El juego de dilatar la revocatoria

Está lista la estrategia de Progresistas para frenar o dilatar la revocatoria del mandato del alcalde Gustavo Petro. Luego de que el mandatario se notificara de la decisión de la Registraduría, que validó más de 350.000 firmas de las cerca de 600.000 presentadas por el equipo del representante a la Cámara Miguel Gómez, los asesores de Petro están esperando la orden del alcalde para desplegar una ofensiva jurídica que va tomando forma y de la cual El Espectador conoció detalles.

Desde el pasado 8 de agosto comenzaron a correr los diez días hábiles que tiene Petro para presentar los recursos de reposición ante la Registraduría Distrital y de apelación ante el registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez. Según conoció este diario, la estrategia, por ahora, es presentarlos el último día, el 23 de agosto. “Seguramente nos van a negar la reposición en menos de 72 horas. Por eso presentamos también el recurso subsidiario (el de la apelación)”, dijo un funcionario cercano al alcalde.

Ese recurso de apelación le daría a la guardia jurídica del alcalde un amplio margen de maniobra. En esa instancia, la Registraduría tiene que abrir espacio a la eventual petición de la defensa del alcalde para el recaudo de pruebas. “Además de hacer la revisión de firmas, la Registraduría va a tener que recolectar cerca de 300 pruebas que vamos a pedir”, advirtió la misma fuente. Además señaló que así “es probable que, si van a convocar a elecciones, eso no ocurra hasta el próximo año o, si es el caso, en diciembre”.

La intención de Progresistas es que la convocatoria a las urnas para que los bogotanos decidan la suerte del alcalde, si es que las firmas resultan validadas, se dé después de diciembre del presente año. De esa manera, según afirman los asesores de Petro consultados, el movimiento ciudadano que lo respaldó en las elecciones de 2011 se quedaría con el poder en la capital.

Esa idea está sustentada en la interpretación que hacen de una disposición pública de la misma Registraduría, según la cual “si la falta absoluta del alcalde se presenta 18 meses antes de terminar su período se debe hacer una terna con candidatos del mismo partido político. De esa terna el gobernador (o el presidente, si se trata de un distrito) elige quién asumirá temporalmente el cargo mientras se realiza una nueva elección. Si la falta definitiva se presenta a menos de 18 meses de terminar el período, el alcalde encargado culmina el período ya que no se convocan elecciones atípicas”.

A juicio de Progresistas, esos 18 meses se convertirían en 24 (que se cumplen el primero de enero de 2014). “Se extiende en seis meses porque esa disposición corresponde al momento histórico en que los alcaldes gobernaban por tres años. Es decir, el plazo estaba determinado por el 50% del tiempo para el cual fue elegido”. En su momento, cuando la decisión de la Registraduría Nacional esté en firme, Progresistas le pediría al Consejo de Estado que establezca si su interpretación es cierta o no.

Por ahora, la administración distrital sigue trabajando para obtener el apoyo popular con actos como la instalación del gobierno en Ciudad Bolívar durante quince días. Así, si la estrategia jurídica falla, se la jugará para ganar el favor del electorado en las urnas, donde los revocadores necesitan, para salirse con la suya, que voten más de 1’200.000 personas y que el 55% de ellas diga que quieren que Petro salga del Palacio Liévano.

csegura@elespectador.com

@CamiloSeguraA

Está lista la estrategia de Progresistas para frenar o dilatar la revocatoria del mandato del alcalde Gustavo Petro. Luego de que el mandatario se notificara de la decisión de la Registraduría, que validó más de 350.000 firmas de las cerca de 600.000 presentadas por el equipo del representante a la Cámara Miguel Gómez, los asesores de Petro están esperando la orden del alcalde para desplegar una ofensiva jurídica que va tomando forma y de la cual El Espectador conoció detalles.

Desde el pasado 8 de agosto comenzaron a correr los diez días hábiles que tiene Petro para presentar los recursos de reposición ante la Registraduría Distrital y de apelación ante el registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez. Según conoció este diario, la estrategia, por ahora, es presentarlos el último día, el 23 de agosto. “Seguramente nos van a negar la reposición en menos de 72 horas. Por eso presentamos también el recurso subsidiario (el de la apelación)”, dijo un funcionario cercano al alcalde.

Ese recurso de apelación le daría a la guardia jurídica del alcalde un amplio margen de maniobra. En esa instancia, la Registraduría tiene que abrir espacio a la eventual petición de la defensa del alcalde para el recaudo de pruebas. “Además de hacer la revisión de firmas, la Registraduría va a tener que recolectar cerca de 300 pruebas que vamos a pedir”, advirtió la misma fuente. Además señaló que así “es probable que, si van a convocar a elecciones, eso no ocurra hasta el próximo año o, si es el caso, en diciembre”.

La intención de Progresistas es que la convocatoria a las urnas para que los bogotanos decidan la suerte del alcalde, si es que las firmas resultan validadas, se dé después de diciembre del presente año. De esa manera, según afirman los asesores de Petro consultados, el movimiento ciudadano que lo respaldó en las elecciones de 2011 se quedaría con el poder en la capital.

Esa idea está sustentada en la interpretación que hacen de una disposición pública de la misma Registraduría, según la cual “si la falta absoluta del alcalde se presenta 18 meses antes de terminar su período se debe hacer una terna con candidatos del mismo partido político. De esa terna el gobernador (o el presidente, si se trata de un distrito) elige quién asumirá temporalmente el cargo mientras se realiza una nueva elección. Si la falta definitiva se presenta a menos de 18 meses de terminar el período, el alcalde encargado culmina el período ya que no se convocan elecciones atípicas”.

A juicio de Progresistas, esos 18 meses se convertirían en 24 (que se cumplen el primero de enero de 2014). “Se extiende en seis meses porque esa disposición corresponde al momento histórico en que los alcaldes gobernaban por tres años. Es decir, el plazo estaba determinado por el 50% del tiempo para el cual fue elegido”. En su momento, cuando la decisión de la Registraduría Nacional esté en firme, Progresistas le pediría al Consejo de Estado que establezca si su interpretación es cierta o no.

Por ahora, la administración distrital sigue trabajando para obtener el apoyo popular con actos como la instalación del gobierno en Ciudad Bolívar durante quince días. Así, si la estrategia jurídica falla, se la jugará para ganar el favor del electorado en las urnas, donde los revocadores necesitan, para salirse con la suya, que voten más de 1’200.000 personas y que el 55% de ellas diga que quieren que Petro salga del Palacio Liévano.

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@CamiloSeguraA