El relato de Danilo

Danilo Suárez está sentado en una cafetería en el centro de Bogotá, es moreno, alto, tiene puesta una gorra que cubre su cabeza, rapada por militares hace poco. Está ahí para contar que fue víctima de una batida ilegal del Ejército. Su cara, diría cualquiera, es la de un ‘peladito’ nervioso. Confiesa que les teme a las armas. Tanto que prometió quitarse la vida si no lo soltaban de un batallón. Su papá entendió la seriedad de la amenaza y se movió hasta que su hijo regresó a casa. Su testimonio es valioso para entender lo que están viviendo cientos de jóvenes humildes para quienes el servicio militar sí es obligatorio, pero no quieren ser parte de esta guerra.

“Papeles”, le pidió un militar del Ejército. Suárez entregó su cédula y explicó que aún no tenía la libreta, pero que no quería prestar servicio. Sin preguntar más información, el militar le ordenó subir a un camión que estaba parqueado, a pocas cuadras de su casa, en el barrio Jerusalén Tres Esquinas, de Ciudad Bolívar. Sucedió el viernes 8 de agosto a las 9:30 p.m.

“Forcejearon conmigo hasta que llegaron dos soldados más, uno de ellos me tapó la boca para que no gritara, el otro me pegó una patada en la espalda. No pude resistirme”, dice el joven. Suárez validó el bachillerato, pero no se había inscrito aún para definir su situación militar. Por lo tanto, de acuerdo con la sentencia C-879 de 2011 de la Corte Constitucional, no era remiso y solo podía ser retenido por militares de manera momentánea mientras se verificaba su situación y se inscribía. En cambio, lo llevaron al Batallón de Mantenimiento, en el barrio 20 de Julio. “Esa noche aguantamos frío. Nos acostaron en el piso, sobre cartones. Al otro día revisaron que no tuviéramos lesiones a la vista. Mi papá fue a visitarme, le mostré el golpe que tenía en la espalda y un teniente me entró y no me dejó despedirme”.

El domingo 10 de agosto, a las 9:30 a.m., Danilo y 20 jóvenes más fueron declarados aptos. “Un bus de la empresa La Macarena llegó hasta el batallón. Nos sacaron para San José del Guaviare. Viajamos todo el día. Llegamos el lunes a las 4:30 a.m.”. Contó que en el grupo había algunos que sí querían incorporarse al Ejército, porque decían que estaban perdidos en la calle, pero la mayoría no, porque estaban trabajando en Bogotá y no querían irse lejos de sus familias y sin remuneración alguna.

A la mañana siguiente los llevaron a Calamar, Guaviare, por tierra. Los montaron en los platones de varias camionetas Chevrolet Luv y les recomendaron que si los paraba la guerrilla dijeran que iban de paseo. Calamar es un pueblo de 120 mil habitantes, con fuerte influencia guerrillera a su alrededor y presencia militar. Llegaron al batallón General Luis Carlos Camacho Leyva en la madrugada. Al día siguiente los raparon a todos y les dieron un chigüiro, como se conocen los uniformes rotos que ya han sido utilizados por otros soldados.

Danilo Suárez llamó a su papá y le dijo que si no lo sacaba se iba a quitar la vida. De verdad lo pensó cuando lo pusieron a desyerbar: “más de uno pensó en matarse con el veneno de los caracoles africanos”, revela, y dice que otro compañero reclutado con él intentó cortarse las venas con un alfiler, pero lo detuvieron. “Era desplazado y tenía un hijo”, afirma.

Tampoco olvida las imágenes de dos películas que les pusieron: soldados mutilados con minas antipersonas, centinelas que se quedaban dormidos y amanecían degollados, militares baleados. Imágenes para que “hicieran caso cuando estuvieran en el área”.

En ejercicios físicos, labores de aseo y malos tratos se pasaban las horas. Al tercer día, cuando pensó que no iba a soportar más, le dieron la noticia de que se podía ir. Su padre, Germán Suárez, buscó ayuda con la edilesa de San Cristóbal Edith Parada, para interponer un hábeas corpus contra la detención arbitraria que sufrió su hijo. Así lo reconoció el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas de Bogotá: “Si bien la detención inicial de Danilo Suárez no era ilegal, sí la prolongación de la privación de libertad, por tanto, se observa procedente su protección mediante la orden inmediata de su liberación”.

Eso dijo el fallo, que también reconoció que esta forma de reclutamiento es una “costumbre que ya debería ser erradicada” y por eso no compulsó copias para investigar al comandante del distrito militar que reclutó a Suárez. Esa “costumbre” explicaría, en parte, por qué cuando le informaron a este joven que podía irse no le contaron cuál fue el veredicto del juzgado. Simplemente le dijeron que se largara, le dieron un permiso de salida sin fecha de regreso y $20.000 para que llegara como pudiera a Bogotá, a más de 14 horas de viaje.

“Salí caminando al pueblo, tenía miedo de que algún guerrillero pensara que era soldado. Me habían dicho que cogiera un bus para San José, al conductor le pedí que me dejara encaletarme. Casi no me venden el pasaje porque no tenía cédula. Llegué el domingo a las 3:00 a.m. a Bogotá y eché pata una hora hasta mi casa”.

