El pleito por los carros del aseo

A los bogotanos, mal que bien, los camiones de basura les recogen hoy sus bolsas de desechos sin mayores contratiempos, dos años y medio después de que el alcalde Gustavo Petro echara a andar, con muchos traumatismos, el nuevo esquema de operación. Parece haber calma, pero en los tribunales persiste una disputa entre el Distrito y los operadores privados, la cual tiene como eje los vehículos con que éstos operan. El movimiento más reciente lo dio a conocer Petro en su cuenta de Twitter: la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que obliga a Atesa a pagar casi $7.000 millones a la Alcaldía.

La historia es parcialmente conocida: las empresas Lime, Ciudad Limpia, Atesa y Aseo Capital operaron hasta diciembre de 2012 mediante contratos de concesión, en los que les asignaron zonas de la ciudad para que cada una prestara el servicio de recolección de basuras. A su llegada, el alcalde pretendió montar un esquema cuya operación estuviera a cargo de un solo operador público, y para ello contaba con los vehículos que usaban los privados, pero estos argumentaron que, desde que les adjudicaron los contratos en 2003, nunca estuvieron obligados a entregarlos. Como no llegaron a un acuerdo, el Distrito liquidó unilateralmente los contratos de los operadores y les cobró en dinero lo equivalente al avalúo que hizo de sus vehículos.

A Atesa le cobró $6.983 millones; a Aseo Capital, $12.647 millones, y a Lime, $8.928 millones. Con Ciudad Limpia logró liquidación bilateral, pero las diferencias persisten. La pretensión global es por unos $32.000 millones que el Distrito espera recibir por lo que técnicamente se llama reversión de los vehículos.

Después de que el alcalde trinó el viernes pasado, El Espectador constató que el pleito se ha dividido en dos partes: en el Tribunal Administrativo cursan los procesos ejecutivos por medio de los cuales la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), que actúa en nombre del Distrito, exige los pagos. La primera decisión fue el auto que le ordenó pagar a Atesa y se esperan los pronunciamientos de esa corporación sobre las demás empresas. Ilva Herrera, directora de la Uaesp, considera que con ese precedente la justicia comenzó a darles la razón para exigir la reversión de los vehículos o su equivalente en dinero. Petro incluso habló de una condena. Pero condena no hay. Aunque los autos deben acatarse, no son equiparables con fallos que decidan de fondo la controversia entre la Alcaldía y las empresas.

La estrategia de Lime, Aseo Capital y Ciudad Limpia fue llevar la discusión a un tribunal de arbitramento para que emita una decisión de fondo, y el primer laudo apenas se conocerá en septiembre. Confían en que, así el Tribunal Administrativo les ordene pagar, una decisión de los árbitros a su favor implicará poder recuperar su dinero.

La discusión sobre la reversión de los camiones es densa, pero puede resumirse así: los privados se niegan a devolverlos (o a pagar lo equivalente al avalúo) porque las concesiones que les adjudicaron no contemplaban una cláusula que así lo indicara. Se basan, entre otros conceptos, en los de los gobiernos anteriores al de Petro, en los que las áreas jurídicas indicaron que no había lugar a esa medida. La Uaesp argumenta que esos vehículos fueron adquiridos con dinero que los operadores obtuvieron vía tarifa, es decir, que los pagaron los ciudadanos, así que a la hora de liquidar los contratos los carros deben pasar al dominio público.

El Espectador conoció un concepto que en marzo de 2012 rindió la firma Negret y Asociados, asesora jurídica de la Uaesp, en el que concluye que “no existe uniformidad de criterio jurídico” sobre la reversión de los vehículos y agrega que esto puede hacerse sólo si se demuestra que las empresas adquirieron los carros con recursos de tarifas y no propios.

Los avalúos también generan discordia, al menos para Aseo Capital y Lime. Este diario accedió a un documento en el que, en el caso de la primera empresa, un avaluador estima el costo de los vehículos en unos $3.000 millones y no en los $12.000 millones que pide el Distrito. Para Lime el cálculo es, a 2014, de $3.200 millones, cuando el cobro es por $8.900 millones. La diferencia, se indica allí, es que el avaluador de la Uaesp se basó en documentos y no inspeccionó los carros. La empresa pública ha indicado en otros conceptos que las empresas no se lo permitieron.

La directora de la Uaesp dice desconocer esos nuevos cálculos. Además critica que los hayan llevado ante un tribunal de arbitramento, pues consideran que el juez natural en estos casos es la justicia administrativa. Cree, de todas formas, que allí les darán la razón. “Lo más llamativo”, agrega, “es que las empresas piden que les reconozcamos unos valores, cuando es claro que quienes no han hecho la reversión son ellas”. Dos años y medio después, el pleito está vivo.

