El limbo de los afectados de Doña Juana

El recuerdo del derrumbe en Doña Juana, ocurrido el 28 de septiembre de 1997, persiste en los barrios aledaños al relleno sanitario. Mientras que los malos olores vuelven de vez en cuando a sus calles, el inconformismo y las dudas sobre cómo serán reparados los afectados siguen tan presentes como los primeros días de la catástrofe.

Esto se debe a que a pesar de que hoy se cumplen 21 años del alud, los problemas con el relleno sanitario persisten y el proceso de indemnización de las víctimas se encuentra en una especie de limbo, pese a que un fallo del Consejo de Estado ordenó, en 2012, a la nación indemnizar a las víctimas, los afectados no han tenido razón de qué es lo que ha pasado con el proceso y, en cambio, han crecido las dudas y los mitos alrededor de lo que se hizo con el dinero a entregar.

>>>Lea: 631.000 personas esperan indemnización tras el derrumbe en Doña Juana

En un principio, tras conocerse el fallo, fueron indemnizadas las 1.472 personas que formaron parte del proceso, pero la sentencia determinó que también debía resarcir a quienes demostraran que para la época (entre el 27 de septiembre y el 31 de diciembre de 1997) residían, trabajaban o estudiaban en el lugar en que se presentó la afectación, es decir, 5 kilómetros alrededor de Doña Juana.

Uno de esos casos es el de Betsabé Cristín, quien desde hace más de 20 años vive en el barrio El Triunfo. Aunque no está al lado del relleno, el sector sí es uno de los 900 ubicados en las localidades de Ciudad Bolívar y Usme, que se vieron afectados por el alud. “Después del derrumbe los olores fueron terribles e insoportables, pero lo que vino después fue peor: mi esposo se enfermó de los pulmones y toda la familia comenzó a presentar alergias y molestias al respirar”.

>>>Lea: Doña Juana: en las entrañas de la indiferencia

Tras conocerse el fallo, Cristín inició el trámite para ser declarada víctima. “Radicamos en 2015 los documentos que nos pidieron, y como muestra de que vivíamos acá para la fecha en que se presentó el derrumbe, entregamos un recibo del agua”, asegura. Este mismo proceso lo realizaron 631.000 personas, quienes presentaron su documentación a la Defensoría del Pueblo, encargada de realizar los trámites de caracterización de las víctimas.

Con lo que no contaban era con la cantidad. El estimativo del Estado era que se recibirían alrededor de 65.536 posibles adherentes, pero al superar el 1.000 % de las expectativas se realizó un contrato interadministrativo con la Universidad Nacional, que se encargaría de georreferenciar la zona, es decir, de reconocer, dentro de las posibles víctimas, quiénes deberían ser indemnizados.

El proceso debería haberse terminado a finales de 2017, pero de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, ante la reducida capacidad humana, tecnológica y logística para realizar este proceso, se ha retrasado la liquidación del contrato con la Universidad Nacional, lo que a la par ha aumentado el inconformismo y se han creado mitos entre quienes se han visto afectados por el relleno.

>>> Galería: Así fue el derrumbe registrado hace 20 años

Según Samuel Aya, líder de la comunidad de Mochuelo Alto, en las zonas aledañas al relleno persisten los problemas de plagas, moscas y malos olores, como el vertimiento de los lixiviados al río Tunjuelo, por lo que la mayoría de los habitantes de la zona creen que no les van a entregar nada y, en cambio, se ha generalizado la idea de que los que ganaron la demanda se quedaron con el dinero. “Siempre le dicen a la gente que entregue papeles, que ya va a salir la indemnización y así nos han tenido estos últimos 21 años. No ha mejorado nada. Los niños en las escuelas siguen con tos, gripe y alergias”.

Por su parte, Cristín asegura que a su comunidad le han dicho que los documentos que entregaron hace tres años los habían botado y quemado, “que para qué nos íbamos a molestar por reclamar por ese caso, que eso ya era tiempo pasado”.

Hernán Guillermo Jojoa, director nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo sobre el tema Doña Juana, manifestó que los dineros que se destinarán para la indemnización de los afectados siguen consignados en la cuenta única nacional del Ministerio de Hacienda y no han sido utilizados para ningún producto financiero de la Defensoría.

>>>Lea: Los pecados del relleno Doña Juana

Con respecto al estado del proceso, Jojoa manifiesta que ya se está liquidando el proyecto con la Universidad Nacional, que consistía en la georreferenciación de las personas que viven en las áreas aledañas al relleno. “Si bien es cierto que el procedimiento previsto debería ser ágil y expedito, fue por la orden del Consejo de Estado de determinar quiénes vivían en la zona y, además, determinar por rangos de cercanía dónde se encontraban, lo que retrasó el proceso”.

La Defensoría anunció que la notificación a las personas identificadas como víctimas comenzará en octubre, con lo que, una vez terminado el proceso, el Estado podrá remitir la lista de afectados al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para comenzar el pago. Lo que esperan las personas que entraron dentro de este proceso es que la indemnización se agilice y que el proceso tenga una mejor socialización de lo que ha transcurrido hasta ahora.

