A través de una empresa de pirotecnia de Bogotá, un grupo de hombres sostuvo una red de tráfico de sustancias para fabricar explosivos, que vendían por grandes sumas de dinero a grupos al margen de la ley. La empresa se encargaba de importar ilegalmente clorato de potasio de otros países, una sustancia que, mezclada con otras, termina siendo un poderoso explosivo usado por estructuras ilegales en Cundinamarca, Boyacá y Antioquia.
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La evidencia de la Fiscalía develó que el clorato de potasio era presentado como insumo agroquímico, y transportado a través de empresas de envíos a zonas rurales. Al parecer, el clorato de potasio era comercializado por las estructuras criminales dedicadas a la minería ilegal y a otras actividades ilícitas.
Como Hoffman Arnulfo Melo Castro, fue identificado el cabecilla de esta banda, y quien fue capturado en una de las nueve diligencias de allanamiento realizadas por uniformados de la Dijin. A su lado cayeron otras cinco personas, entre ellas, Darling Alberto Balaguera Parra, alias Darling, acusado de coordinar el trasporte, la distribución y venta de los insumos explosivos.
Los allanamientos dieron como resultado el hallazgo e intervención de 11 bodegas clandestinas ubicadas en Bogotá, Mosquera (Cundinamarca), Chiquinquirá (Boyacá), y Medellín (Antioquia). En total se incautaron tres toneladas de sustancias explosivas, 8.005 detonadores no eléctricos, 8.160 fósforos eléctricos que permiten activar artefactos explosivos, 428 metros de cordón detonante, 37 detonadores modificados, 1.500 metros de mecha de seguridad, cinco armas de fuego, tres proveedores y 600 cartuchos. Adicionalmente, se hallaron aproximadamente 14.400 dólares, 123 millones de pesos y 14 celulares.
“Estos productos eran almacenados en bodegas clandestinas sin asegurar la disposición y el control de estas sustancias, colocando en riesgo la vida de las personas que residían y trabajaban a sus alrededores; este material era enviado desde Bogotá hacia otras ciudades del país a través de empresas de encomiendas y transporte público”, señala el informe de la Dijin.
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Por Redacción Bogotá