Esta semana, Danilo Suárez empezó el proceso para declararse objetor de conciencia al servicio militar obligatorio, con ayuda de la edilesa Parada y el Comité Permanente por la Defensa de los DD.HH., quienes ya han presentado recursos jurídicos para liberar a 15 jóvenes enlistados tras batidas en Bogotá. Mientras eso avanza, Suárez solo busca recuperar su cédula, que está en poder del Ejército.

En medio de otras denuncias como esta, el Ejército dio a conocer esta semana una nueva plataforma virtual: www.libretamilitar.mil, “que permitirá realizar en cualquier momento y en cualquier lugar algunos trámites como la inscripción, consulta del estado, pago y expedición de certificados de los jóvenes que están definiendo su situación militar”.

Para la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia (Acooc), la plataforma es vista como un avance importante: “De entrada quita el pretexto a los efectivos de reclutamiento de conducir a los jóvenes a los batallones para definir su situación militar y, por tanto, debería ayudar a garantizar que las detenciones arbitrarias no se presenten más”, dice Diego Carreño, vocero de Acooc.

La preocupación de fondo es que no se capacite al personal que realiza los operativos sobre esta medida. La Defensoría del Pueblo, en las inspecciones que hizo a jornadas de reclutamiento de abril y mayo de 2014, ha podido constatar el desconocimiento de la sentencia que prohibió las batidas ilegales y la libre interpretación que de la misma hacen estos uniformados. de reclutamiento.

A esto se suma el problema de fondo que, como se ha planteado, tiene que ver con las altas cuotas anuales de reclutamiento (80.000 jóvenes para 2014), que presionan resultados sin importar que para ello se cometan irregularidades. Metas que contrastan con el cada vez menor interés de los jóvenes a presentarse voluntariamente al servicio militar, porque no ven aquí un camino que cumpla sus expectativas, como lo reconoció el propio director nacional de Reclutamiento, coronel Pedro Prieto.

Hay que aterrizar el discurso en la realidad. Lograr que en los barrios pobres de Bogotá, en las regiones apartadas donde internet es un lujo y no hay plataformas que valgan, no haya ningún uniformado que obligue a un joven, que está empezando a definir su situación militar, a enlistarse al Ejército tras detenerlo en una batida. Ese es el gran desafío. De no ser así, al menos se deberán aplicar sanciones disciplinarias y penales para que esta lamentable “costumbre” no se siga practicando.

nherrera@elespectador.com

@Natal1aH

Danilo Suárez está sentado en una cafetería en el centro de Bogotá, es moreno, alto, tiene puesta una gorra que cubre su cabeza, rapada por militares hace poco. Está ahí para contar que fue víctima de una batida ilegal del Ejército. Su cara, diría cualquiera, es la de un ‘peladito’ nervioso. Confiesa que les teme a las armas. Tanto que prometió quitarse la vida si no lo soltaban de un batallón. Su papá entendió la seriedad de la amenaza y se movió hasta que su hijo regresó a casa. Su testimonio es valioso para entender lo que están viviendo cientos de jóvenes humildes para quienes el servicio militar sí es obligatorio, pero no quieren ser parte de esta guerra.

“Papeles”, le pidió un militar del Ejército. Suárez entregó su cédula y explicó que aún no tenía la libreta, pero que no quería prestar servicio. Sin preguntar más información, el militar le ordenó subir a un camión que estaba parqueado, a pocas cuadras de su casa, en el barrio Jerusalén Tres Esquinas, de Ciudad Bolívar. Sucedió el viernes 8 de agosto a las 9:30 p.m.

“Forcejearon conmigo hasta que llegaron dos soldados más, uno de ellos me tapó la boca para que no gritara, el otro me pegó una patada en la espalda. No pude resistirme”, dice el joven. Suárez validó el bachillerato, pero no se había inscrito aún para definir su situación militar. Por lo tanto, de acuerdo con la sentencia C-879 de 2011 de la Corte Constitucional, no era remiso y solo podía ser retenido por militares de manera momentánea mientras se verificaba su situación y se inscribía. En cambio, lo llevaron al Batallón de Mantenimiento, en el barrio 20 de Julio. “Esa noche aguantamos frío. Nos acostaron en el piso, sobre cartones. Al otro día revisaron que no tuviéramos lesiones a la vista. Mi papá fue a visitarme, le mostré el golpe que tenía en la espalda y un teniente me entró y no me dejó despedirme”.

El domingo 10 de agosto, a las 9:30 a.m., Danilo y 20 jóvenes más fueron declarados aptos. “Un bus de la empresa La Macarena llegó hasta el batallón. Nos sacaron para San José del Guaviare. Viajamos todo el día. Llegamos el lunes a las 4:30 a.m.”. Contó que en el grupo había algunos que sí querían incorporarse al Ejército, porque decían que estaban perdidos en la calle, pero la mayoría no, porque estaban trabajando en Bogotá y no querían irse lejos de sus familias y sin remuneración alguna.

