En el Acueducto rigen los "contratos a dedo"

Justo cuando el Distrito afirma que, bajo el mandato de Gustavo Petro, la contratación directa ha disminuido en todas las dependencias, un análisis que hizo la Personería Distrital muestra algo distinto en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). Según el estudio, en 2013 la contratación directa (o “a dedo”) fue la regla y no la excepción, como sugiere la ley.

Ante esta conclusión, el Acueducto se defendió diciendo que, si bien la entidad tiene su propio manual de contratación que le permite adjudicar de forma directa y regirse por el derecho privado, todo se ha hecho ceñido a la ley de la contratación pública. Incluso, resaltan que las estadísticas de contratación muestran como la mayoría del presupuesto se ha contratado a través de invitaciones públicas.

El informe

Según el informe del ente de control, en 2013 el Acueducto adjudicó 1.596 contratos, de los cuales 1.260 (81%) fueron sin concurso público y con invitación a un solo interesado. Es decir, la empresa no estudió otras ofertas, impidiendo la pluralidad. Bajo la práctica de invitaciones a un solo interesado se adjudicaron 946 contratos de prestación de servicios, 96 de suministro, 66 de consultorías, 59 de compraventas, 45 de obra civil y 40 de interventoría.

Otro de los reproches que hizo la Personería fue que el 68% (1.056 casos) de la contratación de 2013 se celebró entre noviembre y diciembre, pero especialmente entre el 20 y el 27 de diciembre, días en los que se otorgaron en promedio 100 contratos diarios. En parte, la explicación podría ser que quisieron anticiparse a la ley de garantías, restringió la contratación directa en el primer semestre de 2014 por los comicios de Congreso y Presidencia. Sin embargo, llama la atención que en algunos casos, pudiendo hacer licitaciones, prefirieron la forma directa.

En la mira

De acuerdo con el manual de contratación del Acueducto, la entidad puede adjudicar contratos directos cuando su monto no supera los 1.000 salarios mínimos (casi $600 millones). Además, cuando son de arrendamiento; la entidad incursiona en un nuevo negocio (como el de la prestación del servicio de aseo), o cuando la invitación pública se declaró desierta.

Hay seis casos puntuales en los que, a criterio de la Personería, se brincaron estas normas: el de la interventoría a la facturación de aseo; el de las respuestas a las quejas de usuarios; el mantenimiento de los camiones compactadores; el suministro de equipos de reparación marca Gould para estaciones de bombeo; el suministro de combustible para los vehículos y el de repuestos de marcas Vactor, Cues, Gluxler y Thomson.
Para completar el panorama, están los resultados de cada convenio. Según el ente de control, a marzo de este año apenas uno de cada tres contratos, firmados en la avalancha de fin de año, no presentaba avances. De los otros, a pesar de que la mayoría habían terminado su plazo, sólo uno tenía acta de liquidación.

El Espectador intentó consultar el listado de las personas o empresas a las que más les adjudicaron contratos el año pasado y se encontró que el Acueducto no hace pública toda su actividad contractual en la página oficial. Según datos de la página (www.colombiacompra.gov.co), la entidad solo hizo públicos 242 procesos de los 1.596 que firmó en 2013, es decir, el 15%. Entre los contratos directos que se hicieron públicos, el más alto fue el que se firmó en agosto pasado con la Estación de Servicio Carrera 50 S.A.S. para el suministro de combustible durante 26 meses, por $12.000 millones.

Algo que podría evidenciar el caos en la contratación del Acueducto lo puso en evidencia la Personería al constatar que de los 118 contratos de obra civil, encontró obras sin empezar y otras que, a pesar de aparecer en los registros como “sin avance”, en el terreno ya estaban terminadas. Además, que hubo trabajos que aparecen en los reportes oficiales con fecha de acta de inicio anterior a la fecha real del comienzo de obras. Finalmente, algunas de las obras terminadas tienen deficiencias como construcción con material diferente, unas con desnivel y otras con empozamiento.

