Elección del Contralor de Bogotá: ¿Quién vigilará la plata del metro?

Quien está al frente de la Contraloría de Bogotá tiene la misión de vigilar cómo se invierte cada centavo que se ejecute en la capital. Y las inversiones que se vienen implicarán un reto mayúsculo para el que asuma el próximo 9 de noviembre como jefe del ente de control fiscal: el metro, troncales de Transmilenio, la PTAR Tunjuelo Canoas, el corredor verde de la Séptima, colegios, hospitales, en fin, una lista con obras que suman billones y billones de pesos. De ahí la importancia del proceso que adelanta el Concejo, que transita la recta final. Eso sí, vale recordar que quien resulte elegido solo tendrá algo más de dos años al frente de la entidad (hasta el 28 de febrero de 2022), ya que el cargo es de periodo institucional y por cuenta de los retrasos por la pandemia, ya se perdió todo 2020 en la elección.

Aunque todavía la lista es amplia, con 43 candidatos en carrera, este viernes será un día clave: se conocerá la terna que, según las reglas de juego, la integrarán los que obtengan los mejores puntajes del proceso, luego de consolidar los resultados del examen de conocimiento (60%), la formación (15%), la experiencia profesional (15%), la docente (5%) y la producción de obras en el ámbito fiscal (5%). Hasta este punto el proceso se decanta por un perfil más técnico.

LEA: ¿Quiénes rodean al contralor de Bogotá?

Al revisar resultados aparecen los primeros nombres como el del economista Héctor Julio Garzón Vivas, quien labora experto en la Inspección General de Tributos, rentas y Contribuciones parafiscales; el doctor en derecho Carlos Enrique Campillo Parra; el administrador Pedro Arturo Rodriguez Tobo, quien hasta el año pasado fue asesor en el Icetex, y el abogado Andrés Castro Franco, el ex contralor auxiliar de Bogotá hasta diciembre 2018. No obstante, como ya es tradición, por muchos pergaminos, conocimiento y experiencia, al final el ungido será quien en la última semana logre conquistar la mayoría política en el cabildo.

Y sin descartar las capacidades de todos los candidatos, el que más se perfila es Castro Franco. Incluso se habla de reuniones en los que se ha impulsado su nombre. No solo, porque es bien conocido en el cabildo y en la administración, sino porque sus cuatro años en la Contraloría Distrital le dan ventaja, al tener fresco el conocimiento de la movida fiscal del Distrito y los proyectos se van a ejecutar. Algo que le ayuda, además, es que obtuvo una de las mejores calificaciones en el proceso.

No obstante, lo que vendrá la próxima semana será una verdadera maratón en dos escenarios diferentes: el oficial y el tras bambalinas. Oficialmente los ternados tendrán un examen de integridad (entre el 3 y el 5 de noviembre, a cargo del Departamento Administrativo de la Función Pública) que, si bien no da puntaje, dice la convocatoria, servirá como criterio orientador para la elección. Luego se enfrentarán a la prueba final: la entrevista con el Concejo, que está prevista para el próximo viernes 6 de noviembre.

No cometer los mismos errores

Pero otra será la historia tras bambalinas: el lobby particular de los ternados, por ganar el favor de los cabildantes, momento en el que el proceso meritocrático corre el riesgo de desdibujarse. Esas citas privadas, en ocasiones anteriores, se han prestado para sellar pactos o a tranzar de forma anticipada el manejo de los recursos y los puestos de una entidad como la Contraloría Distrital, que este año manejó un presupuesto de $170.000 millones y una nómina de 1.045 empleados (20 % de libre nombramiento) y al menos 200 contratistas.

Y como ha quedado demostrado, históricamente esta práctica no ha terminado bien para la ciudad. Las elecciones que se han realizado en los últimos 16 años, en las que se impuso el interés particular sobre el bien común, han minado la confianza de la gente en una entidad clave, al encontrar cómo los contralores de turno la usaron para facilitar la corrupción, enriquecerse o para ponerla al servicio de la política.

