A través de un en vivo, que veía en su celular, Lina Hernández Yara fue testigo de cómo su hermano Cristian Hernández, agonizaba cerca al CAI del Verbenal, en la caótica noche del 9 de septiembre de 2020. Nadie lo auxilió. A cinco años del trágico hecho, se intuye que el responsable de darle un tiro de gracia fue un uniformado, pero no se sabe quién. Eso sí, la Procuraduría absolvió a los altos mandos policiales, encargados de la operación para controlar los disturbios, en la que murió Hernández. Impunidad es lo que siente esta familia que nunca pensó ser víctima del Estado.
Gánale la carrera a la desinformación NO TE QUEDES CON LAS GANAS DE LEER ESTE ARTÍCULO
¿Ya tienes una cuenta? Inicia sesión para continuar
El Espectador conoció la decisión, de primera instancia, que emitió la Procuraduría el 27 de agosto, contra tres policías: el coronel Roberto Sánchez Rodríguez; el teniente Reinero Cuartas Jiménez, y el patrullero Emmanuel Córdoba, que enfrentaron un proceso por abuso de autoridad y extralimitación de funciones durante el control de las protestas en Verbenal, donde murieron tres jóvenes. El fallo: Sánchez y Córdoba fueron absueltos. Al teniente Cuartas le impusieron cinco meses de inhabilidad por no coordinar el auxilio a Cristian.
El caso
Lina tenía 21 años cuando vio morir a su hermano, de 26. Recordó como esa noche, tras esquivar a uniformados del Esmad (hoy UNDMO), llegó diagonal al CAI de Verbenal. Aun con vida, Cristian le dijo unas palabras y luego le dejó de responder. “Todavía no me saco esas imágenes de la cabeza. Mi hermano pensaba que lo habían herido con una piedra”, relata. En la noche del 9 de septiembre, varios sectores de la ciudad fueron epicentro de manifestaciones, tras la violenta muerte del abogado Javier Ordóñez, a manos del uniformado Harby Damián Rodríguez, a quien condenaron a 40 años.
Lea más: Cuatro años de la masacre en el CAI de San Mateo, sin sentencia ni reparación
En 10 horas, murieron 13 ciudadanos; 521 más resultaron heridos (entre ellos 261 policías), y quemaron 22 CAI, en medio de los disturbios. Solo en el Verbenal, de Usaquén, murieron tres: Hernández; Andrés Rodríguez, de 23, y Jaider Fonseca, de 17. A diferencia de Cristian, los forenses sí recuperaron las balas que mataron a Andrés y a Jaider, y los investigadores determinaron que salieron de la pistola Sigsauer 9mm, del patrullero Jhon Gutiérrez, a quien condenaron a 10 años. La sentencia está en apelación para buscar en segunda instancia que Gutiérrez actúo en pleno dolo.
En el caso de Hernández, la situación fue diferente. Él trabajaba como domiciliario y según los testigos, paso en su bicicleta frente al CAI, en sentido occidente-oriente. En ese momento, venían policías motorizados y, dicen, que alguno apuntó y disparó. El proyectil entró por la parte posterior de su cabeza y salió por la parte frontal. “Un muchacho que lo iba a auxiliar escuchó a unos policías decir: ‘¡Sánchez, ya no más. Ya lo mató!’. De hecho, hay una foto donde a él también le apuntan y cuenta que le dijeron: ‘Se va o lo pelo’. Sí, es verdad que había más de tres Sánchez, pero es una prueba clave y la Fiscalía no lo ha tenido en cuenta. Además, nos han cambiado cuatro veces de fiscal”, dijo Lina.
La apelación
La noche del crimen Lina rogaba por ayuda para trasladar a su hermano a un hospital. “Había una ambulancia a tres metros, pero no la dejaban pasar. Yo le pedí a seis policías que me ayudaran, pero uno me escupió y me dijo que si me quería ir al infierno como mi hermano. Esa noche nos humillaron”, aseguró. Así lo demuestra incluso los fotogramas que extrajo la Fiscalía, que evidencian cómo un agente apuntó a una persona para amenazarla mientras pedía atención. Además, un carro de la institución pasó al lado de la víctima y tampoco la auxilió. Hay también registro de 13 llamadas al 123.