El recuerdo del derrumbe en Doña Juana, ocurrido el 28 de septiembre de 1997, persiste en los barrios aledaños al relleno sanitario. Mientras que los malos olores vuelven de vez en cuando a sus calles, el inconformismo y las dudas sobre cómo serán reparados los afectados siguen tan presentes como los primeros días de la catástrofe.

Esto se debe a que a pesar de que hoy se cumplen 21 años del alud, los problemas con el relleno sanitario persisten y el proceso de indemnización de las víctimas se encuentra en una especie de limbo, pese a que un fallo del Consejo de Estado ordenó, en 2012, a la nación indemnizar a las víctimas, los afectados no han tenido razón de qué es lo que ha pasado con el proceso y, en cambio, han crecido las dudas y los mitos alrededor de lo que se hizo con el dinero a entregar.

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En un principio, tras conocerse el fallo, fueron indemnizadas las 1.472 personas que formaron parte del proceso, pero la sentencia determinó que también debía resarcir a quienes demostraran que para la época (entre el 27 de septiembre y el 31 de diciembre de 1997) residían, trabajaban o estudiaban en el lugar en que se presentó la afectación, es decir, 5 kilómetros alrededor de Doña Juana.

Uno de esos casos es el de Betsabé Cristín, quien desde hace más de 20 años vive en el barrio El Triunfo. Aunque no está al lado del relleno, el sector sí es uno de los 900 ubicados en las localidades de Ciudad Bolívar y Usme, que se vieron afectados por el alud. “Después del derrumbe los olores fueron terribles e insoportables, pero lo que vino después fue peor: mi esposo se enfermó de los pulmones y toda la familia comenzó a presentar alergias y molestias al respirar”.

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Tras conocerse el fallo, Cristín inició el trámite para ser declarada víctima. “Radicamos en 2015 los documentos que nos pidieron, y como muestra de que vivíamos acá para la fecha en que se presentó el derrumbe, entregamos un recibo del agua”, asegura. Este mismo proceso lo realizaron 631.000 personas, quienes presentaron su documentación a la Defensoría del Pueblo, encargada de realizar los trámites de caracterización de las víctimas.

Con lo que no contaban era con la cantidad. El estimativo del Estado era que se recibirían alrededor de 65.536 posibles adherentes, pero al superar el 1.000 % de las expectativas se realizó un contrato interadministrativo con la Universidad Nacional, que se encargaría de georreferenciar la zona, es decir, de reconocer, dentro de las posibles víctimas, quiénes deberían ser indemnizados.

El proceso debería haberse terminado a finales de 2017, pero de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, ante la reducida capacidad humana, tecnológica y logística para realizar este proceso, se ha retrasado la liquidación del contrato con la Universidad Nacional, lo que a la par ha aumentado el inconformismo y se han creado mitos entre quienes se han visto afectados por el relleno.

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Según Samuel Aya, líder de la comunidad de Mochuelo Alto, en las zonas aledañas al relleno persisten los problemas de plagas, moscas y malos olores, como el vertimiento de los lixiviados al río Tunjuelo, por lo que la mayoría de los habitantes de la zona creen que no les van a entregar nada y, en cambio, se ha generalizado la idea de que los que ganaron la demanda se quedaron con el dinero. “Siempre le dicen a la gente que entregue papeles, que ya va a salir la indemnización y así nos han tenido estos últimos 21 años. No ha mejorado nada. Los niños en las escuelas siguen con tos, gripe y alergias”.

Por su parte, Cristín asegura que a su comunidad le han dicho que los documentos que entregaron hace tres años los habían botado y quemado, “que para qué nos íbamos a molestar por reclamar por ese caso, que eso ya era tiempo pasado”.

Hernán Guillermo Jojoa, director nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo sobre el tema Doña Juana, manifestó que los dineros que se destinarán para la indemnización de los afectados siguen consignados en la cuenta única nacional del Ministerio de Hacienda y no han sido utilizados para ningún producto financiero de la Defensoría.

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Con respecto al estado del proceso, Jojoa manifiesta que ya se está liquidando el proyecto con la Universidad Nacional, que consistía en la georreferenciación de las personas que viven en las áreas aledañas al relleno. “Si bien es cierto que el procedimiento previsto debería ser ágil y expedito, fue por la orden del Consejo de Estado de determinar quiénes vivían en la zona y, además, determinar por rangos de cercanía dónde se encontraban, lo que retrasó el proceso”.

La Defensoría anunció que la notificación a las personas identificadas como víctimas comenzará en octubre, con lo que, una vez terminado el proceso, el Estado podrá remitir la lista de afectados al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para comenzar el pago. Lo que esperan las personas que entraron dentro de este proceso es que la indemnización se agilice y que el proceso tenga una mejor socialización de lo que ha transcurrido hasta ahora.