En enero comenzará recolección de firmas para revocatoria de Enrique Peñalosa

Al mediodía de hoy, los promotores de la revocatoria del alcalde Enrique Peñalosa (quien apenas lleva medio año en el cargo) se manifestarán por primera vez en la calle. Marcharán entre el Parque Nacional y la calle 90, en una jornada llamada “La estampida”. Pero más allá de la anécdota, será una oportunidad para tantear la fuerza de la movilización con la que arranca ese proceso, el segundo que enfrenta Peñalosa después de que también quisieron tumbarlo en 1999, durante su primera administración.

A quien le suene apresurado le interesará saber que el grupo que la promueve comenzó a organizarse en noviembre pasado, dos meses antes de que Peñalosa se posesionara. Leonardo Puentes, impulsor de la iniciativa, admite que estaban predispuestos: “Desde hace 16 años sufrimos su primera administración. Sabíamos lo que iba a pasar con la ETB, el metro y la reserva Van der Hammen”, dice.

El punto de comparación más próximo es la fallida revocatoria contra Gustavo Petro. Su principal promotor, Miguel Gómez, entonces representante a la Cámara por el Partido de la U, lanzó la propuesta en septiembre de 2012, aunque la idea se ventilaba desde junio de ese año. También parecía prematura, pero es evidente que el bus para tumbar a Peñalosa prendió motores con una antelación mayor.

Este movimiento se ha dividido en cuatro grupos: investigación (compara cómo está cambiando la ciudad una vez comenzó el mandato); seguimiento (contrasta lo prometido con lo que está ejecutando); defensa (planea acciones puntuales de manifestación) y jurídica (prepara el andamiaje legal para sustentar la revocatoria).

El fundamento, a su juicio, más fuerte es que el plan de gobierno que el alcalde radicó ante la Registraduría el año pasado como candidato no incluía la venta de la ETB. A eso le han sumado otras apuestas como la de intervenir la Reserva y modificar el diseño del metro. Legalmente, están pegados del artículo 65 de la Ley 134 de 1994, que establece los mecanismos de participación ciudadana. Allí se indica que, entre los motivos para justificar la revocatoria, no sólo cuenta el incumplimiento del plan de gobierno, sino “la insatisfacción general de la ciudadanía”.

Las encuestas han revelado hasta ahora que ese inconformismo se siente. La más reciente de Yahaas muestra que, en los 11 puntos por los que preguntó (desde gestión contra la delincuencia hasta la de cultura) Peñalosa no ha generado confianza ante los ciudadanos. En marzo, Gallup y Cifras y Conceptos hicieron los primeros cortes de cuentas. La primera concluyó que el 55 % de los ciudadanos desaprobaban la gestión, mientras que en la segunda osciló entre el 76 y el 91 % de desaprobación, dependiendo del campo evaluado. Con ciertos anuncios y decisiones, el alcalde se ha ganado la malquerencia de sectores como los vendedores informales, sindicatos, ambientalistas e incluso de organizaciones de mujeres (ver recuadros).

Peñalosa tiene a su favor que, como apenas empieza a gobernar, le queda tiempo para demostrar ejecuciones que calen de forma positiva en los ciudadanos. Está por verse, por ejemplo, si la reciente intervención en el Bronx favorece la imagen de su gobierno, aunque él asegura que no está preocupado por las encuestas, sino por poner en marcha decisiones que considera benéficas para la ciudad, por más que sean impopulares.

Lo que viene, así, será una tensión, por un lado, entre quienes se volcarán constantemente a las calles, y por el otro, la puesta en marcha de un modelo de ciudad que, independientemente de que guste o no, no pasará inadvertido ni siquiera para los más desinteresados de la cosa pública, debido a la gran cantidad de cambios que propone. La ciudad ya vivió un episodio similar en la primera administración de Peñalosa (1998-2000). En 1999, su impopularidad alcanzaba el 85 % y enfrentó un proceso de revocatoria que finalmente se cayó porque la Registraduría anuló la mayoría de las firmas radicadas.

