La Alcaldía, como principal dueño de la EPS Capital Salud, y Salud Total, socio minoritario, mantuvieron sus diferencias hasta el final del mandato de Gustavo Petro. Así, se aplazó para el año entrante, cuando llegue un nuevo gobierno, la puesta en marcha de soluciones que le permitan a esa entidad salir de su crisis y atender mejor a sus 850.000 afiliados.
El pasado 17 de diciembre se reunieron los representantes de ambas partes en una asamblea extraordinaria de accionistas en la que se discutieron, principalmente, dos puntos: primero, la posibilidad de capitalizar la EPS para que tenga dinero suficiente para operar, pues su déficit asciende a los $330.000 millones. Segundo, la propuesta de liquidarla, que la puso Salud Total sobre la mesa.
Como representante del Distrito estaba Aldo Cadena, director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y secretario de salud designado para tratar los temas de Capital Salud. Por Salud Total estaba su representante legal, Danny Moscote.
Cadena reiteró, de entrada, el diagnóstico que el Distrito tiene sobre las causas de la crisis: obedece a un problema generalizado de las EPS, algunas de las cuales han debido retirar sus servicios de Bogotá. Eso, agregó, “dejó una carga sobre Capital Salud, prácticamente la única del régimen subsidiado que queda en Bogotá, lo que tuvo sus implicaciones en los costos y en la situación financiera, en la carga de servicios represados de alto costo, usuarios sin atención, muchos de ellos al borde de la muerte, que finalmente tuvimos que atender”.
A eso se suman, agregó, incumplimientos del Ministerio de Salud, que igualó el Plan Obligatorio de Salud del régimen subsidiado con el contributivo, pero no le ha girado a la Alcaldía los recursos necesarios para ello. “La causa principal de la crisis la consideramos externa”, concluyó.
Moscote, sin embargo, adujo que el Distrito también es responsable de la crisis. Recordó, por ejemplo, el reciente laudo de un tribunal de arbitramento (cuyo contenido reveló El Espectador) que determinó que el actual gerente, Alaín Jiménez, fue impuesto por el Distrito en contravía de los estatutos, y por ende su nombramiento fue irregular. Por episodios como esos, el representante de Salud Total aseguró que “como circunstancias agravantes de la crisis” están “la ausencia de una gestión organizada, ponderada, objetiva, confiable”.
Más allá de esto, Cadena consideró que, para salir de las dificultades financieras, si no se superan las dificultades es necesario que el la Nación o el Distrito subsidien el dinero faltante que se requiere para atender bien a los pacientes. Sin embargo, aseguró que “sería necesario que la EPS sea totalmente pública, ya que el socio privado no podría asumir una carga de subsidiar a la población” porque no le interesa perder plata.
Esa propuesta la han esgrimido Petro y sus colaboradores desde que llegaron al gobierno en 2012. El Distrito es dueño del 51% de las acciones, y Salud Total del 49%. Moscote, sin embargo, respondió que, como actor privado, se les “debe reconocer la posibilidad en la generación de legítima ganancia y eso no entra en contradicción con la garantía del derecho a la salud”.
La capitalización
La posibilidad de comenzarle a inyectar recursos a Capital Salud que permitan iniciar su salvación quedará en manos de la administración de Enrique Peñalosa. Cuando el tema se tocó en la reciente asamblea de accionistas de la EPS, Aldo Cadena, representante del Distrito, adujo que este gobierno no lo haría porque para ello se requería una adición presupuestal que debía aprobar el Concejo, y a esas alturas su aprobación era “bastante incierta”. De ahí que recomendara que la capitalización se lleve a cabo “los primeros días del año que entra para evitar que la situación se siga agravando”.
La Supersalud ha tasado el déficit de la EPS en $330.000 millones. Sin embargo, Salud Total considera que un tercero debe revisar los estados financieros, pues considera que “la información contable y financiera genera muchas dudas”.
El hecho es que al gobierno Petro le correspondía comenzar a capitalizar poniendo el 10% del déficit, es decir, unos $33.000 millones. A Peñalosa le correspondía continuar, años por año, con el 20%, el 30%, y así hasta que lograra cubrirse el monto. Así lo estableció el Ministerio de Salud el año pasado, y lo recordó recientemente Luis Gonzalo Morales, que será el secretario de Salud de Peñalosa. Pero, por lo visto, el primer aporte también le tocará hacerlo al próximo alcalde.
La semana pasada, de hecho, el alcalde Gustavo Petro declaró: “Nosotros, a diferencia de lo que ha pasado en el país, priorizamos (la inversión en) los hospitales en lugar del fortalecimiento de la EPS”. Y agregó: “Las EPS no sirven. De ese bus ya debería bajarse el Gobierno Nacional lo más pronto posible. Se están tirando la plata de la salud".
La liquidación
Ante la propuesta de liquidar la EPS, que la puso Salud Total sobre la mesa, Cadena respondió: “no por ahora”. En su concepto, Capital Salud “es un instrumento válido para seguir prestándoles los servicios de salud a los bogotanos, sobre todo porque en estos momentos no hay otra EPS de régimen subsidiado que lo pueda hacer. No hay alternativa diferente a salvar Capital Salud o entrar a liquidarla buscando una alternativa mejor”.
La opción que contempla Peñalosa es capitalizar. Morales, el futuro secretario, le dijo a este diario: “la recuperaremos y la fortaleceremos. No vamos a dejar en la calle a 900.000 personas pobres de la ciudad. En Bogotá no hay ninguna otra EPS del régimen subsidiado en capacidad de recibir y atender esa población. Además, su liquidación sería la quiebra de los hospitales públicos, que dependen en un 80% de la contratación de Capital Salud”.
La propia Contraloría ha pedido liquidar la entidad debido a sus dificultades financieras, que llevaron a que la Superintendencia de salud comenzara en octubre pasado un plan de vigilancia especial que implica que la EPS debe acogerse a un plan de mejoramiento y presentar informes constantemente”.
Capital Salud fue creada en 2011, con Clara López como alcaldesa encargada (tras la suspensión de Samuel Moreno), con la idea de afiliar a población vulnerable. Hoy atiende cerca de un millón de personas, no solo de Bogotá, sino del departamento del Meta.
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Por Carlos Hernández Osorio
