El pleito entre la Universidad de Cundinamarca y la Nación

En los últimos años, la Universidad de Cundinamarca ha dejado de invertir valiosos recursos en sus alumnos. La comunidad académica ha crecido a tal punto que hoy cuenta con 13.901 estudiantes, 248 % más de los que tenía hace 24 años. No obstante, sus recursos no han crecido al mismo ritmo de su comunidad académica. Un dato que refleja la situación: mientras en 1993 se invertían anualmente hasta 5,6 salarios mínimos por alumno ($4 millones hoy), el año pasado apenas se invirtieron 1,7 salarios mínimos. Esto afecta no solo la posibilidad de mejorar su infraestructura, sino la calidad académica.

Este panorama llevó a las directivas de la institución a emprender una batalla jurídica contra la Nación. La razón: sostienen que la actual situación es un efecto dominó que comenzó en los años 1993 y 1994, en los que los ministerios de Hacienda y de Educación dejaron de transferirle recursos a la universidad para su sostenimiento. Eso no solo abrió un hueco en sus finanzas, sino que afectó el aumento anual en las partidas asignadas a la institución. La primera consecuencia fue un déficit de $1.850 millones para el pago de nómina.

Las dificultades se sintieron con más fuerza en 2012. Ese año los estudiantes protestaron al conocer la modificación del plan de estudios, el recorte en la intensidad horaria y la reducción en la cantidad de profesores de planta. La Universidad vio rezagado su paso a la acreditación de alta calidad y su expansión al resto del departamento. Ahora sus directivas están en una cruzada para recuperar parte de este patrimonio para la institución.

Para hacerlo, presentaron una acción popular contra los ministerios de Hacienda y Educación, en la que le piden a un juez que le ordene a la Nación rembolsar a la institución al menos $114.700 millones, correspondientes a las transferencias que no se hicieron en 1993 y 1994. Además “encontramos que en 1992 el promedio de aporte fue de $7.000 millones por universidad y nosotros en 1995 recibimos $562 millones, lo que representa un desbalance grave, ya que ese monto se ha mantenido en los últimos años y solo se han hecho unas actualizaciones monetarias”, asegura Guillermo Ernesto Polanco, vocero de la universidad.

Las solicitudes puntuales de la institución son tres: la primera es que se proteja el servicio público de educación, ya que la Nación no ha tenido en cuenta factores como cobertura, las necesidades de la institución en la región, la nómina, ni el actual proceso de acreditación.

La segunda es la defensa de su patrimonio, pues el no haber recibido transferencias en 1993 y 1994, no solo representó un desbalance, sino que influyó desde ese año en el reajuste anual de las transferencias que hace el Estado. De acuerdo con Polanco, ese bache llevó a que el monto de los recursos hoy esté desactualizado. Por eso piden revisión de los recursos que asigna la Nación a la Universidad de Cundinamarca y que las transferencias sean mayores a $60.764 millones y no los casi $25.000 millones que reciben actualmente. De no lograrlo, dicen las directivas, se hace insostenible mantener una comunidad de 13.901 estudiantes

Por último, le piden al Estado velar por la moral administrativa, es decir, por las afectaciones que han sufrido por la falta de recursos. Por ello solicitan subir la base de transferencia para que se pueda cumplir con las necesidades de calidad e infraestructura del centro educativo.

El proceso

La acción popular ya está en marcha. La semana pasada se adelantó una audiencia pública, sin mayores acuerdos. Los ministerios rechazaron la solicitud de la universidad alegando que las transferencias se hicieron conforme a la Ley 30 de educación, que se comenzó a aplicar en la institución en 1995, a pesar de que su creación fue tres años antes. Al no llegar a un acuerdo, las partes tendrán que presentarle al Tribunal de Cundinamarca sus alegatos, para que los magistrados tomen una decisión.

En la Universidad están confiados en que se embarcaron en una justa lucha. Incluso, ya ganaron una batalla. En 2011, la institución también adelantó una acción popular contra la Gobernación. Esto debido a que a finales de los años 90 el departamento no hizo el aumento correspondiente a las transferencias que le hacía a la institución, lo que representó un detrimento por $174.000 millones. En esa oportunidad, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio la razón y obligó a la Gobernación, en un plazo no mayor a cinco años, a responderle a la Universidad por el dinero que le dejó de transferir. Para saldar la deuda, tanto las directivas de la institución educativa como el departamento llegaron a un acuerdo: entregaron diferentes predios en la región para la construcción de nuevas sedes y se comprometió a entregar $16.700 millones a través de las transacciones anuales. La deuda se saldó en 2016.

Si las condiciones se dan, como lo espera la Universidad, antes de que finalice el año podrían conocer un fallo. De ser favorable para la institución, esperan con el dinero financiar la formación docente a nivel doctoral, convocar mayor número de profesores de planta, invertir en investigación, fortalecer los laboratorios y bibliotecas, así como pensar en la internacionalización y mejoramiento de la infraestructura. De perder, no les quedará otra opción que buscar alternativas para hacer viable una universidad con menos alumnos.

