El problema de los taxis piratas

Cuando el ex alcalde Jaime Castro, en el período de 1992-1994, decidió congelar el parque automotor de taxis en Bogotá, la administración distrital estimaba que había unos 30.000 de éstos circulando por las calles de la capital. Más de quince años después, la Secretaría de Movilidad y el representante de la compañía de transporte Taxis Libres, Uldarico Peña, coinciden en que hay 49.847 rodando por Bogotá. Pese al congelamiento, ingresaron más de 19.000 automotores y hoy ni siquiera se sabe a ciencia cierta cuántos de éstos transitan en condición de ilegalidad.

Y es que, aunque suene extraño, no todos los taxis que ingresaron tras la congelación son ilegales. Muchos lo hicieron de manera fraudulenta, pero hoy están en condición de legalidad. Lo sabe Orlando Herrán, director del Sindicato Nacional de Choferes, quien asegura que para la asignación de un cupo de taxi se requiere autorización administrativa de la Secretaría de Tránsito (hoy de Movilidad), de lo cual se infiere que la autoridad de tránsito facilitó y autorizó irregularmente el ingreso de nuevos taxis, violando la norma que congeló el parque automotor”.

Pero el problema para los taxistas no es sólo por aquellos colegas que ingresaron al negocio valiéndose de artilugios. Los taxis especiales (los blancos, que prestan servicio a los hoteles) y los vehículos particulares que prestan servicio de transporte a las afueras de los supermercados se les volvieron competencia. Y no son muy fáciles de identificar para las autoridades.

Herrán también reconoce que las empresas afiliadoras de taxis en Bogotá no tienen suficientes medidas de control para inspeccionar la venta de cupos ilegales.

Dado que los ingresos de las empresas afiliadoras depende directamente del número de taxis que tengan afiliados (cobrando un promedio de $50.000 mensuales por cada uno), existe un carrusel que, a juicio de Herrán, promueve el ingreso de taxis “en cualquier forma, legal o irregular, para incrementar sus utilidades”. Una de las afiliadoras más grandes es Taxi Aeropuerto / Taxis Libres, que tiene 14.000 afiliados, todos ellos legales.

Ante semejante problema, la Secretaría de Movilidad contrató hace tres años con el consorcio Servicios Integrales para la Movilidad (SIM) un censo sobre taxis ilegales en la ciudad, que costó alrededor de $5.000 millones, de los cuales el Distrito adelantó $3.200 millones. La idea era comprar un sistema basado en “chips” instalables en el automotor para identificar los vehículos.

Meses después la Personaría de Bogotá abrió pliego de cargos contra el ex secretario de Movilidad Luis Bernardo Villegas y la ex subsecretaria Galia Dobreva, por el contrato con el SIM y por no hacer algunos estudios previos al censo. Al Sindicato de Choferes también le quedaron dudas, especialmente sobre el cumplimiento de su objetivo: aún no se sabe cuántos son los taxis piratas.

Para la Secretaría de Movilidad, la licitación cumplió las políticas de contratación pública. La entidad asegura que el censo se hizo con el Dispositivo de Identificación Electrónica (DIE), tal y como estaba planeado, y que gracias a éste la policía de tránsito tiene un control efectivo para esta modalidad de transporte.

Entre tanto, el caos en las calles de la ciudad continúa. Los pasajeros se siguen quejando y los taxistas alegan que la demanda se redujo por el ingreso desmedido de vehículos que ofrecen el servicio. “Cada vez se ingenian más formas para evadir los controles de las autoridades, perjudicando a quienes trabajamos con los parámetros de la Secretaría de Movilidad”, alegó Jaime Hernández Acosta, taxista que desde hace 24 años trabaja en las calles de la capital.

La Secretaría de Movilidad, en asocio con la Policía Metropolitana de Bogotá, conformó un grupo especializado y exclusivo para el control diario a los prestadores del servicio público terrestre individual. Una de sus funciones es hacer recomendaciones para evitar que la problemática se agudice. Entre sus consejos más comunes a la ciudadanía están no utilizar el servicio particular como servicio público de transporte; corroborar que la placa del automotor sea de Bogotá y que posea el respectivo taxímetro con medida en unidades confrontable con la tabla, que debe estar visible y a disposición del pasajero; y denunciar cualquier irregularidad en el servicio a la línea 123.

Eso y revestirse de paciencia en la batalla diaria del transporte público son los caminos que les quedan a los bogotanos, mientras se encuentra una solución para la piratería de taxis. Y claro, antes hay que saber cuántos de ellos son los ilegales.