El jueves 22 de mayo, en medio de un procedimiento policial, murió Angie Alejandra Rodríguez, de 27 años, víctima de un disparo. Lo que, en principio, era una requisa de rutina, cerca del CAI La Gaitana (Suba), pasó a ser un presunto caso de uso desmedido de la fuerza policial. Las autoridades dicen que un patrullero (hoy retirado de su cargo) disparó en respuesta a una supuesta agresión de la víctima, con arma cortopunzante, tras negarse a la requisa. Esta versión la desmintió la familia de la joven, madre de dos menores.
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Si bien las autoridades insisten en la versión de la agresión, Patricia Morales, madre de la víctima, recalca que su hija no iba armada y que no agredió a los uniformados. Agrega que le dispararon por la espalda y que no recibió la atención oportuna, lo que influyó en que Angie llegara sin vida al Hospital de Suba. Cuestionó, además, que los uniformados hicieron pasar a su hija como habitante de calle y que, incluso, algunos testigos recibieron amenazas para no revelar videos y testimonios que darían cuenta de la actuación irregular de las autoridades.
¿Un procedimiento irregular?
Para Alejandro Rodríguez, coordinador de la plataforma Grita, observatorio de violencia institucional de la ONG Temblores, en el procedimiento se violaron, al menos, dos de los tres principios básicos del uso de la fuerza en procedimientos policiales: el de necesidad, a la hora de evaluar si se requiere el uso de la fuerza, y el de proporcionalidad, que es medir el tipo de fuerza. La complejidad del uso de estos principios radica en que estos se usan a discreción del uniformado y de cómo lee una situación de riesgo.
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“Hay parámetros que sí deben regir el uso de la fuerza, más allá de una interpretación subjetiva. Hay que recordar que los policías están entrenados en el uso de distintos mecanismos de aplicación de fuerza, pero acá se usó el más letal”, señala Rodríguez. Si bien no se ha probado ni descartado que la víctima tuviese un arma, el asunto es si el policía debió accionar su arma como primer recurso, sin antes intentar maniobras de neutralización, máxime cuando eran dos los uniformados los que le solicitaron la requisa a la joven.
“La pregunta es, ¿por qué no se intentó reducir a la persona? Disparar por la espalda, como dice la familia de Angie, entra en un marco de ilegalidad. Hay que esperar la investigación, pero el error fue optar por el mecanismo más letal, lo que determina en una violación a los Derechos Humanos. Además, ¿por qué la hicieron pasar como habitante de calle? Un habitante de calle tiene los mismos derechos y es un claro intento de alterar la narrativa de los hechos”, resalta Rodríguez.
Por otro lado, dice que no se tuvieron en cuenta factores diferenciales y pregunta “¿por qué dos uniformados hombres iban a requisar a una mujer?“. “El enfoque diferencial es clave y acá más, pues no hubo una lectura del contexto ni intención de reducir riesgos. Y es grave, sobre todo, porque en La Gaitana las agresiones policiales son sistemáticas y tenemos evidencia de varias agresiones físicas”, agrega Rodríguez, quien indica que este hecho termina de minar la deteriorada relación de las autoridades con una parte de la población joven de la zona.
Reforma policial
Tras el estallido social de finales de 2022 y parte de 2023, en donde se denunciaron múltiples casos de abuso de la fuerza de la Policía, varias de las organizaciones de DD. HH. más importantes del país formaron la Mesa por la Reforma Policial. Entre ellas estaba la Comisión Colombiana de Juristas, el Colectivo de Abogadas y Abogados José Alvear Restrepo, la Coordinación Colombia–Europa, la Corporación Jurídica Libertad (CJL) y Temblores, apoyados por Amnistía Internacional,
“La Mesa, básicamente, busca una reforma policial, que tenga en cuenta escenarios que faltan por regular, como la ausencia de la implementación de enfoques diferenciales de género, étnico-racial y poblacionales, que siguen siendo desafíos que no permiten avances estructurales. Hemos logrado, a través de reuniones con el Ministerio de Defensa y con la Policía (que ha mostrado voluntad de cambio), avances importantes como la expedición del decreto 1231 de 2024, que regula el uso de la fuerza”, destacan.
Adicionalmente, buscan establecer estrategias para que principios elementales como la transparencia sea eje fundamental en la acción judicial y para que la estigmatización a poblaciones históricamente marginadas y vulneradas deje de ser una constante en los casos de abuso de autoridad, que rastrean las organizaciones de defensa de DD.HH.
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Sin embargo, tras la expedición del decreto, las labores de seguimiento de su implementación no han dado los resultados esperados. “Con este caso, y varios más que hemos conocido, queda en evidencia una de las principales fallas: que los actos normativos no se aplican en la práctica. Ahora estamos a la espera de que expida una resolución sobre la normativa del uso de armas menos letales en ciertos escenarios de confrontación”, acota la ONG Temblores.
Los avances muestran que, por ejemplo, en 2024 se redujeron las cifras de vulneración de derechos en escenarios de protesta. “Esto es importante, porque se están entiendo la protesta social de otro modo y porque se ve un cambio en la directriz, que es lo fundamental. Sin embargo, las prácticas violentas y de vulneración de derechos, como muestra la evidencia, se repiten cuando hay escenarios de conflictividad. En esa transición estamos trabajando y seguiremos muy atentos, haciendo la respectiva veeduría”, señala Alejandro Rodríguez, coordinador de la plataforma Grita.
Entre tanto, este caso de posible uso desproporcionado de la fuerza, dice Rodríguez, falta camino por recorrer. Las investigaciones por la muerte de Angie Rodríguez continúan para establecer detalles clave como el presunto intento de ataque con arma blanca; la razón por la que las autoridades hicieron pasar a la víctima como habitante de calle, y, si en efecto, tal y como señala la familia de Angie, otros uniformados alteraron la escena del crimen. El caso requiere una respuesta urgente si, de alguna manera, quieren seguir en la tarea de recuperar la confianza de la gente en la fuerza policial.
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