Óscar González Arana (2004-2007), por ejemplo, fue elegido con el respaldo de la coalición mayoritaria (liderada por el Polo) para vigilar la gestión de Luis Eduardo Garzón, a pesar de haber trabajado en su campaña a la Alcaldía. Luego fue destituido por la Procuraduría tras comprobarse que él y su esposa (quien era asesora del senador Jairo Merlano) tuvieron un incremento patrimonial injustificado durante los dos primeros años al frente del organismo de control.

Miguel Ángel Moralesrussi (2008-2011), quien tenía una larga trayectoria en entes de control, llegó con el respaldo del Partido Liberal y resultó electo con apoyo unánime del Concejo, terminó condenado en medio del escándalo del carrusel de la contratación, debido a sus nexos con el exrepresentante Germán Olano y por pedir dinero para no investigar contratos irregulares.

Diego Ardila (2012-2016), por su parte, llegó al cargo tras obtener 31 votos de concejales de diferentes vertientes (Polo, la U, Cambio Radical, Partido Verde y Liberal). Sin embargo, fue criticado por su cercanía con Ovidio Claros, excontralor y magistrado investigado por el carrusel de las pensiones, y con concejales procesados por el carrusel de la contratación, así como por contratar personas cercanas a los magistrados involucrados en el cartel de la toga.

Y finalmente, Juan Carlos Granados (2016-2019), con quien estrenó el proceso de meritocracia. Pese a haber ocupado el puesto 37 en las pruebas de conocimiento (de 43 que pasaron), resultó electo gracias al respaldo del senador Germán Varón, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, los nueve concejales de Cambio Radical (CR) y 26 de otras bancadas de gobierno. A el no solo lo cuestionaron por tomar decisiones con en momentos políticos clave, sino que terminó su gestión salpicado por el caso Odebrecht.

De ahí que el reto que tiene esta semana el Concejo, con un gran número de novatos, es grande. No solo por la responsabilidad de elegir bien al responsable de vigilar el plan de inversiones más ambicioso de la capital en décadas, sino porque la decisión la tomará en medio de una generalizada desconfianza ciudadana en las instituciones, como lo muestra la última encuesta de percepción ciudadana Bogotá Cómo Vamos 2019.

En ella se indica que solo el 21% de los bogotanos cree que los recursos públicos están bien invertidos; el 17%, que el Concejo hace una buena gestión, y el 16%, que la corrupción ha disminuido. Aunque vale aclarar que los datos evalúan la pasada administración, la encuesta de Invamer publicada el pasado miércoles, perece ratificarlos, pues a la fecha solo el 28% creen que las cosas en Bogotá han mejorado. Hacer las cosas bien en esta elección, no solo sería ya justo, sino necesario con la ciudad de cara a los retos que enfrentará.

Los que suenan

Héctor Julio Garzon Vivas: Nacido en Bogotá. Es economista y cuenta con una especialización en gerencia de procesos, una maestría en economía y un máster en administración de empresas. El último cargo que reporta su hoja de vida en Función Pública lo ubica como experto en la Inspección General de Tributos, rentas y Contribuciones parafiscales. Cuenta con experiencia profesional desde 1990 en entidades públicas como el Departamento Nacional de Planeación, la Procuraduría y la agencia Nacional de Hidrocarburos, así como docente. En 2016 aspiró también al cargo de Contralor y recientemente a ser alcalde de la localidad de Los Mártires. Como producción bibliográfica cuenta con el libro opiniones y apuntes académicos de economía, finanzas, administración y política. No se conoce experiencia específica en auditorías de gestión de entidades públicas. (LEA MÁS)

Andrés Castro Franco: Natural de Pereira (Risaralda). Es abogado y profesional en ciencias políticas, con especialización en Instituciones Jurídico-Procesales y maestría en derecho procesal penal. Fue contralor auxiliar del excontralor distrital Juan Carlos Granados, cargo al que llegó tras perder en su aspiración por ser Personero de Bogotá en 2015. En ese proceso era la apuesta principal del Partido Liberal, con el que tiene nexos desde 2003 cuando se vinculó como asesor jurídico y fue secretario de su tribunal disciplinario. Su experiencia profesional data desde 2002, cuando fue contratista en el Fondo Nacional de Estupefacientes y ha pasado por la Cámara de Representantes (2006-2008), la Personería de Bogotá (2008-2012), el Ministerio de Justicia (2012-2013) y finalmente la Contraloría Distrital. Cuenta con experiencia como docente desde 2004 y aunque no se le conocen producciones bibliográficas, sí cuenta con experiencia específica con auditorías. (LEA MAS)