A la mañana siguiente los llevaron a Calamar, Guaviare, por tierra. Los montaron en los platones de varias camionetas Chevrolet Luv y les recomendaron que si los paraba la guerrilla dijeran que iban de paseo. Calamar es un pueblo de 120 mil habitantes, con fuerte influencia guerrillera a su alrededor y presencia militar. Llegaron al batallón General Luis Carlos Camacho Leyva en la madrugada. Al día siguiente los raparon a todos y les dieron un chigüiro, como se conocen los uniformes rotos que ya han sido utilizados por otros soldados.

Danilo Suárez llamó a su papá y le dijo que si no lo sacaba se iba a quitar la vida. De verdad lo pensó cuando lo pusieron a desyerbar: “más de uno pensó en matarse con el veneno de los caracoles africanos”, revela, y dice que otro compañero reclutado con él intentó cortarse las venas con un alfiler, pero lo detuvieron. “Era desplazado y tenía un hijo”, afirma.

Tampoco olvida las imágenes de dos películas que les pusieron: soldados mutilados con minas antipersonas, centinelas que se quedaban dormidos y amanecían degollados, militares baleados. Imágenes para que “hicieran caso cuando estuvieran en el área”.

En ejercicios físicos, labores de aseo y malos tratos se pasaban las horas. Al tercer día, cuando pensó que no iba a soportar más, le dieron la noticia de que se podía ir. Su padre, Germán Suárez, buscó ayuda con la edilesa de San Cristóbal Edith Parada, para interponer un hábeas corpus contra la detención arbitraria que sufrió su hijo. Así lo reconoció el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas de Bogotá: “Si bien la detención inicial de Danilo Suárez no era ilegal, sí la prolongación de la privación de libertad, por tanto, se observa procedente su protección mediante la orden inmediata de su liberación”.

Eso dijo el fallo, que también reconoció que esta forma de reclutamiento es una “costumbre que ya debería ser erradicada” y por eso no compulsó copias para investigar al comandante del distrito militar que reclutó a Suárez. Esa “costumbre” explicaría, en parte, por qué cuando le informaron a este joven que podía irse no le contaron cuál fue el veredicto del juzgado. Simplemente le dijeron que se largara, le dieron un permiso de salida sin fecha de regreso y $20.000 para que llegara como pudiera a Bogotá, a más de 14 horas de viaje.

“Salí caminando al pueblo, tenía miedo de que algún guerrillero pensara que era soldado. Me habían dicho que cogiera un bus para San José, al conductor le pedí que me dejara encaletarme. Casi no me venden el pasaje porque no tenía cédula. Llegué el domingo a las 3:00 a.m. a Bogotá y eché pata una hora hasta mi casa”.

Esta semana, Danilo Suárez empezó el proceso para declararse objetor de conciencia al servicio militar obligatorio, con ayuda de la edilesa Parada y el Comité Permanente por la Defensa de los DD.HH., quienes ya han presentado recursos jurídicos para liberar a 15 jóvenes enlistados tras batidas en Bogotá. Mientras eso avanza, Suárez solo busca recuperar su cédula, que está en poder del Ejército.

En medio de otras denuncias como esta, el Ejército dio a conocer esta semana una nueva plataforma virtual: www.libretamilitar.mil, “que permitirá realizar en cualquier momento y en cualquier lugar algunos trámites como la inscripción, consulta del estado, pago y expedición de certificados de los jóvenes que están definiendo su situación militar”.

Para la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia (Acooc), la plataforma es vista como un avance importante: “De entrada quita el pretexto a los efectivos de reclutamiento de conducir a los jóvenes a los batallones para definir su situación militar y, por tanto, debería ayudar a garantizar que las detenciones arbitrarias no se presenten más”, dice Diego Carreño, vocero de Acooc.

La preocupación de fondo es que no se capacite al personal que realiza los operativos sobre esta medida. La Defensoría del Pueblo, en las inspecciones que hizo a jornadas de reclutamiento de abril y mayo de 2014, ha podido constatar el desconocimiento de la sentencia que prohibió las batidas ilegales y la libre interpretación que de la misma hacen estos uniformados. de reclutamiento.

A esto se suma el problema de fondo que, como se ha planteado, tiene que ver con las altas cuotas anuales de reclutamiento (80.000 jóvenes para 2014), que presionan resultados sin importar que para ello se cometan irregularidades. Metas que contrastan con el cada vez menor interés de los jóvenes a presentarse voluntariamente al servicio militar, porque no ven aquí un camino que cumpla sus expectativas, como lo reconoció el propio director nacional de Reclutamiento, coronel Pedro Prieto.

Hay que aterrizar el discurso en la realidad. Lograr que en los barrios pobres de Bogotá, en las regiones apartadas donde internet es un lujo y no hay plataformas que valgan, no haya ningún uniformado que obligue a un joven, que está empezando a definir su situación militar, a enlistarse al Ejército tras detenerlo en una batida. Ese es el gran desafío. De no ser así, al menos se deberán aplicar sanciones disciplinarias y penales para que esta lamentable “costumbre” no se siga practicando.

nherrera@elespectador.com

@Natal1aH