Al cierre de esta edición, tres atentados con granada en menos de un mes, en el barrio San Bernardo (centro de Bogotá), pusieron en jaque a la administración y abrieron cuestionamientos sobre su capacidad para garantizar la seguridad de este sector, en pleno corazón de la ciudad y rodeado de instituciones. Si bien, el Distrito se comprometió a no escatimar esfuerzos en lograrlo, surge una pregunta ¿lo logrará sin una intervención social?
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Una investigación titulada ‘Mercados de criminalidad en Bogotá’, define la violencia como un mecanismo de regulación de las actividades ilegales y no una fuente de recursos. Y es justo lo que se está viendo en el ‘SanBer’. Según el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, las bandas ‘Los Costeños’ y ‘Los Venecos’, que se disputan el control de la zona, quieren que su droga sea la única y que los consumidores sean fieles. “Esas explosiones buscan generar miedo, afectar al grupo contrario y ahí caen personas inocentes, como habitantes de calle”, señaló.
La situación ha generado preocupación en varias organizaciones, entre ellas la ONG Temblores, que detalló cómo en el atentado del 18 de febrero, la granada la lanzaron contra un grupo de habitantes de calle que estaban durmiendo. Uno de ellos falleció. “No son hechos aislados, sino el reflejo de un Estado que ha fallado en proteger a una población que, según la Corte Constitucional, deben tener protección especial. Hacemos un llamado a que investiguen estos hechos de violencia”, instó la ONG.
Pero los habitantes de calle no han sido las únicas víctimas. Según el Distrito, si bien, uno de los tres fallecidos hacía parte de esta población, al igual que seis de los 17 heridos, en el censo de afectados también había dos víctimas del conflicto: una de reclutamiento y otra de desplazamiento forzado, lo que demuestra que este es un sector que recibe a la población más vulnerable y excluida de la ciudad.
Afirmación que ratifican las cifras. Según encuestas del Sisben, 3.341 personas vulnerables viven en San Bernardo, de las cuales 1.794 son residentes habituales. Allí, según la Secretaría de Integración Social, habitan 700 víctimas del conflicto armado; población embera; migrantes; niñas, niños y adolescentes en riesgo, y 540 habitantes de calle, la concentración más grande de la ciudad (5%), en apenas dos cuadras. Cuatro de cada 10 dijo temer por su vida, sentimiento que viene creciendo después de los atentados.
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Aprender del pasado
Lo que hoy se ve en el barrio San Bernardo, sin duda, es producto de los errores de las pasadas intervenciones estatales a las zonas donde se concentraban los habitantes de calle: El Cartucho (a finales de los 90) y El Bronx (2016). Si bien, ambas operaciones se desplegaron bajo el argumento de mejorar la seguridad, al final, solo desataron una crisis. Mientras los capos les bastó con reubicar sus ollas, los más vulnerables quedaron en segundo plano y se vieron obligados a desplazarse por la ciudad. Algunos se concentraron en el caño de la calle sexta y otros en San Bernardo, empeorando sus condiciones.
Por eso, acudir hoy al mismo método, seguro, arrojará el mismo resultado. Para la profesora María José Álvarez, socióloga y docente de la U. Andes, especialista en intervenciones urbanas y desigualdad, esta administración distrital tiene la oportunidad de variar el enfoque y priorizar lo social. “Si solo haces una intervención policial, no resuelves el problema de fondo. Ya nos equivocamos dos veces. Las causas del consumo, la pobreza, la migración, la falta de trabajo o de vivienda digna están interconectados y debemos tener una intervención que provea una atención integral tanto a las personas que están en el problema, como a sus vecinos”.
En esto coincide Felipe Mariño, director del programa Bogotá Cómo Vamos, quien recordó la estrategia ‘Territorios de Alta Complejidad’, que combinaba atención integral a poblaciones vulnerables; coordinación interinstitucional, y recuperación del orden social. “Esto no es nuevo. Cuando pasan este tipo de cosas es que ponemos la mirada. Hay protocolos que merecen ser revisados. Lo primero que hay que hacer es curar esa hemorragia de la violencia. Y segundo, una intervención social, que trascienda el asistencialismo. Está perfecto que esto sea una urgencia, pero no veo claro que sean intervenciones a largo plazo”, agregó.