Finalmente, se encontraron 228 contratos con modificaciones como prórrogas y adiciones, de los cuales en 94 fueron superiores al 50% del valor inicial, algo que está prohibido por ley. “Esto demuestra la falta de planeación o de estudios serios antes de realizar la contratación”, concluye el informe.

“Estamos mejorando”

Ante el informe, Sandra Santafé, directora de contratación y compras del Acueducto, explicó que la contratación en la empresa se rige por su propio manual. Y que, aunque es claro que no se rigen por la ley de contratación pública, sí atienden los principios constitucionales de la función pública. “En el manual se establecen los requisitos que debe cumplir cada área para contratar, los cuales son semejantes a la contratación pública, ya que es obligatorio tener una justificación, una necesidad y datos precisos del proyecto. Además, se aclara cuándo debe ser por invitación pública y cuándo se puede directa”.

Agregó que cuando se abre una licitación o invitación pública, allí tienen definida una estrategia para evitar la corrupción. Se trata de la forma como se elige alguna de las tres fórmulas establecidas en el Acueducto para evaluar las propuestas. “La fórmula se elige dependiendo del rango de las últimas dos cifras del precio del dólar. Así no hay forma de dar cabida a la corrupción”, dijo Santafé.

Al conocer los datos del informe de la Personería, el acueducto insistió en que ellos tienen otras cuentas. Si bien en 2013 se firmaron casi 1.596 contratos, sus porcentajes se basan en el dinero invertido. Con este método, de los casi $800.000 millones que contrataron el año pasado, el 68% se invirtió a través de invitación pública, al adjudicar 194 licitaciones que sumaron $545.000 millones. Mientras que el 32% fue por contratos directos, al adjudicar 489 procesos, que sumaron $251.000 millones. Finalmente, la directora aclaró que la distorsión en el análisis de la Personería está en que la entidad incluyó las órdenes de prestación de servicio (OPS), que fueron alrededor de 960, en los que, si bien son contratos directos, la mayoría son de personal para el servicio de la entidad.

Caso por caso

La directora de contratación dijo que en los casos de las empresas que ganaron varios contratos el año pasado, como las empresas representadas por Mauricio de San Vicente, como Ingeaguas; las de Carlos Humberto Novoa, de la firma Manov ingeniería Ltda., y las de Héctor Julio Robles, representante de Agama, todos participaron en procesos públicos en los que hubo varios proponentes. “Nunca fue por invitación directa”, aclaró.

Frente al de suministro de combustible, indicó que inicialmente se abrió invitación pública, pero todos los interesados resultaron inhabilitados, incluso el actual contratista. “La Estación de Servicio Carrera 50 S.A.S., en la invitación pública, carecía de un permiso ambiental, que tenía en trámite y por eso se inhabilitó. Luego, como se declaró desierta, pudimos hacerlo de forma directa y para ese momento ya había obtenido el permiso”, concluyó.

Finalmente, en el caso de la interventoría del proceso de facturación (Sinergi) y el de atención de quejas y reclamos (Borda), la justificación fue que ya tenían el software y amparado en la causal de haber incursionado en un nuevo negocio como el de aseo. En cuanto a la publicación de los procesos en la página estatal de contratación, señalaron que sólo están obligados a publicar los contratos directos. A pesar de que el año pasado fueron casi 500 contratos directos, sólo publicaron 242. Ante esto señalaron: “tendremos que revisar”.

Cambio de tendencia

Por su parte, Alberto Merlano, gerente del Acueducto, afirmó que su administración ha tratado de darle mayor preponderancia a la invitación pública que a la contratación. Por ejemplo, mientras en 2011 fueron 49 licitaciones por $304.000 millones, el año pasado fueron 128 por $545.000 millones. “Aumentamos los procesos públicos y aún nos falta, porque la contratación directa pesa mucho en el presupuesto. Hacemos un esfuerzo por bajar esa contratación directa. Las cifras son prueba de ello y demuestran que hay una preocupación por la transparencia”, dijo Merlano. Y agregó: “Esta empresa ha sido señalada por el proceso de aseo y por todas las investigaciones, pero acá hay un esfuerzo por hacer una mejor empresa y transparente, donde cuestionen menos su forma de contratar”.

jamarin@elespectador.com
@alexmarin55

Justo cuando el Distrito afirma que, bajo el mandato de Gustavo Petro, la contratación directa ha disminuido en todas las dependencias, un análisis que hizo la Personería Distrital muestra algo distinto en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). Según el estudio, en 2013 la contratación directa (o “a dedo”) fue la regla y no la excepción, como sugiere la ley.