Por esta omisión de socorro, la Procuraduría solo sancionó al teniente Reineiro Alberto Cuartas Jiménez, comandante del CAI Verbenal, con cinco meses de inhabilidad y una multa, al validar que, a pesar de la perturbación al orden público, no estaba impedido para ordenar las acciones necesarias, en primer lugar, para preservar la vida del joven Hernández o, consecuentemente, mantener íntegra la escena del crimen.
Le puede interesar: Un disparo al aire y la probabilidad de ser herido mortalmente
En contraste, el ente disciplinario absolvió al coronel Sánchez, comandante de la Estación de Policía de Usaquén (el más alto rango en ser procesado en la justicia disciplinaria), al considerar que sobre las 8:28 pm, dio la instrucción a sus subalternos de no hacer uso del arma de fuego, porque había un herido.
En la misma decisión, se absolvió al patrullero del CAI Verbenal, Emmanuel Córdoba Arias, llamado como primer respondiente por no haber brindado atención y respuesta oportuna a Cristian. La decisión indica que, pese a que el uniformado estaba herido, hubo una “confusa orden” de sus superiores, para proteger el cuerpo y la escena del crimen. La Procuraduría tuvo en cuenta lo expuesto por la defensa, encaminado a que Córdoba pertenecía al cuadrante 7 y no al 5, donde falleció Hernández.
Desde DH Colombia, señalaron que presentarán un escrito de apelación, con el cual buscan que los tres procesados sean sancionados, acorde con la responsabilidad de mando. Dentro de las pruebas está la orden de servicios 0414, del 3 de septiembre de 2020, que advertía a comandantes de posibles protestas y que, bajo ningún motivo, estaba habilitado “el porte y uso de armamento de fuego”. Sin embargo, hubo más de 90 tiros registrados por la Policía e incluso, en los documentos de armerillo, quedó consignado cómo uniformados reclamaron armas a las 4:00 p.m., 6:00 p.m., 11:00 p.m. e, incluso, en la madrugada del 10 de septiembre.
Adicionalmente, según la abogada de víctimas, Katherine Rodríguez, el teniente Reinero Cuartas testificó que el coronel Roberto Sánchez le informó, antes de entrar a turno sobre las 2 de la tarde, estar muy pendiente, porque iban a haber manifestaciones. A lo que Sánchez declaró que no dio instrucciones para un servicio extraordinario como las protestas, acogiéndose toda la noche a ello, a pesar de los disparos. Asimismo, en sus declaraciones, dice la togada, llama la atención que Sánchez se trasladó al lugar de las protestas sin, al parecer, dar nuevas órdenes para evitar que siguieran disparando.
“La decisión desconoce el orden jerarquizado en la Policía. No sabemos, por ejemplo, si esa orden por radio la dio en efecto el comandante Sánchez. Incluso algunos policías manifestaron que no tenían ni siquiera la formación para la atención a manifestaciones”, sentenció la abogada de las víctimas, Katherine Rodríguez.
Las preguntas por resolver
Para Lina Hernández esta decisión es un sin sabor, que cada vez se aleja más de la esperanza de recibir justicia y que, incluso, los ha terminado por revictimizar, pues se han tenido que mudar varias veces por cuenta de intimidaciones. “La hija de cinco años de Cristian lo recuerda a través de fotos y la mayor, que ahora tiene 11, no entiende por qué un policía mató a su papá. Son preguntas que tampoco les podemos responder y seguimos haciéndonos”.
Conozca también: Del campo al plato: el desafío de Bogotá para garantizar alimentos a precio justo
Hasta el 16 de septiembre es el plazo para que la representación de víctimas radique la apelación y así elevar el caso en segunda instancia. Los familiares de Cristian, solo esperan que en esta oportunidad se reconozca la responsabilidad de los altos mandos, para que en un acto conmemorativo pidan perdón y dejen en el alto el nombre de un joven que no buscaba ser víctima del Estado.
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.
Por María Angélica García Puerto
