, en donde se genera el recurso hídrico. Nuestro objetivo es recuperar 800 microcuencas en alianza con las comunidades, para evitar el desabastecimiento a mediano y largo plazo. Entregamos reservorios de aguas lluvia y avanzamos en proyectos asociados a la gestión de riesgo, la recuperación de ecosistemas claves como la laguna Palacios y la laguna de La Herrera.
¿Cómo están trabajando ante la expansión urbana en la sabana?
No hemos sido responsables en el ordenamiento del territorio, que lamentablemente no ha priorizado el cuidado del agua, sino otros intereses, situación que nos ha llevado a esta crisis de desabastecimiento. Por eso, tenemos como prioridad la conservación de la biodiversidad, de la flora, y allí vienen temas importantes como el fortalecimiento de las autoridades ambientales e instrumentos como las sanciones y las licencias ambientales.
¿Cómo ha sido ese diálogo con los municipios y constructoras?
Es una responsabilidad de todos tener un ordenamiento territorial adecuado y modelos con criterios de sostenibilidad ambiental. Por eso, este año, la CAR no ha concertado ningún esquema de ordenamiento territorial. Les hemos dicho a los alcaldes que no vamos a hacerlo hasta que garanticen que tienen modelos de ocupación, en donde se garantice el recurso hídrico, el tratamiento de aguas residuales y el espacio público. Este año ningún municipio lo hizo, y por eso no concertamos un solo ajuste de ordenamiento territorial ni ningún plan parcial de expansión.
¿Cómo va la solicitud de permitir que Tibitoc aproveche dos metros cúbicos más del río Bogotá sin desabastecer otros municipios?
El alcalde Carlos Fernando Galán ha entendido la situación y ya está estructurando varios proyectos para adquirir predios y restaurarlos en la cuenca alta del río Bogotá y hacia el área de incidencia del embalse de Chuza, en el sistema Chingaza. Hemos venido trabajando en el estudio técnico de cómo hacer para garantizarle esta agua adicional y se espera que se pueda aprovechar cerca de un metro cúbico y medio adicional para el consumo humano, porque es la necesidad en este momento. Ya nosotros, como autoridad ambiental, debemos estudiar a qué sectores les podemos reducir el caudal, sin que se afecten sus labores productivas.
¿Y las gestiones para aprovechar el agua de los embalses Sisga y Tominé?
Tenemos esa alternativa para generar una mayor capacidad de almacenamiento. Recordemos que las decisiones sobre estos embalses las tomamos en el Comité Hidrológico, del cual hacen parte el Acueducto de Bogotá, la CAR, el Ideam y empresas del sector energético, porque estas empresas son las propietarias de varios de los embalses que tenemos en la cuenca. En este comité se toman las decisiones de regulación, de cuánta agua se libera y cuánta se almacena. Seguiremos haciendo estas regulaciones, solo que, a partir de ahora, la CAR les va a imponer unas cargas específicas a algunos de estos embalses, que son privados, para que deban separar X cantidad de metros cúbicos en función de las necesidades de Tibitoc y del abastecimiento de agua potable a los habitantes.
¿Qué pasará con la concesión de agua subterránea de Coca-Cola?
En los diálogos para decidir si se renueva esa concesión realizaremos una audiencia pública, porque así lo solicitaron unos terceros. Esa audiencia será a finales de diciembre o principios de enero, y luego se decidirá si se renueva dicha concesión o no. Ya tenemos unos estudios hidrológicos que se socializarán allí y la decisión se va tomará de manera objetiva, transparente y con base en los análisis técnicos.
¿Por qué la entidad no ratificó a tiempo la licencia la ampliación de la avenida Boyacá?
Estábamos haciendo las evaluaciones técnicas y jurídicas necesarias para tomar una decisión, que no es fácil. El Distrito y Lagos de Torca se gastaron cerca de tres años de estudios para tramitar esta licencia ambiental. Yo no le podía pedir a mi equipo que en cuatro o cinco meses hiciera los informes técnicos y los análisis, que tardaron años en hacerse, porque eso no es responsable.
¿Y la licencia?
Nosotros perdimos competencia para resolver cualquier recurso en este tema, según el fallo del Consejo de Estado, pero la licencia está en firme, porque hasta hoy no se ha suspendido el acto administrativo que tomó la licencia que aprobamos en la CAR. Nosotros nos hemos opuesto a la suspensión de la licencia, porque creemos que es una oportunidad que tiene la ciudad de tener las primeras 120 hectáreas dentro de la Reserva Van der Hammen.
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