‘El que no la debe no la teme, este Gobierno es el que ha salvado La Conejera’

Luego de que la Fiscalía adelantara una visita a la construcción del conjunto Fontanar del Río etapa III, que se adelanta junto al humedal La Conejera, ubicado en la localidad de Suba, con el objetivo de esclarecer el tema, con relación a si genera posibles daños ambientales, y determinar si en el proyecto, que adelanta la firma Praga Servicios Inmobiliarios S.A., están involucrados familiares políticos del alcalde Gustavo Petro, el mandatario bogotano dijo tras conocer la investigación preliminar “que el que nada debe no la teme”.

Petro explicó que “este gobierno es el que ha salvado La Conejera, y el sustento de esa afirmación es impedir una obra como la ALO y disponer 200 mil millones de pesos, que es un inversión para salvar el humedal y la Reserva Forestal del Norte (…) el dinero no ha podido invertirse aún porque la Procuraduría lo ha impedido objetando la conciliación con la CAR. ¿Por qué? ¿Qué de negativo tenía que el Estado pudiera comprarle a unos particulares una tierra que, jurídicamente, tiene como destino sembrar árboles, pero que esos particulares quisieran construir edificios?”.

“Si se trata de salvar La Conejera, esta administración puso 200 mil millones, impide la ALO y quiere hacer la reserva forestal más grande del mundo en una ciudad, y tiene la plata para hacerlo, pero un funcionario público lo ha impedido, que es el delegado del Procurador”, agregó.

Este lunes un grupo de la Fiscalía, integrado por dos fiscales de medio ambiente, tres ingenieros y dos químicos, recaudó evidencias para corroborar los posibles daños al humedal y determinar si los encargados de la obra realmente son Juan Carlos Alcocer, cuñado del alcalde, y otros familiares políticos del mandatario.

Al respecto, la secretaria de Ambiente, Susana Muhamad, ha dicho que la Administración Distrital ha actuado bajo la norma, pese al desacuerdo en construcciones cerca de humedales.

Petro insiste que su Gobierno sí que ha cuidado el humedal argumentando que durante su gestión se determinó no construir la Avenida Longitudinal de Occidente, ALO. “Esta avenida no pasará por encima de La Conejera y los terrenos comprados en el costado norte de La Conejera, con destino a la ALO, ahora son un gran bosque, tienen más de 10 mil árboles sembrados, que además, siendo bosque nativo, han logrado ampliar el último bosque nativo que quedaba en la Sabana de Bogotá, que es el bosque Las Mercedes, que contaba con 8 hectáreas, pero hoy ya tenemos cerca de 40 hectáreas de bosque nativo sembradas allí”.

Por su parte, Muhamad ha insistido en que “Estamos 100% seguros de que la licencia para esta obra no invade la zanja del humedal. Hicimos verificaciones topográficas con coordenadas en terreno. No nos cabe duda de que la licencia se expidió de forma legal”.

El 16 de noviembre, Petro se declaró impedido en este caso al reconocer que efectivamente su cuñado es el presidente de la constructora que lleva a cabo el proyecto. En ese momento agregó que si una construcción está dentro del área de humedales previamente definidas por normas que no hizo su alcaldía, debía ser destruida.

Luego de que la Fiscalía adelantara una visita a la construcción del conjunto Fontanar del Río etapa III, que se adelanta junto al humedal La Conejera, ubicado en la localidad de Suba, con el objetivo de esclarecer el tema, con relación a si genera posibles daños ambientales, y determinar si en el proyecto, que adelanta la firma Praga Servicios Inmobiliarios S.A., están involucrados familiares políticos del alcalde Gustavo Petro, el mandatario bogotano dijo tras conocer la investigación preliminar “que el que nada debe no la teme”.

Petro explicó que “este gobierno es el que ha salvado La Conejera, y el sustento de esa afirmación es impedir una obra como la ALO y disponer 200 mil millones de pesos, que es un inversión para salvar el humedal y la Reserva Forestal del Norte (…) el dinero no ha podido invertirse aún porque la Procuraduría lo ha impedido objetando la conciliación con la CAR. ¿Por qué? ¿Qué de negativo tenía que el Estado pudiera comprarle a unos particulares una tierra que, jurídicamente, tiene como destino sembrar árboles, pero que esos particulares quisieran construir edificios?”.

“Si se trata de salvar La Conejera, esta administración puso 200 mil millones, impide la ALO y quiere hacer la reserva forestal más grande del mundo en una ciudad, y tiene la plata para hacerlo, pero un funcionario público lo ha impedido, que es el delegado del Procurador”, agregó.

Este lunes un grupo de la Fiscalía, integrado por dos fiscales de medio ambiente, tres ingenieros y dos químicos, recaudó evidencias para corroborar los posibles daños al humedal y determinar si los encargados de la obra realmente son Juan Carlos Alcocer, cuñado del alcalde, y otros familiares políticos del mandatario.

Al respecto, la secretaria de Ambiente, Susana Muhamad, ha dicho que la Administración Distrital ha actuado bajo la norma, pese al desacuerdo en construcciones cerca de humedales.

Petro insiste que su Gobierno sí que ha cuidado el humedal argumentando que durante su gestión se determinó no construir la Avenida Longitudinal de Occidente, ALO. “Esta avenida no pasará por encima de La Conejera y los terrenos comprados en el costado norte de La Conejera, con destino a la ALO, ahora son un gran bosque, tienen más de 10 mil árboles sembrados, que además, siendo bosque nativo, han logrado ampliar el último bosque nativo que quedaba en la Sabana de Bogotá, que es el bosque Las Mercedes, que contaba con 8 hectáreas, pero hoy ya tenemos cerca de 40 hectáreas de bosque nativo sembradas allí”.

Por su parte, Muhamad ha insistido en que “Estamos 100% seguros de que la licencia para esta obra no invade la zanja del humedal. Hicimos verificaciones topográficas con coordenadas en terreno. No nos cabe duda de que la licencia se expidió de forma legal”.

El 16 de noviembre, Petro se declaró impedido en este caso al reconocer que efectivamente su cuñado es el presidente de la constructora que lleva a cabo el proyecto. En ese momento agregó que si una construcción está dentro del área de humedales previamente definidas por normas que no hizo su alcaldía, debía ser destruida.