Los actuales promotores para iniciar el proceso deberán presentar mínimo 271.818 firmas, equivalentes al 30 % de la votación que obtuvo el alcalde, como lo exige la ley. La recolección de esos apoyos deberá comenzar en enero de 2017, un año después de la posesión, y el plazo es de seis meses. En las urnas deberán votar, como mínimo, 1’092.229 personas, y el alcalde será revocado si votan a favor unas 546.115 (la mitad más uno). Vale recordar que en el país nunca ha prosperado un proceso de estos.

Recoger las firmas es lo fácil. Lo difícil está en lograr que la gente salga a votar. Para eso se requiere el respaldo de figuras públicas y partidos que garanticen la movilización hacia las urnas. Hasta ahora los promotores de la revocatoria han recibido el respaldo de movimientos como Marcha Patriótica, la Unión Patriótica y Progresistas, este último con un concejal: Hollman Morris. De la Alianza Verde, el representante a la Cámara por Bogotá Inti Asprilla es el más activo, mientras que del Polo Democrático se ha escuchado al representante Alirio Uribe (de la línea del senador Iván Cepeda), así como el senador Alexánder López. Un posible apoyo oficial de esa colectividad, la más grande de la izquierda en Bogotá, se definirá cuando el alcalde cumpla un año y comiencen a correr los términos legales.

Leonardo Puentes, el organizador, insiste en que se trata de una iniciativa ciudadana, no tanto partidista, aunque admite que los ligan, sobre todo, con el petrismo. Nada qué hacer. Él, por ejemplo, también impulsó en el mandato pasado la campaña “Petro no se va”, que defendió al entonces alcalde de la revocatoria. Pero eso no le importa. Su pretensión es ganar el mayor número de apoyos posibles para que le ayuden a oxigenar un proceso dispendioso y largo. Eso también depende de los recursos que consigan. El siguiente paso será crear una fundación para administrar el dinero. Ya venden camisetas a $20.000.

Vendedores ambulantes

El primer grupo con el que chocó el alcalde fue con los vendedores ambulantes, justo después de que en enero desalojara a casi 300 de ellos de la calle 72. La idea de recuperar el espacio público llevó al mandatario a enfrentar el descontento de los afectados, quienes, fuera de protestar, iniciaron una tutelatón por su derecho al trabajo. La polémica se avivó cuando El Espectador dio a conocer el relato de Isabel Hernández, vendedora informal que se hizo famosa por encarar a Peñalosa en la calle y luego por aparecer en una foto abrazada con él. Tras el episodio, la mujer dijo que le habían prometido soluciones, pero que todo fue un engaño para aparecer en la imagen. El Distrito ha defendido la necesidad de su política para defender el espacio público en la ciudad.

Sindicatos y la venta de la ETB

El enfrentamiento más reciente se vivió durante la discusión del Plan de Desarrollo y, puntualmente, cuando Peñalosa ratificó su idea de vender las acciones que tiene el Distrito en la ETB, con lo que prácticamente se privatiza la empresa.

Trabajadores, líderes sindicales, políticos de oposición e, incluso, estudiantes han hecho manifestaciones públicas en contra de la decisión, que ya fue aprobada por el Concejo de la ciudad.

Metro

Desde que resultó electo, anunció su idea de cambiar el metro subterráneo, propuesto por la anterior administración, para dar paso a un sistema férreo elevado. En contra de su iniciativa, a la que señalan de no tener estudios, se ha organizado un grupo de ciudadanos y políticos que por vías legales buscan reversar la decisión.