La docente Álvarez dista de ese concepto asistencial. “Le estás es ofreciendo lo que hay en términos de integración. Abriendo puertas que claramente están cerradas. Pero depende de ellos que se enganchen en esa ruta de mayor bienestar para ellos y para la sociedad”.
John Bernal es fotógrafo y hace 20 años creó la Fundación Arcupa, que a través de las artes audiovisuales busca transformar la realidad de los niños de las localidades de Santa Fe y Los Mártires, donde ha beneficiado a más de 500. Su experiencia lo lleva a asegurar que los programas de atención distritales deben reconocer el contexto y trabajar de la mano con organizaciones sociales que “con o sin recursos, ya saben qué tareas adelantar”.
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“Hay niños que quieren ir al salón comunal donde están haciendo teatro o donde Integración Social les puede ofrecer un espacio, pero les dicen que si no va con sus papás no los dejan entrar. Y a ellos nos les interesa ir, porque está reseñado, porque es un dealer, porque trabaja o paga la habitación, o simplemente se queda fumando marihuana en el pagadiario. Y el niño termina siendo revictimizado por las instituciones”, describe Bernal.
La profesora Álvarez concluye que una intervención social en San Bernardo debe pasar desde una mirada de salud pública, con programas de reducción de daño de consumo, “concientizar sobre las cosas que están consumiendo y proveer un consumo más saludable”, brindar una solución habitacional, “no se puede simplemente dispersar” y, dependiendo del tipo de población, “engancharlos con programas educativos”. “Para medir si una intervención social es eficaz, puedes mirar el número de personas integradas a las instituciones. Estos procesos llevan tiempo, pero por supuesto en un año se puede medir”, acotó.
La intervención
En 2025, el sector social anunció recursos por $48.000 millones para la estrategia de lo que denominaron la “Recuperación del Sanber” desde una mirada social. “Hemos llamado a esto un polo de inclusión. No podemos hablar solo de dos bandas criminales enfrentadas. Generar un orden alrededor de los ejes sociales del barrio también elevará las condiciones de vida, permitiéndonos incluir a esta población y quitársela a la instrumentalización de las bandas. La seguridad y lo social o se van para el barranco o salen adelante juntos”, explicó el secretario de Integración Social, Roberto Angulo.
Son cuatro componentes que tendrá la articulación de 14 entidades distritales: 1.050 atenciones diarias para habitantes de calle en servicios de autocuidado y 350 cupos de hogares de paso en una zona cercana a San Bernardo; intervención del entorno escolar donde funciona un colegio distrital y uno privado, más la recuperación del parque para el libre tránsito de los residentes e información de oferta social; la construcción de un Ecopunto para el manejo de residuos sólidos; y un convenio con Transmilenio para que aquellos habitantes de calle que se rehabiliten, puedan trabajar en las troncales, viajen en el sistema y sean capacitados para el cuidado del sistema de transporte.
“El tiempo de esta intervención va a depender también del éxito de la estrategia de seguridad. Pero nosotros sí queremos que por lo menos durante este año, se logre una dinámica muy distinta en ese triángulo social (Parque San Bernardo, Colegio San Bernardo de la Salle y Colegio distrital Antonio José Uribe) y las tensiones con los ciudadanos”, sentenció Angulo.
Al preguntarle sobre un plan social de largo plazo que no responda solamente a una coyuntura, el secretario apunta a la renovación urbana de la zona. “Ahí entra todo el tema de las intervenciones urbanísticas que tanto la Secretaría del Hábitat como Renobo tienen planeadas en la zona. Pero esto no va a ocurrir hasta que no se recupere y hasta que no haya un choque de corto plazo frente a esta problemática”.
Desde la Policía Metropolitana de Bogotá, resaltan que han capturado a 120 personas, hecho 15 allanamientos e incautado 20.000 dosis de droga, armas y granadas. Hoy, en San Bernardo, señalan que 45 uniformados en el día, patrullan las calles. “No vamos a permitir que sea otro Bronx”, aseveró el general Giovanni Cristancho.
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Revisar y no repetir errores del pasado es clave para que el más vulnerable no quede atrapado en un círculo de desventaja donde históricamente se priorizó la seguridad. El Distrito tiene una ruta clara en lo social y será el tiempo quien mida el éxito. Eso sí, sin descuidar otros sectores urbanos que también piden una mirada intersectorial.
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Por María Angélica García Puerto
