En medio de la pandemia, la ocupación ilegal de predios ha vuelto a estar en boga. Al desalojo de al menos de 150 familias en Altos de la Estancia, en Ciudad Bolívar, se le suma la quema de cerca de 18 hectáreas de vegetación en la reserva Entrenubes, en Usme, lo que evidencia cómo los tierreros se están aprovechando de la emergencia para engañar a más personas vulnerables. Pese a ello, esta no es una práctica nueva, pues se conocen casos desde los años 80 en San Cristóbal, pero recientemente se ha evidenciado un negocio sistemático desde hace ocho años.
Por lo general, algunos terrenos son ocupados ilegalmente por urbanizadores piratas, que fraccionan o lotean predios sin ninguna base urbanística y, por consiguiente, sin ningún tipo de servicio público o vías de acceso disponible. Pese a ello, engañan a las personas con promesas de compraventa y falsas escrituras. Y para evitar los desalojos interponen querellas justificando el tiempo de posesión del predio; pagan o amenazan a vecinos, para que testifiquen que han vivido en el lugar por más de cinco años; piden que les pongan los servicios públicos, para corroborar que ellos son los que ocupan el lugar, y hasta tratan de confundir linderos para viciar los procesos.
De acuerdo con el secretario de Seguridad, Hugo Acero, emplean diversos métodos para hacer efectivo el engaño. En ocasiones, como ocurrió recientemente en Entrenubes, llegan en camiones con personas, en su mayoría vulnerables, a poner palos y polisombras para apropiarse de los terrenos. Otros que convencen a sus víctimas, a las que les venden los lotes hasta por $2 millones y, una vez tienen una vivienda construida, les piden más dinero o los sacan del predio para volverlo a vender.
Estas dinámicas son comunes, especialmente en las periferias de la ciudad, donde predominan grandes terrenos y zonas rurales que fácilmente pueden invadir. Es por ello que frecuentemente se evidencian estas prácticas en barrios como El Paraíso (Ciudad Bolívar), donde se suele ocupar la zona rural de Quiba, así como en Altos de la Estancia, Divino Niño, El Tesoro, Bella Flor, Caracolí y La Colmenita, donde además se aprovechan de lugares en alto riesgo de deslizamiento.
Oficialmente se comenzó a hablar de tierreros en 2012, cuando la administración identificó a una banda con ese nombre. “Podemos decir que la banda de los Tierreros, urbanizadores piratas, se aprovecha de la necesidad de la gente por tener vivienda, invade terrenos ambientales y cobra mucho dinero. Es una mafia con nexos en el Estado”, indicó en su momento Gustavo Petro, quien era alcalde de la ciudad.
Se trataba de una banda que se había apropiado de una zona de la hacienda Los Molinos, que conectaría el Parque Ecológico de Montaña Entrenubes y el río Tunjuelo. Pese a que el Distrito compró el terreno, el proyectó no se realizó y esto lo aprovecharon los urbanizadores ilegales, quienes armaron un proyecto inmobiliario con 500 lotes, que vendían a $12 millones, y que, según registros de la época, los vendieron hasta tres veces.
En 2014, luego de una serie de desalojos y acciones legales, fueron capturados 18 miembros de la banda, dentro de los cuales destacaba el nombre de Héctor Hernando García, alías Sargento, quien sería el líder, y Felipe Roldán, conocido como el Notario”. Junto a ellos se involucraron 16 personas más, entre los que se encontraban arquitectos, topógrafos e ingenieros.
Posterior a esto, el término fue empleado para dicha práctica en general y se comenzaron a asociar más alias como Tiberio, el Paraco, Barba y el Salao, que se ligaron a guerrillas como el Epl y grupos paramilitares, interesados en tener el control de la zona. Tan es así, que los primeros desalojos que ocurrieron en Molinos fueron realizados en medio de la madrugada, con visores nocturnos, fusiles, equipos antimotines y tanquetas, ante una posible retaliación de hombres armados, pues era bien sabido que merodeaban la zona y eran los encargados de cobrar casa por casa.
Pero el sur no es el único lugar afectado por urbanizadores ilegales. En 2015 fueron capturadas cinco personas señaladas de realizar esta práctica sobre la ronda del río Bogotá y los humedales, mientras que en 2016 fue desmantelado el grupo La Colmena, acusado de la venta irregular de predios en el barrio La Colmenita y los alrededores de San Cristóbal.
Asimismo, en Chapinero se logró detener la venta de un predio de 8.600 metros cuadrados, en el sector de El Retiro, en el que el Distrito tenía prevista la construcción de un parque y que los tierreros ya habían negociado por $23.000 millones. Si bien era claro que se trataba de terrenos del Distrito, el grupo ilegal adulteró documentos y con engaños logró que el proceso de recuperación fuera largo para la Alcaldía.
En la pasada administración, según Miguel Uribe, exsecretario de Gobierno, se logró la creación de una unidad especializada de la Fiscalía para procesar a los tierreros por crímenes ecológicos. “Y el Código de Policía permite el desalojo en las próximas 48 horas, en caso de ocupaciones ilegales, pero por lo general se aprovechan de poblaciones vulnerables para dificultar la recuperación de las zonas”.
Estos engaños no solo los logran con triquiñuelas legales, pues está claro que en muchos de estos casos, al parecer, están involucrados funcionarios de las alcaldías locales, como del Distrito, que terminan facilitando los procesos para que los tierreros obtengan chips catastrales de los lotes invadidos. Hasta consiguen testaferros, que se encargan de adelantar la apropiación de los terrenos.
Además, estarían relacionados con mafias armadas que, de acuerdo con líderes del sur de Bogotá, ubican ollas de microtráfico en las invasiones y a cambio se encargan de realizar los cobros de servicios públicos ilegales y los lotes, así como de “velar” por la seguridad de la zona.
En gran medida, esto se presenta en sectores como Entrenubes o Quiba, cerca de donde pasan corredores importantes que comunican con los Llanos Orientales, lo que les facilita a los grupos ilegales controlar y asegurar el ingreso de los estupefacientes que llegan de esa zona a la ciudad.
La situación la corrobora la última alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo en 2018, en la que se indica que barrios de Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy se han convertido en corredores de movilidad y abastecimiento de estructuras armadas como el Eln, las Águilas Negras (bloque Capital), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, los Rastrojos, los Costeños, los Paisas y disidencias de las Farc.
“La informalidad en el uso del suelo, tenencia y correlativa infraestructura social precaria contribuye a dinamizar los mercados ilegales y, por ende, profundizan los factores de vulnerabilidad que facilitan la presencia de grupos ilegales y demás agentes violentos (…) Estos hechos han desbocado en desplazamientos forzados, amenazas y extorsiones”, indicó el ente de control.
Por ahora se espera que, tal como lo prometió la Secretaría de Seguridad, en los próximos meses junto con la Fiscalía se tenga información contundente de quiénes son los que hoy están detrás de las urbanizaciones ilegales, en especial del sur de la ciudad, que es donde se concentra más de la mitad de las ocupaciones registradas por la Secretaría de Hábitat, siendo Ciudad Bolívar (con 638 hectáreas invadidas) el caso más preocupante, seguido de Usme (561 ha) y San Cristóbal (341 ha).
El problema se ha identificado y lo que pide la ciudad son acciones contundentes que no solo impidan nuevas invasiones en los sectores que recurrentemente lo han sido, sino que se garantice que no sigan engañando a personas vulnerables ni se continúe con la afectación ambiental en zonas de protección y de alto riesgo.
Por Mónica Rivera Rueda