Carlos Enrique Campillo Parra: Tiene 67 años y es oriundo de Valle del Cauca. Es abogado y doctor en derecho. Cuenta con una especialización en derecho comercial y una maestría en derecho penal. Se postuló para el cargo de Contralor General en 2018. En su perfil público se presenta como un profesional con amplia experiencia en administración pública, control fiscal, acciones constitucionales, contratación pública y privada, y asesoría en conformación y funcionamiento de sociedades mercantiles. En lo político, se le vincula con el partido Conservador. Ha sido docente y es autor del libro Poderes del ciudadano Frente al Estado, Celebración de Contratos Estatales y Es Mejor Creer en Dios. (LEA MÁS)

Pedro Arturo Rodriguez Tobo: Es Administrador Público de la ESAP y cuenta con especializaciones en Psicología de las Organizaciones y derecho constitucional, así como una maestría en Ciencias Financieras. Su historia política ha sido cercana a Antanas Mockus y a Enrique Peñalosa. Trabajó en Findeter (1990–1993); fue director distrital de Presupuesto de Bogotá (1993–1998) en las alcaldías Jaime Castro y Mockus; consultor PNUD en la estructuración de Transmilenio (1999–2000); concejal (2001-2003) en reemplazo de Efraín García, el único concejal de la lista de Mockus que resultó electo y fue detenido por posible prevaricato; fue secretario de Hacienda de Bogotá (2004–2007), en la administración de Luis Eduardo Garzón; asesor de varias secretarías en la administración de Samuel Moreno y Gustavo Petro. Además, ha sido docente de la ESAP y en las universidades Nacional, Externado y El Rosario. Estuvo en las juntas directivas de La Empresa de Energía de Bogotá (2004– 2011), Codensa (2004–2007), Emgesa (2004 – 2007), ETB (2004) y Transmilenio (2004 – 2008).Fue comisionado en la CNSC entre el 6 de diciembre de 2013 y el 6 de diciembre de 2017, y presidente en 2017. (LEA MAS) (HV)

Quien está al frente de la Contraloría de Bogotá tiene la misión de vigilar cómo se invierte cada centavo que se ejecute en la capital. Y las inversiones que se vienen implicarán un reto mayúsculo para el que asuma el próximo 9 de noviembre como jefe del ente de control fiscal: el metro, troncales de Transmilenio, la PTAR Tunjuelo Canoas, el corredor verde de la Séptima, colegios, hospitales, en fin, una lista con obras que suman billones y billones de pesos. De ahí la importancia del proceso que adelanta el Concejo, que transita la recta final. Eso sí, vale recordar que quien resulte elegido solo tendrá algo más de dos años al frente de la entidad (hasta el 28 de febrero de 2022), ya que el cargo es de periodo institucional y por cuenta de los retrasos por la pandemia, ya se perdió todo 2020 en la elección.

Aunque todavía la lista es amplia, con 43 candidatos en carrera, este viernes será un día clave: se conocerá la terna que, según las reglas de juego, la integrarán los que obtengan los mejores puntajes del proceso, luego de consolidar los resultados del examen de conocimiento (60%), la formación (15%), la experiencia profesional (15%), la docente (5%) y la producción de obras en el ámbito fiscal (5%). Hasta este punto el proceso se decanta por un perfil más técnico.

LEA: ¿Quiénes rodean al contralor de Bogotá?

Al revisar resultados aparecen los primeros nombres como el del economista Héctor Julio Garzón Vivas, quien labora experto en la Inspección General de Tributos, rentas y Contribuciones parafiscales; el doctor en derecho Carlos Enrique Campillo Parra; el administrador Pedro Arturo Rodriguez Tobo, quien hasta el año pasado fue asesor en el Icetex, y el abogado Andrés Castro Franco, el ex contralor auxiliar de Bogotá hasta diciembre 2018. No obstante, como ya es tradición, por muchos pergaminos, conocimiento y experiencia, al final el ungido será quien en la última semana logre conquistar la mayoría política en el cabildo.

