En caso Petro ‘pierden el Procurador, Vargas Lleras y los Ríos’

La decisión del Consejo de Estado de ratificar las medidas cautelares a favor del alcalde Gustavo Petro le da el aliento de tranquilidad que le faltaba para terminar su mandato, a pesar de contar con una destitución e inhabilidad impuesta por la Procuraduría. Si bien, según sus abogados, él ya estaba convencido de que iba a terminar su periodo constitucional por el blindaje que le otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la respuesta del alto tribunal administrativo ratifica esa confianza.

Sin embargo, detrás de todo el novelón en el caso Petro, quien alcanzó a estar casi dos meses por fuera del cargo,  se podría decir que hay ganadores y perdedores. Para los seguidores y el equipo jurídico del mandatario gana la democracia y pierden el Procurador, el Vicepresidente y los empresarios que pretendían sacarlo del Palacio Liévano, motivados por sus aspiraciones políticas. El abogado Daniel Prado, quien ha defendido al mandatario capitalino, habló con El Espectador.

¿Cómo asumen la decisión?

Es una decisión más dentro de las actuaciones judiciales. Realmente no tiene una incidencia determinante frente a la permanencia del alcalde Petro, porque están vigentes la medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

¿Qué piensan de la decisión?

Es una decisión tardía del Consejo de Estado, porque primero entraron en vigencia las de la CIDH, que las suyas. Por lo tanto es lamentable que el este tribunal no hubiera garantizado en su momento los derecho del señor alcalde.

¿Quién gana y quién pierde con la ratificación de las medidas cautelares?

El que ha venido perdiendo es el país, con la ambigüedad y la inestabilidad que generó el fallo del Procurador Alejandro Ordóñez, que en medio de sus aspiraciones políticas de ser candidato a la presidencia en 2018, decidió eliminar a un posible contendor por esta vía. Vivimos una época en la que eliminaron físicamente a candidatos presidenciales de la izquierda. En este caso se pretendía eliminar a un contendor usando  la legislación.

Si se abusó de la legislación como creen, ¿quién promovió esto?

Es evidente que detrás de todo esto se encuentra la familia de Alberto Ríos, respaldado por su amigo el vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien también ha promovido una oposición férrea contra la gestión del alcalde Petro, porque al igual que el Procurador, también quiere eliminarlo como contrincante en las elecciones presidenciales del 2018. Para hacerlo movieron todas sus fichas políticas a nivel local y nacional para tratar de mostrar que Petro desempeñaba una mala gestión, algo que no es cierto. Creo en términos concretos los que pierden son ellos, que quisieron eliminar al señor alcalde y ahora tiene que asumir que con las decisiones de CIDH, Petro  se queda hasta que termine su periodo.

¿Qué viene en todo este proceso?

Unos actos procesales para determinar si la decisión del Procurador de inhabilitar y destituir tiene fundamente legal, que será el análisis en el proceso de nulidad. En la parte internacional, se dará un debate jurídico en la CIDH para determinar si el Procurador con sus decisiones violó los derechos del alcalde Petro y la Carta Interamericana, ya que es muy claro en ese documento electos popularmente no pueden ser destituidos por vía administrativa y sólo se puede hacer por vía penal. De confirmarse esto, la Nación tendría que modificar las facultades del jefe del Ministerio Público.

¿Pero la Procuraduría tiene esa facultad de destituir?

El que la Carta Interamericana prohíba la destitución de un mandatario electo popularmente a través de vía administrativa tiene su lógica, ya que fácilmente se podría usar esta facultad para eliminar un futuro contrincante político. Además, si analiza este caso, el Procurador, aunque él debía asumir personalmente la investigación y la decisión en el proceso disciplinario, delegó esa tarea por el tema electoral.

¿Qué pasa si el Consejo de Estado no declara la nulidad del fallo disciplinario?

Quedaría en evidencia que la administración de justicia se sigue manejando políticamente y, con este panorama, no sería nada raro. En Ese caso nos tocará seguir el proceso en la CIDH, donde sus decisiones están por encima de la legislación interna.

¿Si los magistrados ratifican la destitución y la inhabilidad, el presidente Santos podría volver a desacatar las medidas cautelares de la CIDH como lo hizo el año pasado?

Está demostrado jurídicamente que el país debe acatar esas medidas cautelares y es la CIDH la única que las puede levantar. En caso de que el Consejo de Estado tome esa decisión, lo que podría hacer el Gobierno es pedirle a la CIDH que levante las medidas y tendría que entrar a debatir ese tema. Sin embargo, creemos que no lo va a hacer. 

¿Qué conclusión deja este proceso hasta el momento? 

Que pierden todos aquellos que para mantener la corrupción que los han mantenido en el poder quisieron sacar al alcalde Petro del mandato. Sería bueno que el país conozca cuáles son los grandes negocios de los empresarios Ríos y todo su respaldo político.