A los bogotanos, mal que bien, los camiones de basura les recogen hoy sus bolsas de desechos sin mayores contratiempos, dos años y medio después de que el alcalde Gustavo Petro echara a andar, con muchos traumatismos, el nuevo esquema de operación. Parece haber calma, pero en los tribunales persiste una disputa entre el Distrito y los operadores privados, la cual tiene como eje los vehículos con que éstos operan. El movimiento más reciente lo dio a conocer Petro en su cuenta de Twitter: la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que obliga a Atesa a pagar casi $7.000 millones a la Alcaldía.

La historia es parcialmente conocida: las empresas Lime, Ciudad Limpia, Atesa y Aseo Capital operaron hasta diciembre de 2012 mediante contratos de concesión, en los que les asignaron zonas de la ciudad para que cada una prestara el servicio de recolección de basuras. A su llegada, el alcalde pretendió montar un esquema cuya operación estuviera a cargo de un solo operador público, y para ello contaba con los vehículos que usaban los privados, pero estos argumentaron que, desde que les adjudicaron los contratos en 2003, nunca estuvieron obligados a entregarlos. Como no llegaron a un acuerdo, el Distrito liquidó unilateralmente los contratos de los operadores y les cobró en dinero lo equivalente al avalúo que hizo de sus vehículos.

A Atesa le cobró $6.983 millones; a Aseo Capital, $12.647 millones, y a Lime, $8.928 millones. Con Ciudad Limpia logró liquidación bilateral, pero las diferencias persisten. La pretensión global es por unos $32.000 millones que el Distrito espera recibir por lo que técnicamente se llama reversión de los vehículos.

Después de que el alcalde trinó el viernes pasado, El Espectador constató que el pleito se ha dividido en dos partes: en el Tribunal Administrativo cursan los procesos ejecutivos por medio de los cuales la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), que actúa en nombre del Distrito, exige los pagos. La primera decisión fue el auto que le ordenó pagar a Atesa y se esperan los pronunciamientos de esa corporación sobre las demás empresas. Ilva Herrera, directora de la Uaesp, considera que con ese precedente la justicia comenzó a darles la razón para exigir la reversión de los vehículos o su equivalente en dinero. Petro incluso habló de una condena. Pero condena no hay. Aunque los autos deben acatarse, no son equiparables con fallos que decidan de fondo la controversia entre la Alcaldía y las empresas.

La estrategia de Lime, Aseo Capital y Ciudad Limpia fue llevar la discusión a un tribunal de arbitramento para que emita una decisión de fondo, y el primer laudo apenas se conocerá en septiembre. Confían en que, así el Tribunal Administrativo les ordene pagar, una decisión de los árbitros a su favor implicará poder recuperar su dinero.

La discusión sobre la reversión de los camiones es densa, pero puede resumirse así: los privados se niegan a devolverlos (o a pagar lo equivalente al avalúo) porque las concesiones que les adjudicaron no contemplaban una cláusula que así lo indicara. Se basan, entre otros conceptos, en los de los gobiernos anteriores al de Petro, en los que las áreas jurídicas indicaron que no había lugar a esa medida. La Uaesp argumenta que esos vehículos fueron adquiridos con dinero que los operadores obtuvieron vía tarifa, es decir, que los pagaron los ciudadanos, así que a la hora de liquidar los contratos los carros deben pasar al dominio público.

El Espectador conoció un concepto que en marzo de 2012 rindió la firma Negret y Asociados, asesora jurídica de la Uaesp, en el que concluye que “no existe uniformidad de criterio jurídico” sobre la reversión de los vehículos y agrega que esto puede hacerse sólo si se demuestra que las empresas adquirieron los carros con recursos de tarifas y no propios.

Los avalúos también generan discordia, al menos para Aseo Capital y Lime. Este diario accedió a un documento en el que, en el caso de la primera empresa, un avaluador estima el costo de los vehículos en unos $3.000 millones y no en los $12.000 millones que pide el Distrito. Para Lime el cálculo es, a 2014, de $3.200 millones, cuando el cobro es por $8.900 millones. La diferencia, se indica allí, es que el avaluador de la Uaesp se basó en documentos y no inspeccionó los carros. La empresa pública ha indicado en otros conceptos que las empresas no se lo permitieron.

La directora de la Uaesp dice desconocer esos nuevos cálculos. Además critica que los hayan llevado ante un tribunal de arbitramento, pues consideran que el juez natural en estos casos es la justicia administrativa. Cree, de todas formas, que allí les darán la razón. “Lo más llamativo”, agrega, “es que las empresas piden que les reconozcamos unos valores, cuando es claro que quienes no han hecho la reversión son ellas”. Dos años y medio después, el pleito está vivo.