Ante esta conclusión, el Acueducto se defendió diciendo que, si bien la entidad tiene su propio manual de contratación que le permite adjudicar de forma directa y regirse por el derecho privado, todo se ha hecho ceñido a la ley de la contratación pública. Incluso, resaltan que las estadísticas de contratación muestran como la mayoría del presupuesto se ha contratado a través de invitaciones públicas.

El informe

Según el informe del ente de control, en 2013 el Acueducto adjudicó 1.596 contratos, de los cuales 1.260 (81%) fueron sin concurso público y con invitación a un solo interesado. Es decir, la empresa no estudió otras ofertas, impidiendo la pluralidad. Bajo la práctica de invitaciones a un solo interesado se adjudicaron 946 contratos de prestación de servicios, 96 de suministro, 66 de consultorías, 59 de compraventas, 45 de obra civil y 40 de interventoría.

Otro de los reproches que hizo la Personería fue que el 68% (1.056 casos) de la contratación de 2013 se celebró entre noviembre y diciembre, pero especialmente entre el 20 y el 27 de diciembre, días en los que se otorgaron en promedio 100 contratos diarios. En parte, la explicación podría ser que quisieron anticiparse a la ley de garantías, restringió la contratación directa en el primer semestre de 2014 por los comicios de Congreso y Presidencia. Sin embargo, llama la atención que en algunos casos, pudiendo hacer licitaciones, prefirieron la forma directa.

En la mira

De acuerdo con el manual de contratación del Acueducto, la entidad puede adjudicar contratos directos cuando su monto no supera los 1.000 salarios mínimos (casi $600 millones). Además, cuando son de arrendamiento; la entidad incursiona en un nuevo negocio (como el de la prestación del servicio de aseo), o cuando la invitación pública se declaró desierta.

Hay seis casos puntuales en los que, a criterio de la Personería, se brincaron estas normas: el de la interventoría a la facturación de aseo; el de las respuestas a las quejas de usuarios; el mantenimiento de los camiones compactadores; el suministro de equipos de reparación marca Gould para estaciones de bombeo; el suministro de combustible para los vehículos y el de repuestos de marcas Vactor, Cues, Gluxler y Thomson.
Para completar el panorama, están los resultados de cada convenio. Según el ente de control, a marzo de este año apenas uno de cada tres contratos, firmados en la avalancha de fin de año, no presentaba avances. De los otros, a pesar de que la mayoría habían terminado su plazo, sólo uno tenía acta de liquidación.

El Espectador intentó consultar el listado de las personas o empresas a las que más les adjudicaron contratos el año pasado y se encontró que el Acueducto no hace pública toda su actividad contractual en la página oficial. Según datos de la página (www.colombiacompra.gov.co), la entidad solo hizo públicos 242 procesos de los 1.596 que firmó en 2013, es decir, el 15%. Entre los contratos directos que se hicieron públicos, el más alto fue el que se firmó en agosto pasado con la Estación de Servicio Carrera 50 S.A.S. para el suministro de combustible durante 26 meses, por $12.000 millones.

Algo que podría evidenciar el caos en la contratación del Acueducto lo puso en evidencia la Personería al constatar que de los 118 contratos de obra civil, encontró obras sin empezar y otras que, a pesar de aparecer en los registros como “sin avance”, en el terreno ya estaban terminadas. Además, que hubo trabajos que aparecen en los reportes oficiales con fecha de acta de inicio anterior a la fecha real del comienzo de obras. Finalmente, algunas de las obras terminadas tienen deficiencias como construcción con material diferente, unas con desnivel y otras con empozamiento.

Finalmente, se encontraron 228 contratos con modificaciones como prórrogas y adiciones, de los cuales en 94 fueron superiores al 50% del valor inicial, algo que está prohibido por ley. “Esto demuestra la falta de planeación o de estudios serios antes de realizar la contratación”, concluye el informe.

