Empleados de la aerolínea Viva Air se manifiestan nuevamente frente al edificio de la Aeronáutica Civil, sobre la calle 26, para solicitar la integración entre la aerolínea de bajo costo y Avianca, pues aseguran, es la única forma de salvar sus trabajos.
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“Queremos volar” es una de las arengas que cantan los tripulantes de cabina frente a la sede del organismo estatal, encargado del control y regulación de la aviación civil, a su vez que sostienen pancartas con mensajes de preocupación por el destino de Viva Air, que el pasado 27 de febrero, sin previo aviso, paralizó sus operaciones.
De acuerdo con los manifestantes, a sus correos electrónicos han llegado comunicados bajo el nombre de la empresa, donde se les solicita su retiro voluntario. “Es una problemática a nivel nacional, 1.200 empleos en riesgo y 5.000 familias a la espera. Pedimos al Gobierno Nacional una respuesta oportuna y pronta, en donde nos aprueben la integración con Avianca”, indicó Cristian Martínez, uno de los colaboradores de Viva Air.
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En entrevista con un medio nacional, el presidente de Viva Air, Francisco Lalinde, indicó que el dinero de los tiquetes comprados por quienes esperaban viajar será utilizado para liquidar a su personal, por lo cual, no harán compensaciones económicas a los compradores.
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“Tenemos que entrar a un proceso de liquidación y lo primero que debo pensar es en el bienestar de 1.200 personas que se van a quedar sin sus puestos de trabajo. En cuanto a los tiquetes, esta situación ya la está manejando la Aeronáutica Civil y a través de las otras aerolíneas se les está brindando la información para el plan de contingencia. En este momento no tenemos capacidad para devolver plata”, concluyó.
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación para determinar si la aerolínea de bajo costo conocía sus problemas económicos y, a pesar de ello, siguió vendiendo tiquetes aéreos a miles de usuarios. “Estamos determinando si estamos frente a delitos de estafa en masa, pero hay unos temas que son administrativos y tienen que resolverse”, dijo el fiscal Francisco Barbosa.
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Por Redacción Bogotá
