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La personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda Villamizar y la representante adjunta para Operaciones del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Katharina Thote, presentaron un informe sobre la situación de las personas provenientes de Venezuela en Bogotá. Vacíos de protección y barreras de acceso de la población refugiada, migrante y retornada colombiana fueron parte de la discusión y la reflexión del distrito.
Según el informe, las principales dificultades que tienen los migrantes, refugiados y colombianos retornados de Venezuela que llegan a Bogotá es el acceso al trabajo, 47.8%, a la salud 38,67%, a la vivienda 7.73% y a la educación 4,7%. Del total de la población, un 52% son hombres, un 47% mujeres y un 1% son personas LGBTI.
El 75% de esta población se ubica en el sur y occidente de la ciudad, en las localidades de Kennedy, Suba, Bosa, Engativá, seguidas de Fontibón y Ciudad Bolívar. También se pudo establecer que el 60% viven en estratos 1 y 2.
Las zonas de mayor concentración de población proveniente del vecino país corresponden a zonas con mayores limitaciones en infraestructura para el acceso a servicios, lugares en los cuales también se han asentado víctimas del conflicto y en algunas localidades incluidas en las alertas tempranas de la Defensoría.
El 40% de la población consultada dice haber sido víctima de robos, 8% vivieron situaciones de violencia como amenazas o intimidaciones por su nacionalidad y 6,67% han sido víctimas de acoso sexual.
Se identificaron casos de explotación, en especial de trabajo sin remuneración. Frente a la situación de trata de personas, el informe plantea la existencia de un subregistro de casos y falta de herramientas de las víctimas para enfrentarlo.
Una de las causas principales de su desplazamiento desde Venezuela es la necesidad de buscar mayores recursos económicos para su sobrevivencia, representada por un 81,18%. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) indicó que para 2019, unos 3.7 millones de venezolanos padecen de hambre y malnutrición.
Cómo llegan
La entidad afirma que podrían identificarse cuatro “picos” migratorios: de 1999 a 2005, migración de élites tras la elección de Hugo Chávez; 2005 a 2009, despidos masivos en PDVSA, originando la llegada de capitales empresariales a Colombia y expertos en materia petrolera; 2012 a 2015, crisis económica tras la elección de Nicolás Maduro; 2015 en adelante, cierre fronterizo y gran “éxodo” como estrategia de supervivencia.
La población que se tomó como muestra para el informe identificó su salida a partir del año 2015, coincidiendo con el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario que dice que han entrado a Colombia un aproximado de un 48%, en el año 2015 y 2016, “en 2 años migraron tantas personas como habían migrado en los 4 años anteriores”.
Cómo ingresaron
La población ingresó a Colombia a través de La Guajira, Arauca y Norte de Santander. Un 76.79% cruzó la frontera por los medios regulares frente a un 22.34% que pasó por medios no convencionales, tipo trochas, caminos verdes o ríos.
Del 75,79% de la población que cruzó la frontera por puestos de control fronterizos, el 60.64% está compuesto por venezolanos y el 15.16% por población retornada colombiana. Por otro lado, el 22.34% de personas que cruzaron la frontera por otro medio no convencional, el 19.41% es venezolana y tan sólo el 2.92% es población retornada.
Las personas que ingresaron al país de manera irregular, su llegada a Bogotá estuvo precedida por múltiples estancias de corto y mediano plazo en otras ciudades, caminaron entre 15 a 30 días, arriesgando sus vidas, su integridad y en condiciones de alta vulnerabilidad buscando una manera de “subsistir”.
Recomendaciones
Debido a la escasa articulación entre las entidades de orden nacional y distrital, la Personería y Acnur recomendaron una mayor claridad y visibilidad de las rutas de atención, así como impulsar el trabajo en forma conjunta. También la integración como primer paso para la búsqueda de soluciones para la población proveniente de Venezuela. El informe pide combatir y prevenir la xenofobia, así como avanzar en la regularización migratoria y acceso al reconocimiento de refugiado para dar garantías mínimas de protección de derechos.
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