En los últimos años, la Universidad de Cundinamarca ha dejado de invertir valiosos recursos en sus alumnos. La comunidad académica ha crecido a tal punto que hoy cuenta con 13.901 estudiantes, 248 % más de los que tenía hace 24 años. No obstante, sus recursos no han crecido al mismo ritmo de su comunidad académica. Un dato que refleja la situación: mientras en 1993 se invertían anualmente hasta 5,6 salarios mínimos por alumno ($4 millones hoy), el año pasado apenas se invirtieron 1,7 salarios mínimos. Esto afecta no solo la posibilidad de mejorar su infraestructura, sino la calidad académica.

Este panorama llevó a las directivas de la institución a emprender una batalla jurídica contra la Nación. La razón: sostienen que la actual situación es un efecto dominó que comenzó en los años 1993 y 1994, en los que los ministerios de Hacienda y de Educación dejaron de transferirle recursos a la universidad para su sostenimiento. Eso no solo abrió un hueco en sus finanzas, sino que afectó el aumento anual en las partidas asignadas a la institución. La primera consecuencia fue un déficit de $1.850 millones para el pago de nómina.

Las dificultades se sintieron con más fuerza en 2012. Ese año los estudiantes protestaron al conocer la modificación del plan de estudios, el recorte en la intensidad horaria y la reducción en la cantidad de profesores de planta. La Universidad vio rezagado su paso a la acreditación de alta calidad y su expansión al resto del departamento. Ahora sus directivas están en una cruzada para recuperar parte de este patrimonio para la institución.

Para hacerlo, presentaron una acción popular contra los ministerios de Hacienda y Educación, en la que le piden a un juez que le ordene a la Nación rembolsar a la institución al menos $114.700 millones, correspondientes a las transferencias que no se hicieron en 1993 y 1994. Además “encontramos que en 1992 el promedio de aporte fue de $7.000 millones por universidad y nosotros en 1995 recibimos $562 millones, lo que representa un desbalance grave, ya que ese monto se ha mantenido en los últimos años y solo se han hecho unas actualizaciones monetarias”, asegura Guillermo Ernesto Polanco, vocero de la universidad.

Las solicitudes puntuales de la institución son tres: la primera es que se proteja el servicio público de educación, ya que la Nación no ha tenido en cuenta factores como cobertura, las necesidades de la institución en la región, la nómina, ni el actual proceso de acreditación.

La segunda es la defensa de su patrimonio, pues el no haber recibido transferencias en 1993 y 1994, no solo representó un desbalance, sino que influyó desde ese año en el reajuste anual de las transferencias que hace el Estado. De acuerdo con Polanco, ese bache llevó a que el monto de los recursos hoy esté desactualizado. Por eso piden revisión de los recursos que asigna la Nación a la Universidad de Cundinamarca y que las transferencias sean mayores a $60.764 millones y no los casi $25.000 millones que reciben actualmente. De no lograrlo, dicen las directivas, se hace insostenible mantener una comunidad de 13.901 estudiantes

Por último, le piden al Estado velar por la moral administrativa, es decir, por las afectaciones que han sufrido por la falta de recursos. Por ello solicitan subir la base de transferencia para que se pueda cumplir con las necesidades de calidad e infraestructura del centro educativo.

El proceso

La acción popular ya está en marcha. La semana pasada se adelantó una audiencia pública, sin mayores acuerdos. Los ministerios rechazaron la solicitud de la universidad alegando que las transferencias se hicieron conforme a la Ley 30 de educación, que se comenzó a aplicar en la institución en 1995, a pesar de que su creación fue tres años antes. Al no llegar a un acuerdo, las partes tendrán que presentarle al Tribunal de Cundinamarca sus alegatos, para que los magistrados tomen una decisión.

En la Universidad están confiados en que se embarcaron en una justa lucha. Incluso, ya ganaron una batalla. En 2011, la institución también adelantó una acción popular contra la Gobernación. Esto debido a que a finales de los años 90 el departamento no hizo el aumento correspondiente a las transferencias que le hacía a la institución, lo que representó un detrimento por $174.000 millones. En esa oportunidad, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio la razón y obligó a la Gobernación, en un plazo no mayor a cinco años, a responderle a la Universidad por el dinero que le dejó de transferir. Para saldar la deuda, tanto las directivas de la institución educativa como el departamento llegaron a un acuerdo: entregaron diferentes predios en la región para la construcción de nuevas sedes y se comprometió a entregar $16.700 millones a través de las transacciones anuales. La deuda se saldó en 2016.

Si las condiciones se dan, como lo espera la Universidad, antes de que finalice el año podrían conocer un fallo. De ser favorable para la institución, esperan con el dinero financiar la formación docente a nivel doctoral, convocar mayor número de profesores de planta, invertir en investigación, fortalecer los laboratorios y bibliotecas, así como pensar en la internacionalización y mejoramiento de la infraestructura. De perder, no les quedará otra opción que buscar alternativas para hacer viable una universidad con menos alumnos.