Y sin descartar las capacidades de todos los candidatos, el que más se perfila es Castro Franco. Incluso se habla de reuniones en los que se ha impulsado su nombre. No solo, porque es bien conocido en el cabildo y en la administración, sino porque sus cuatro años en la Contraloría Distrital le dan ventaja, al tener fresco el conocimiento de la movida fiscal del Distrito y los proyectos se van a ejecutar. Algo que le ayuda, además, es que obtuvo una de las mejores calificaciones en el proceso.

No obstante, lo que vendrá la próxima semana será una verdadera maratón en dos escenarios diferentes: el oficial y el tras bambalinas. Oficialmente los ternados tendrán un examen de integridad (entre el 3 y el 5 de noviembre, a cargo del Departamento Administrativo de la Función Pública) que, si bien no da puntaje, dice la convocatoria, servirá como criterio orientador para la elección. Luego se enfrentarán a la prueba final: la entrevista con el Concejo, que está prevista para el próximo viernes 6 de noviembre.

No cometer los mismos errores

Pero otra será la historia tras bambalinas: el lobby particular de los ternados, por ganar el favor de los cabildantes, momento en el que el proceso meritocrático corre el riesgo de desdibujarse. Esas citas privadas, en ocasiones anteriores, se han prestado para sellar pactos o a tranzar de forma anticipada el manejo de los recursos y los puestos de una entidad como la Contraloría Distrital, que este año manejó un presupuesto de $170.000 millones y una nómina de 1.045 empleados (20 % de libre nombramiento) y al menos 200 contratistas.

Y como ha quedado demostrado, históricamente esta práctica no ha terminado bien para la ciudad. Las elecciones que se han realizado en los últimos 16 años, en las que se impuso el interés particular sobre el bien común, han minado la confianza de la gente en una entidad clave, al encontrar cómo los contralores de turno la usaron para facilitar la corrupción, enriquecerse o para ponerla al servicio de la política.

Óscar González Arana (2004-2007), por ejemplo, fue elegido con el respaldo de la coalición mayoritaria (liderada por el Polo) para vigilar la gestión de Luis Eduardo Garzón, a pesar de haber trabajado en su campaña a la Alcaldía. Luego fue destituido por la Procuraduría tras comprobarse que él y su esposa (quien era asesora del senador Jairo Merlano) tuvieron un incremento patrimonial injustificado durante los dos primeros años al frente del organismo de control.

Miguel Ángel Moralesrussi (2008-2011), quien tenía una larga trayectoria en entes de control, llegó con el respaldo del Partido Liberal y resultó electo con apoyo unánime del Concejo, terminó condenado en medio del escándalo del carrusel de la contratación, debido a sus nexos con el exrepresentante Germán Olano y por pedir dinero para no investigar contratos irregulares.

Diego Ardila (2012-2016), por su parte, llegó al cargo tras obtener 31 votos de concejales de diferentes vertientes (Polo, la U, Cambio Radical, Partido Verde y Liberal). Sin embargo, fue criticado por su cercanía con Ovidio Claros, excontralor y magistrado investigado por el carrusel de las pensiones, y con concejales procesados por el carrusel de la contratación, así como por contratar personas cercanas a los magistrados involucrados en el cartel de la toga.

Y finalmente, Juan Carlos Granados (2016-2019), con quien estrenó el proceso de meritocracia. Pese a haber ocupado el puesto 37 en las pruebas de conocimiento (de 43 que pasaron), resultó electo gracias al respaldo del senador Germán Varón, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, los nueve concejales de Cambio Radical (CR) y 26 de otras bancadas de gobierno. A el no solo lo cuestionaron por tomar decisiones con en momentos políticos clave, sino que terminó su gestión salpicado por el caso Odebrecht.

De ahí que el reto que tiene esta semana el Concejo, con un gran número de novatos, es grande. No solo por la responsabilidad de elegir bien al responsable de vigilar el plan de inversiones más ambicioso de la capital en décadas, sino porque la decisión la tomará en medio de una generalizada desconfianza ciudadana en las instituciones, como lo muestra la última encuesta de percepción ciudadana Bogotá Cómo Vamos 2019.