“Estamos mejorando”

Ante el informe, Sandra Santafé, directora de contratación y compras del Acueducto, explicó que la contratación en la empresa se rige por su propio manual. Y que, aunque es claro que no se rigen por la ley de contratación pública, sí atienden los principios constitucionales de la función pública. “En el manual se establecen los requisitos que debe cumplir cada área para contratar, los cuales son semejantes a la contratación pública, ya que es obligatorio tener una justificación, una necesidad y datos precisos del proyecto. Además, se aclara cuándo debe ser por invitación pública y cuándo se puede directa”.

Agregó que cuando se abre una licitación o invitación pública, allí tienen definida una estrategia para evitar la corrupción. Se trata de la forma como se elige alguna de las tres fórmulas establecidas en el Acueducto para evaluar las propuestas. “La fórmula se elige dependiendo del rango de las últimas dos cifras del precio del dólar. Así no hay forma de dar cabida a la corrupción”, dijo Santafé.

Al conocer los datos del informe de la Personería, el acueducto insistió en que ellos tienen otras cuentas. Si bien en 2013 se firmaron casi 1.596 contratos, sus porcentajes se basan en el dinero invertido. Con este método, de los casi $800.000 millones que contrataron el año pasado, el 68% se invirtió a través de invitación pública, al adjudicar 194 licitaciones que sumaron $545.000 millones. Mientras que el 32% fue por contratos directos, al adjudicar 489 procesos, que sumaron $251.000 millones. Finalmente, la directora aclaró que la distorsión en el análisis de la Personería está en que la entidad incluyó las órdenes de prestación de servicio (OPS), que fueron alrededor de 960, en los que, si bien son contratos directos, la mayoría son de personal para el servicio de la entidad.

Caso por caso

La directora de contratación dijo que en los casos de las empresas que ganaron varios contratos el año pasado, como las empresas representadas por Mauricio de San Vicente, como Ingeaguas; las de Carlos Humberto Novoa, de la firma Manov ingeniería Ltda., y las de Héctor Julio Robles, representante de Agama, todos participaron en procesos públicos en los que hubo varios proponentes. “Nunca fue por invitación directa”, aclaró.

Frente al de suministro de combustible, indicó que inicialmente se abrió invitación pública, pero todos los interesados resultaron inhabilitados, incluso el actual contratista. “La Estación de Servicio Carrera 50 S.A.S., en la invitación pública, carecía de un permiso ambiental, que tenía en trámite y por eso se inhabilitó. Luego, como se declaró desierta, pudimos hacerlo de forma directa y para ese momento ya había obtenido el permiso”, concluyó.

Finalmente, en el caso de la interventoría del proceso de facturación (Sinergi) y el de atención de quejas y reclamos (Borda), la justificación fue que ya tenían el software y amparado en la causal de haber incursionado en un nuevo negocio como el de aseo. En cuanto a la publicación de los procesos en la página estatal de contratación, señalaron que sólo están obligados a publicar los contratos directos. A pesar de que el año pasado fueron casi 500 contratos directos, sólo publicaron 242. Ante esto señalaron: “tendremos que revisar”.

Cambio de tendencia

Por su parte, Alberto Merlano, gerente del Acueducto, afirmó que su administración ha tratado de darle mayor preponderancia a la invitación pública que a la contratación. Por ejemplo, mientras en 2011 fueron 49 licitaciones por $304.000 millones, el año pasado fueron 128 por $545.000 millones. “Aumentamos los procesos públicos y aún nos falta, porque la contratación directa pesa mucho en el presupuesto. Hacemos un esfuerzo por bajar esa contratación directa. Las cifras son prueba de ello y demuestran que hay una preocupación por la transparencia”, dijo Merlano. Y agregó: “Esta empresa ha sido señalada por el proceso de aseo y por todas las investigaciones, pero acá hay un esfuerzo por hacer una mejor empresa y transparente, donde cuestionen menos su forma de contratar”.

jamarin@elespectador.com
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