El nuevo problema que se le avecina a Petro con el SITP

En 2010 todo fue dicha para Coobus y Egobus, dos de los operadores del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), que agrupan a los pequeños propietarios de buses de la ciudad. Las empresas lograron agrupar la mayor cantidad de propietarios de buses de la ciudad y hacerse a grandes zonas de operación.

Luego de pasar por dificultades financieras, falta de préstamos (llamados cierres financieros), peleas internas e incumplimientos ante Transmilenio en la provisión de vehículos y conductores para la implementación del SITP, ahora tienen un problema más: los propietarios de buses anunciaron que dejarán de entregar sus carros al sistema. Un tema que será objeto de debate el próximo martes en la Comisión sexta del Senado.

Héctor García, de 44 años, hace parte del grupo de propietarios vinculados a Egobus. En junio de 2012 le entregó a esta empresa tres de los 10 buses que les pertenecen a él y su familia. Él, como el resto de propietarios, asumieron un esquema bajo el cual a cambio de la entrega del vehículo, la firma debía pagarles una renta mensual por 24 años. “Pero sólo en septiembre (dos meses después) nos pagaron las primeras cuotas. Después otra vez me quedaron debiendo y los bancos me llamaban todos los días a decirme que me iban a embargar porque no tenía cómo pagarles la cuota de los buses”.

Con el incumplimiento, los propietarios notaron cómo se desvanecían las promesas que les habían hecho sus líderes gremiales en 2010 durante la administración de Samuel Moreno, cuando los convocaron a participar en la adjudicación de las 13 zonas en las que se dividió a la ciudad para operar el SITP.

Por eso, ahora propietarios como Héctor están decididos a no entregar el resto de sus buses a las empresas Coobus y Egobus. Se trata de una amenaza que durante todo el año se ha escuchado en el Distrito pero que ahora parece estar en firme. En los últimos días, Nohemy Pinilla, líder de los propietarios afectados dice que serían unos 2.500 los que tomarían este camino, con el que se pretende que el Distrito tome medidas para reevaluar las condiciones de los contratos.

En los paraderos de buses de la ciudad, los propietarios entregan volantes para convocar aliados a su causa. De concretarse la idea, ¿qué tanto impacto tendría en el SITP?
Por una parte, está en riesgo la implementación del sistema. Desde que comenzó en septiembre de 2012 la operación de los famosos buses azules, ha tenido tropiezos como la falta de usuarios y las fallas en la información y pedagogía para su uso. Con la amenaza de la oposición a entregar los vehículos, Egobus y Coobus (que maneja la zona de Fontibón, incluyendo la troncal de la calle 26) se retardaría aún más su completo desarrollo.

Tan sólo entre noviembre y diciembre de este año, Coobus debe incorporar 70 buses al SITP, de acuerdo con el cronograma de Transmilenio y Egobus, otros 150. Sin contar con que esta última aún tiene pendiente la entrega de 460 vehículos.

El otro riesgo para el sistema es que se desvanezca por completo la promesa de democratización, que en cristiano significa que continúen los pequeños propietarios en el sistema. Esta fue una condición que logró estipularse en la licitación de 2010, tras el paro de transportes que paralizó por tres días a la ciudad y que permitía que no todo el nuevo modelo quedara en manos de los grandes empresarios , que a su vez tienen el control de Transmilenio.

Uno de los defensores de la idea de la democratización del sistema es Yanod Márquez, exsubgerente financiero de Transmilenio y cercano al círculo del alcalde Gustavo Petro. Explica cómo desde que comenzó el sistema tanto Coobus como Egobus tuvieron dificultades por embarcarse en modelaciones insuficientes, que sólo prometieron rentas a los propietarios sin hacer que éstos asumieran responsabilidades, de manera que las empresas se capitalizaran.

Se sabe que el alcalde siempre ha estado a favor de la democratización. De hecho, en octubre , cuando fue un hecho que Coobus estaba en quiebra y Egobus iba por un camino similar, se pensó en que Seguros Cóndor (aseguradora de la empresa) le entregara el contrato a un operador con músculo financiero como Consorcio Express.

Sin embargo, hubo una especie de salvavidas. Seguros Cóndor no expidió la póliza de Coobus de 2013, así que según la ley, no podía reclamar su contrato para cedérselo a otro privado. Además, fuentes del proceso también dijeron a este diario que entonces, los demás operadores del sistema protestaron por el hecho de que Consorcio Express se quedara con la gran zona de Fontibón.

Así las cosas la propuesta que el Distrito analiza por estos días es la que Márquez entregó al alcalde Petro y que contempla usar recursos del Fondo Cuenta para la Reorganización del Transporte Público con el fin de dar líneas de crédito a los propietarios del transporte público que se hayan asociado a empresas operadoras del SITP. La idea es que de esta manera, los transportadores adquieran créditos que ayuden a capitalizar a las empresas que los agrupan.

Lo cierto es que Transmilenio aún no ha decretado la caducidad de ninguno de los contratos y hay que esperar si al alcalde le suena la idea de aportar los dineros públicos mediante créditos. La alternativa de líneas crediticias también ha sido propuesta por el senador Carlos Baena, quien el martes pedirá al Distrito analizar esta opción.