En ella se indica que solo el 21% de los bogotanos cree que los recursos públicos están bien invertidos; el 17%, que el Concejo hace una buena gestión, y el 16%, que la corrupción ha disminuido. Aunque vale aclarar que los datos evalúan la pasada administración, la encuesta de Invamer publicada el pasado miércoles, perece ratificarlos, pues a la fecha solo el 28% creen que las cosas en Bogotá han mejorado. Hacer las cosas bien en esta elección, no solo sería ya justo, sino necesario con la ciudad de cara a los retos que enfrentará.

Los que suenan

Héctor Julio Garzon Vivas: Nacido en Bogotá. Es economista y cuenta con una especialización en gerencia de procesos, una maestría en economía y un máster en administración de empresas. El último cargo que reporta su hoja de vida en Función Pública lo ubica como experto en la Inspección General de Tributos, rentas y Contribuciones parafiscales. Cuenta con experiencia profesional desde 1990 en entidades públicas como el Departamento Nacional de Planeación, la Procuraduría y la agencia Nacional de Hidrocarburos, así como docente. En 2016 aspiró también al cargo de Contralor y recientemente a ser alcalde de la localidad de Los Mártires. Como producción bibliográfica cuenta con el libro opiniones y apuntes académicos de economía, finanzas, administración y política. No se conoce experiencia específica en auditorías de gestión de entidades públicas. (LEA MÁS)

Andrés Castro Franco: Natural de Pereira (Risaralda). Es abogado y profesional en ciencias políticas, con especialización en Instituciones Jurídico-Procesales y maestría en derecho procesal penal. Fue contralor auxiliar del excontralor distrital Juan Carlos Granados, cargo al que llegó tras perder en su aspiración por ser Personero de Bogotá en 2015. En ese proceso era la apuesta principal del Partido Liberal, con el que tiene nexos desde 2003 cuando se vinculó como asesor jurídico y fue secretario de su tribunal disciplinario. Su experiencia profesional data desde 2002, cuando fue contratista en el Fondo Nacional de Estupefacientes y ha pasado por la Cámara de Representantes (2006-2008), la Personería de Bogotá (2008-2012), el Ministerio de Justicia (2012-2013) y finalmente la Contraloría Distrital. Cuenta con experiencia como docente desde 2004 y aunque no se le conocen producciones bibliográficas, sí cuenta con experiencia específica con auditorías. (LEA MAS)

Carlos Enrique Campillo Parra: Tiene 67 años y es oriundo de Valle del Cauca. Es abogado y doctor en derecho. Cuenta con una especialización en derecho comercial y una maestría en derecho penal. Se postuló para el cargo de Contralor General en 2018. En su perfil público se presenta como un profesional con amplia experiencia en administración pública, control fiscal, acciones constitucionales, contratación pública y privada, y asesoría en conformación y funcionamiento de sociedades mercantiles. En lo político, se le vincula con el partido Conservador. Ha sido docente y es autor del libro Poderes del ciudadano Frente al Estado, Celebración de Contratos Estatales y Es Mejor Creer en Dios. (LEA MÁS)

Pedro Arturo Rodriguez Tobo: Es Administrador Público de la ESAP y cuenta con especializaciones en Psicología de las Organizaciones y derecho constitucional, así como una maestría en Ciencias Financieras. Su historia política ha sido cercana a Antanas Mockus y a Enrique Peñalosa. Trabajó en Findeter (1990–1993); fue director distrital de Presupuesto de Bogotá (1993–1998) en las alcaldías Jaime Castro y Mockus; consultor PNUD en la estructuración de Transmilenio (1999–2000); concejal (2001-2003) en reemplazo de Efraín García, el único concejal de la lista de Mockus que resultó electo y fue detenido por posible prevaricato; fue secretario de Hacienda de Bogotá (2004–2007), en la administración de Luis Eduardo Garzón; asesor de varias secretarías en la administración de Samuel Moreno y Gustavo Petro. Además, ha sido docente de la ESAP y en las universidades Nacional, Externado y El Rosario. Estuvo en las juntas directivas de La Empresa de Energía de Bogotá (2004– 2011), Codensa (2004–2007), Emgesa (2004 – 2007), ETB (2004) y Transmilenio (2004 – 2008).Fue comisionado en la CNSC entre el 6 de diciembre de 2013 y el 6 de diciembre de 2017, y presidente en 2017. (LEA MAS) (HV)