31 May 2021 - 1:59 a. m.

El vandalismo contra las entidades públicas, una constante en el paro

Van 35 días de paro nacional en la capital y, a pesar de los intentos de diálogo en puntos álgidos para el orden público, siguen los brotes de violencia contra edificios institucionales. Por otra parte, la marcha del silencio tuvo lugar en Bogotá para rechazar el vandalismo.

El quinto fin de semana de movilizaciones en el país transcurrió con relativa calma y un significativo grupo de personas que asistió a la marcha del silencio en Bogotá, Medellín y otras ciudades, pidiendo un cese a la violencia, a los bloqueos en las vías y a los actos de vandalismo contra los bienes públicos.

Sin embargo, el municipio de Facatativá (Cundinamarca) fue escenario de actos vandálicos contra las entidades públicas y de enfrentamientos entre manifestantes y agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). El sábado por la noche, desconocidos trataron de incendiar el Palacio de Justicia del municipio, el cual está ubicado en el mismo sector donde queda el Centro de Desarrollo Social, el Sisbén, la Secretaría de Salud local y el centro de acopio de vacunas contra el COVID-19 para sus habitantes.

Las instalaciones de estas entidades quedaron afectadas, algunos documentos quedaron reducidos a cenizas y el mobiliario fue dañado o saqueado. La situación pudo haber sido más grave, pues las personas que iniciaron el fuego intentaron impedir que el cuerpo de bomberos ingresara al lugar para sofocar el incendio, según aseguró el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García.

“No pretendían dejar ingresar a los bomberos. Por eso, el Ejército llegó y actuó”, manifestó el mandatario departamental, que hizo un llamado a continuar con el diálogo en las jornadas de movilizaciones y rechazó estos actos, de los que dijo que “no tienen justificación y requieren la intervención inmediata de la fuerza pública”.

Pero, aun con la intervención del cuerpo de bomberos, los daños en los edificios atacados son considerables. Según un funcionario de la Secretaría de Desarrollo Económico, cuya sede resultó afectada, “todo lo que se estaba empezando a hacer para la caracterización del Sisbén se perdió y también vemos que se quemaron varias cosas de archivos. En nuestro caso, se llevaron casi todos los computadores donde tenemos todo nuestro trabajo y, en general, saquearon casi toda la oficina”.

El domingo la violencia continuó en Facatativá con enfrentamientos entre encapuchados y miembros del Esmad en los barrios Villa Alba, Chicó y Cartagenita —en donde fue quemada una subestación de Policía el viernes pasado—, barrios que quedaron sitiados por los disturbios y los gases lacrimógenos usados por los antimotines, que afectaron a los residentes del sector, entre los que se encontraban menores de edad y adultos mayores. Miembros de la Cruz Roja también llegaron al lugar para atender, al menos, a quince personas que resultaron heridas.

Marcha del silencio

La otra cara de la moneda se vivió en ciudades como Bogotá, en donde la carrera Séptima, la calle 26 y el Parque Nacional fueron los puntos de encuentro de miles de ciudadanos que marcharon para rechazar la violencia que han generado algunas manifestaciones del paro nacional, así como respaldar a los miembros de la Policía y el Esmad.

En esta movilización también se pidió que cesen los bloqueos en las vías nacionales, que han afectado al comercio y a sectores empresariales, al igual que los hechos de vandalismo contra infraestructura pública y el servicio de transporte masivo que, en el caso de Bogotá, dejó daños que tomarán seis meses y más de $18.000 millones para ser reparados.

Así mismo, primaron las expresiones y los cánticos de apoyo hacia la fuerza pública por parte de los asistentes, que vestían camisetas blancas y llevaban banderas de Colombia, así como pancartas con mensajes como: “Yo marcho por los héroes”, “No más bloqueos, no más violencia” y “Colombia somos todos”. “Policía, amigo, el pueblo está contigo”, fue uno de los lemas que se escucharon en estas marchas.

Iniciará otra semana de manifestaciones en la que la orden del presidente Iván Duque de militarizar ocho departamentos del país parece minar aún más la negociación del Gobierno y el Comité Nacional del Paro para lograr acuerdos que permitan superar la crisis social que vive el país desde hace un mes. Entre tanto, los ojos de varios organismos internacionales —como Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos— seguirán puestos en Colombia por las denuncias en el presunto abuso policial y por las cifras, que maneja la Fiscalía, de 43 personas muertas (17 de las cuales están directamente relacionadas con las protestas) y 129 reportadas como desaparecidas.

Esto, sin contar cifras alternas a las oficiales que han dado a conocer organizaciones de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales, como Temblores ONG que, en el último reporte que entregaron del primer mes de iniciado el paro nacional, contabilizó 3.405 casos de violencia policial, 1.133 víctimas de violencia física por parte de la Policía, 1.445 detenciones arbitrarias contra manifestantes, 648 intervenciones violentas de la fuerza pública, 47 víctimas de agresiones en los ojos, 175 casos de disparos de arma de fuego de uniformados y 22 víctimas de violencia sexual cuyos perpetradores habrían sido miembros de las fuerzas de seguridad.

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