El Hospital San Juan de Dios y su laberinto

En los últimos tres lustros no ha habido un funcionario que se haya propuesto la recuperación pública del centro hospitalario San Juan de Dios con el empeño y la tozudez con la que lo ha intentado el alcalde Gustavo Petro. En tres años y medio de gestión lo ha ensayado todo para adquirir este centro hospitalario: el convenio intergubernamental, la compraventa, el arrendamiento y ahora la expropiación.

En su primer año, el alcalde adelantó una fuerte campaña contra el proceso liquidatorio de la Fundación San Juan de Dios, por los resultados que arrojaba su gestión con el centro hospitalario, y mantuvo una tensa controversia con el gobernador de Cundinamarca.

Su primer secretario de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, libró una lucha sin eufemismos ni disimulos contra la liquidadora de esta fundación, con ocasión de la situación jurídica irregular que la administración distrital denunciaba, alegando la propiedad pública del centro hospitalario y las inconsistencias del proceso liquidatorio.

A raíz de estas diferencias, en 2013 se intentó un documento de entendimiento para restituir el hospital a la esfera pública y confiarle su reapertura a Bogotá, alternativa que se frustró cuando la Gobernación de Cundinamarca dejó plantada a la mesa intergubernamental que redactaba el convenio final. La caída de la liquidadora meses después, por cuenta de un informe de la Contraloría, dio la razón al Distrito, pero el año se cerró sin perspectivas para el proyecto.

El anuncio del nuevo liquidador en junio de 2014 de abrir una convocatoria para la venta del centro hospitalario y el de la administración de participar como oferente dejó perplejos a muchos: la compraventa al proceso liquidatorio de la fundación no sólo validaba la tenencia irregular al calificado en la víspera como usurpador, sino que le entregaba una cuantiosa suma de recursos públicos a quien no había administrado con eficacia y probidad. Esta fórmula, sin embargo, permitió inferir que el alcalde Petro estaba dispuesto a todo para adquirir el San Juan de Dios y que había resuelto sus diferencias con el gobernador y el proceso liquidatorio, a cambio de los $150.000 millones pactados como precio.

El trámite de anotación de esta compraventa no fue exitoso para los dos gobernantes. Ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá —Zona Sur— se presentaron oposiciones y un estudio de la Procuraduría que demostraba que el vendedor no era el dueño. Mientras se surtía este trámite, otra fórmula concertaron el alcalde y el gobernador en enero de 2015: el arrendamiento, que le permitió al Distrito entrar al hospital (de nuevo a cambio del pago de una suma importante) y anunciar su reapertura simbólica. Cuando en marzo pasado la Oficina de Registro declaró que el proceso liquidatorio no era el dueño del hospital y que la venta no procedía, la situación de Bogotá entró en una nueva fase de incertidumbres.

El decreto de expropiación

Mientras esperábamos que la Superintendencia de Notariado resolviera la apelación contra esta medida, que presentaron el Distrito y el proceso liquidatorio, el alcalde Petro se sacó de la manga otra fórmula: la expropiación.

En un primer momento creímos que jugaba su última carta, en su empeño por adquirir al San Juan de Dios. Pero el anuncio público del liquidador sobre su acuerdo con la expropiación y sobre la necesidad de actualizar el precio de la indemnización respectiva permitió colegir que estábamos ante otra modalidad concertada entre Bogotá y Cundinamarca para resolver los impasses relativos a la titularidad jurídica del centro hospitalario.

Pero ¿a quién vamos a expropiar? El decreto no lo dice. En la consideración 9ª se hace una alusión a la Fundación San Juan de Dios como parte del patrimonio cultural de la Nación, por mandato de la Ley 735, que nos parece un poco enigmática si consideramos que esta categoría se le dio en 2002, pero en 2006 la fundación devino nula y extinta por una sentencia del Consejo de Estado. ¿A quién le vamos a pagar la indemnización correspondiente? El decreto tampoco lo dice. Su artículo 7º ordena unos avalúos que parecen exóticos para fijar el valor comercial del centro hospitalario: avalúos por zonas o subzonas geoeconómicas homogéneas para cada una de las áreas que lo componen.

Pero el decreto es contundente: anuncia las actuaciones distritales para recuperar los predios del San Juan de Dios, venturosa obsesión del alcalde Petro. Pero ¿cómo recuperar? El decreto tampoco lo dice. Su enfoque general sugiere que pagándole el precio comercial de la indemnización a la fundación. Y como esta ya no existe, pagarle a su cuestionado sucesor: el proceso liquidatorio, haciendo uso de la enajenación voluntaria.

Aquí radica una de las discusiones centrales del decreto: ¿le podemos pagar la indemnización en una enajenación voluntaria a quien no fue reconocido como propietario? ¿Puede la enajenación voluntaria superar el impedimento decretado en el registro de la compraventa? ¿A cuáles situaciones nos veríamos abocados si la Superintendencia de Notariado confirma la decisión de la Oficina de Registro? ¿Le pagaríamos a quien no es el propietario?

La historia del centro hospitalario es rica en toda clase de situaciones atípicas e inesperadas, que no agotan los interrogantes: ¿podía arrendarle el proceso liquidatorio a Bogotá y recibir los cánones cuando fue declarado no dueño? ¿Se puede expropiar propiedad pública? ¿Se puede expropiar un bien de interés cultural? ¿Puede el arrendatario expropiar el bien que ocupa? ¿Tiene sentido comprar, alquilar y expropiar la misma cosa?

Tenemos hoy en trámite paralelo un contrato de arrendamiento vigente, un proceso de expropiación, la segunda instancia de un procedimiento administrativo de registro y una acción popular, que debe incorporar el examen del decreto de expropiación a la protección de los derechos colectivos.

El alcalde Petro trajo el San Juan de Dios a las agendas públicas después de una década de olvido y desatino estatal. Es él quien inicia un proceso de recuperación del centro hospitalario, pero el consenso que ha generado con el Concejo de la ciudad, con los organismos de control, con los trabajadores y la comunidad en general ha sido muy bajo. El tiempo de su gestión se agota y es posible que en estos meses la situación no cambie. Pero su empeño debe tener continuidad en la próxima administración, aunque con una rectificación en los enfoques e instrumentos legales. Entretanto, tenemos ante nosotros un incierto futuro, que esperamos se parezca cada vez menos al pasado.

* Miembro de Armando Morales Benítez & Abogados Asociados.