El futuro del manejo de las basuras en Bogotá se debe definir cuanto antes. En 2026 terminará el contato con los actuales operadores de aseo y el Distrito trabaja en la nueva licitación para garantizar la recolección de los casi 2,2 millones de toneladas que genera la ciudad al año. Y apuntando a ese objetivo, el 24 de enero radicó una solicitud ante la Comisión de Regulación de Agua y Saneamiento Básico (CRA), para que conceptúe si la ciudad debe volver al esquema de libre competencia (que se aplica por defecto) o mantiene el de áreas de servicio exclusivo (ASE), como opera ahora y el cual quiere mantener.
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Hoy Bogotá es la única ciudad del país que opera desde 2018 bajo este esquema, cuando optó por dividir la ciudad en cinco zonas y cada una la adjudicó a un operador privado (Proambiental Distrito, Lime, Ciudad Limpia, Bogotá Limpia y Área Limpia), que quedaron con la obligación de recoger los residuos y manter limpias las calles y los parques, sin importar qué tan difícil sea el acceso. Esta condición resulta útil al saber que cerca del 70 % de las basuras se producen en los estratos 2, 3 y, en especial, en el 1, donde hay barrios de dificil acceso, los cuales, en un esquema de libre competencia se quedarían sin cobertura.
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Por eso, la apuesta del Distrito, con base en los estudios presentados a la CRA, es mantener estas ASE, pero con cambios. No obstante, la decisión está en manos de la Comisión. Estos son los argumentos y y la opinión de los expertos sobre el rumbo que debería seguir el esquema de aseo de la ciudad.
Más servicios de aseo
Una gran queja del esquema actual (ASE) radica en la definición de aéreas limpias contemplada en los contratos. La definición, limitada en sus alcances, solo obliga a las empresas a garantizar una logística, con frecuencias definidas, para recoger los residuos domiciliarios y llevarlos al relleno Doña Juana. Por tal motivo, al no incluir otros puntos ni residuos (como la basura mezclada con escombros, conocida como resiudos mixtos) hay zonas donde es habitual ver regueros, que debe atender el Distrito.
Para que se haga una idea, la ciudad debe destinar cerca de $25.000 millones al año para limpiar estos regueros. En vista de eso, Consuelo Ordóñez, directora de la UAESP, comentó que en la nueva licitación incluirá nuevos servicios para la recolección de otros residuos, así como la disposición final de muebles y escombros, que hoy no contemplan los contratos.
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Sobre este aspecto, el profesor Frank Molano, del Observatorio de Residuos Sólidos de Bogotá, dice que hay otra arista por corregir en la nueva licitación: la rigidez con la que se diseñaron los actuales contratos. “El Distrito se dio cuenta, sobre la marcha, de que varios servicios, fuera de los pactados, los debían asumir los operadores, pero no fue posible hacer ningún ajuste y la ciudad tuvo que asumir los vacíos del contrato”. Por eso, para la nueva licitación sugiere un modelo más flexible, con cláusulas que le permitan al Distrito, por ejemplo, renegociar las condiciones iniciales, a medida que vayan surgiendo necesidades. La recomendación la comparte Ordóñez, quien dijo que la idea es incluir esa flexibilidad en la nueva licitación.
Operadores, en cintura
El profesor Molano, autor del libro Historia de la basura en Bogotá, cuenta que aunque el cambio de un modelo centrado en lo público (como lo dejó el hoy presidente Gustavo Petro) a uno con la participación de privados, mediante las ASE aumentó la cobertura del servicio, también generó que se terminaran formando “lo que llamo un oligopolio, en vez de un modelo competitivo. Las condiciones de la licitación solo las pueden cumplir unos pocos zares de la basura, que terminan acaparando el negocio”. En esta línea, el abogado Eduardo Molina, experto en litigios de residuos sólidos, dice que el modelo actual carece de mecanismos de control eficientes para enfrentar posibles incumplimientos.
No en vano, en 2024 se acumularon más de 50.000 PQRS de ciudadanos insatisfechos con el rol de los cinco operadores, quienes, a su vez, tienen pleitos abiertos con el Distrito por presuntos incumplimientos. Por tal motivo, la directora de la UAESP plantea que es necesario hacer cambios drásticos en la interventoría para cambiar la situación. “Ellos son la representación y el control de la ciudad frente a la gestión de los operadores privados, y lamentablemente vemos fallas. No es posible que solo 26 personas sean las encargadas de ejercer la veeduría en todo el territorio. Eso tiene que cambiar en la nueva licitación”.
Manejo circular
Bogotá enterró 2,2 millones de toneladas residuos sólidos en Doña Juana en 2024. Aunque su licencia está próxima a caducar, el Distrito espera aval para extender su vida 37 años. Para lograrlo, proyecta construir dos muros de contención; mejorar las vías de acceso y saldar una deuda: construir la planta de lixiviados. Pero el plan no cae bien entre los vecinos del Mochuelo, que viven a 820 metros del relleno.
La directora de la UAEPS dice ser consciente del riesgo ambiental que implica esta prórroga, pero opina que la transición hacia un modelo diferente requiere tiempo y que, por ello, es imposible cerrar el relleno del todo. Lo que sí se puede hacer es disminuir la basura que ingresa a Doña Juana con un modelo circular, que aproveche gran parte de los residuos orgánicos e inorgánicos.
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En ese orden de ideas, el modelo apunta a una red logística que incluya a los recicladores, para aprovechar el 40 % de los residuos no orgánicos y el 20 % de los orgánicos, lo que le daría un gran respiro al relleno. Sin embargo, este ciclo de aprovechamiento circular no es posible sin la cooperación de la ciudadanía. Los bogotanos, además de disponer de forma adecuada los residuos, deben comprometerse a separarlos desde su hogar, para que sea más fácil su disposición. En efecto, gran parte del futuro depende de lo que decida la CRA, pero, sin importar el modelo, Bogotá no podrá enfrentar la crisis sin una población más comprometida y con una cultura apropiada sobre el tratamiento de sus residuos.
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Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