En 2010 todo fue dicha para Coobus y Egobus, dos de los operadores del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), que agrupan a los pequeños propietarios de buses de la ciudad. Las empresas lograron agrupar la mayor cantidad de propietarios de buses de la ciudad y hacerse a grandes zonas de operación.

Luego de pasar por dificultades financieras, falta de préstamos (llamados cierres financieros), peleas internas e incumplimientos ante Transmilenio en la provisión de vehículos y conductores para la implementación del SITP, ahora tienen un problema más: los propietarios de buses anunciaron que dejarán de entregar sus carros al sistema. Un tema que será objeto de debate el próximo martes en la Comisión sexta del Senado.

Héctor García, de 44 años, hace parte del grupo de propietarios vinculados a Egobus. En junio de 2012 le entregó a esta empresa tres de los 10 buses que les pertenecen a él y su familia. Él, como el resto de propietarios, asumieron un esquema bajo el cual a cambio de la entrega del vehículo, la firma debía pagarles una renta mensual por 24 años. “Pero sólo en septiembre (dos meses después) nos pagaron las primeras cuotas. Después otra vez me quedaron debiendo y los bancos me llamaban todos los días a decirme que me iban a embargar porque no tenía cómo pagarles la cuota de los buses”.

Con el incumplimiento, los propietarios notaron cómo se desvanecían las promesas que les habían hecho sus líderes gremiales en 2010 durante la administración de Samuel Moreno, cuando los convocaron a participar en la adjudicación de las 13 zonas en las que se dividió a la ciudad para operar el SITP.

Por eso, ahora propietarios como Héctor están decididos a no entregar el resto de sus buses a las empresas Coobus y Egobus. Se trata de una amenaza que durante todo el año se ha escuchado en el Distrito pero que ahora parece estar en firme. En los últimos días, Nohemy Pinilla, líder de los propietarios afectados dice que serían unos 2.500 los que tomarían este camino, con el que se pretende que el Distrito tome medidas para reevaluar las condiciones de los contratos.

En los paraderos de buses de la ciudad, los propietarios entregan volantes para convocar aliados a su causa. De concretarse la idea, ¿qué tanto impacto tendría en el SITP?
Por una parte, está en riesgo la implementación del sistema. Desde que comenzó en septiembre de 2012 la operación de los famosos buses azules, ha tenido tropiezos como la falta de usuarios y las fallas en la información y pedagogía para su uso. Con la amenaza de la oposición a entregar los vehículos, Egobus y Coobus (que maneja la zona de Fontibón, incluyendo la troncal de la calle 26) se retardaría aún más su completo desarrollo.

Tan sólo entre noviembre y diciembre de este año, Coobus debe incorporar 70 buses al SITP, de acuerdo con el cronograma de Transmilenio y Egobus, otros 150. Sin contar con que esta última aún tiene pendiente la entrega de 460 vehículos.

El otro riesgo para el sistema es que se desvanezca por completo la promesa de democratización, que en cristiano significa que continúen los pequeños propietarios en el sistema. Esta fue una condición que logró estipularse en la licitación de 2010, tras el paro de transportes que paralizó por tres días a la ciudad y que permitía que no todo el nuevo modelo quedara en manos de los grandes empresarios , que a su vez tienen el control de Transmilenio.

Uno de los defensores de la idea de la democratización del sistema es Yanod Márquez, exsubgerente financiero de Transmilenio y cercano al círculo del alcalde Gustavo Petro. Explica cómo desde que comenzó el sistema tanto Coobus como Egobus tuvieron dificultades por embarcarse en modelaciones insuficientes, que sólo prometieron rentas a los propietarios sin hacer que éstos asumieran responsabilidades, de manera que las empresas se capitalizaran.

Se sabe que el alcalde siempre ha estado a favor de la democratización. De hecho, en octubre , cuando fue un hecho que Coobus estaba en quiebra y Egobus iba por un camino similar, se pensó en que Seguros Cóndor (aseguradora de la empresa) le entregara el contrato a un operador con músculo financiero como Consorcio Express.

Sin embargo, hubo una especie de salvavidas. Seguros Cóndor no expidió la póliza de Coobus de 2013, así que según la ley, no podía reclamar su contrato para cedérselo a otro privado. Además, fuentes del proceso también dijeron a este diario que entonces, los demás operadores del sistema protestaron por el hecho de que Consorcio Express se quedara con la gran zona de Fontibón.

Así las cosas la propuesta que el Distrito analiza por estos días es la que Márquez entregó al alcalde Petro y que contempla usar recursos del Fondo Cuenta para la Reorganización del Transporte Público con el fin de dar líneas de crédito a los propietarios del transporte público que se hayan asociado a empresas operadoras del SITP. La idea es que de esta manera, los transportadores adquieran créditos que ayuden a capitalizar a las empresas que los agrupan.

Lo cierto es que Transmilenio aún no ha decretado la caducidad de ninguno de los contratos y hay que esperar si al alcalde le suena la idea de aportar los dineros públicos mediante créditos. La alternativa de líneas crediticias también ha sido propuesta por el senador Carlos Baena, quien el martes pedirá al Distrito analizar esta opción.