Mujeres

El Distrito quedó en el ojo del huracán luego de que El Espectador diera a conocer que, ante la demanda que presentó la familia de Rosa Elvira Cely contra el Distrito, la Secretaría de Gobierno argumentó en su defensa que el cruel asesinato fue “culpa de la víctima”, porque “todos sabían que a Javier Velasco lo tildaban de maloso. No obstante lo anterior, Rosa Elvira salió a departir con él”.

Tras el escándalo, el alcalde se mostró indignado; Nayive Carrasco, directora jurídica de la Secretaría (quien emitió el concepto) renunció a su cargo, y el Distrito pidió al juez que no se tuviera en cuenta ese concepto. Sin embargo, las críticas arreciaron y hubo plantones por grupos feministas.

Ambientalistas

La pelea comenzó desde que el alcalde ratificó su idea de urbanizar la reserva forestal Thomas van der Hammen, al norte de la ciudad. Mientras algunos hablan del valor ambiental de esas 1.400 hectáreas, el alcalde ha dicho que son lotes indispensables para hacerle frente a la expansión urbana de la ciudad. A quienes rechazan la idea de urbanizar se han sumado científicos, académicos, concejales y congresistas. Pese a que la coalición defensora de la reserva ha sumado adeptos, Peñalosa se ha mantenido firme en su propuesta, pese a su alto cobro político, especialmente, luego de saberse que algunos de sus funcionarios tienen predios en la zona de protección. 

Al mediodía de hoy, los promotores de la revocatoria del alcalde Enrique Peñalosa (quien apenas lleva medio año en el cargo) se manifestarán por primera vez en la calle. Marcharán entre el Parque Nacional y la calle 90, en una jornada llamada “La estampida”. Pero más allá de la anécdota, será una oportunidad para tantear la fuerza de la movilización con la que arranca ese proceso, el segundo que enfrenta Peñalosa después de que también quisieron tumbarlo en 1999, durante su primera administración.

A quien le suene apresurado le interesará saber que el grupo que la promueve comenzó a organizarse en noviembre pasado, dos meses antes de que Peñalosa se posesionara. Leonardo Puentes, impulsor de la iniciativa, admite que estaban predispuestos: “Desde hace 16 años sufrimos su primera administración. Sabíamos lo que iba a pasar con la ETB, el metro y la reserva Van der Hammen”, dice.

El punto de comparación más próximo es la fallida revocatoria contra Gustavo Petro. Su principal promotor, Miguel Gómez, entonces representante a la Cámara por el Partido de la U, lanzó la propuesta en septiembre de 2012, aunque la idea se ventilaba desde junio de ese año. También parecía prematura, pero es evidente que el bus para tumbar a Peñalosa prendió motores con una antelación mayor.

Este movimiento se ha dividido en cuatro grupos: investigación (compara cómo está cambiando la ciudad una vez comenzó el mandato); seguimiento (contrasta lo prometido con lo que está ejecutando); defensa (planea acciones puntuales de manifestación) y jurídica (prepara el andamiaje legal para sustentar la revocatoria).

El fundamento, a su juicio, más fuerte es que el plan de gobierno que el alcalde radicó ante la Registraduría el año pasado como candidato no incluía la venta de la ETB. A eso le han sumado otras apuestas como la de intervenir la Reserva y modificar el diseño del metro. Legalmente, están pegados del artículo 65 de la Ley 134 de 1994, que establece los mecanismos de participación ciudadana. Allí se indica que, entre los motivos para justificar la revocatoria, no sólo cuenta el incumplimiento del plan de gobierno, sino “la insatisfacción general de la ciudadanía”.

Las encuestas han revelado hasta ahora que ese inconformismo se siente. La más reciente de Yahaas muestra que, en los 11 puntos por los que preguntó (desde gestión contra la delincuencia hasta la de cultura) Peñalosa no ha generado confianza ante los ciudadanos. En marzo, Gallup y Cifras y Conceptos hicieron los primeros cortes de cuentas. La primera concluyó que el 55 % de los ciudadanos desaprobaban la gestión, mientras que en la segunda osciló entre el 76 y el 91 % de desaprobación, dependiendo del campo evaluado. Con ciertos anuncios y decisiones, el alcalde se ha ganado la malquerencia de sectores como los vendedores informales, sindicatos, ambientalistas e incluso de organizaciones de mujeres (ver recuadros).

Peñalosa tiene a su favor que, como apenas empieza a gobernar, le queda tiempo para demostrar ejecuciones que calen de forma positiva en los ciudadanos. Está por verse, por ejemplo, si la reciente intervención en el Bronx favorece la imagen de su gobierno, aunque él asegura que no está preocupado por las encuestas, sino por poner en marcha decisiones que considera benéficas para la ciudad, por más que sean impopulares.

Lo que viene, así, será una tensión, por un lado, entre quienes se volcarán constantemente a las calles, y por el otro, la puesta en marcha de un modelo de ciudad que, independientemente de que guste o no, no pasará inadvertido ni siquiera para los más desinteresados de la cosa pública, debido a la gran cantidad de cambios que propone. La ciudad ya vivió un episodio similar en la primera administración de Peñalosa (1998-2000). En 1999, su impopularidad alcanzaba el 85 % y enfrentó un proceso de revocatoria que finalmente se cayó porque la Registraduría anuló la mayoría de las firmas radicadas.

Los actuales promotores para iniciar el proceso deberán presentar mínimo 271.818 firmas, equivalentes al 30 % de la votación que obtuvo el alcalde, como lo exige la ley. La recolección de esos apoyos deberá comenzar en enero de 2017, un año después de la posesión, y el plazo es de seis meses. En las urnas deberán votar, como mínimo, 1’092.229 personas, y el alcalde será revocado si votan a favor unas 546.115 (la mitad más uno). Vale recordar que en el país nunca ha prosperado un proceso de estos.

Recoger las firmas es lo fácil. Lo difícil está en lograr que la gente salga a votar. Para eso se requiere el respaldo de figuras públicas y partidos que garanticen la movilización hacia las urnas. Hasta ahora los promotores de la revocatoria han recibido el respaldo de movimientos como Marcha Patriótica, la Unión Patriótica y Progresistas, este último con un concejal: Hollman Morris. De la Alianza Verde, el representante a la Cámara por Bogotá Inti Asprilla es el más activo, mientras que del Polo Democrático se ha escuchado al representante Alirio Uribe (de la línea del senador Iván Cepeda), así como el senador Alexánder López. Un posible apoyo oficial de esa colectividad, la más grande de la izquierda en Bogotá, se definirá cuando el alcalde cumpla un año y comiencen a correr los términos legales.

Leonardo Puentes, el organizador, insiste en que se trata de una iniciativa ciudadana, no tanto partidista, aunque admite que los ligan, sobre todo, con el petrismo. Nada qué hacer. Él, por ejemplo, también impulsó en el mandato pasado la campaña “Petro no se va”, que defendió al entonces alcalde de la revocatoria. Pero eso no le importa. Su pretensión es ganar el mayor número de apoyos posibles para que le ayuden a oxigenar un proceso dispendioso y largo. Eso también depende de los recursos que consigan. El siguiente paso será crear una fundación para administrar el dinero. Ya venden camisetas a $20.000.

Vendedores ambulantes

El primer grupo con el que chocó el alcalde fue con los vendedores ambulantes, justo después de que en enero desalojara a casi 300 de ellos de la calle 72. La idea de recuperar el espacio público llevó al mandatario a enfrentar el descontento de los afectados, quienes, fuera de protestar, iniciaron una tutelatón por su derecho al trabajo. La polémica se avivó cuando El Espectador dio a conocer el relato de Isabel Hernández, vendedora informal que se hizo famosa por encarar a Peñalosa en la calle y luego por aparecer en una foto abrazada con él. Tras el episodio, la mujer dijo que le habían prometido soluciones, pero que todo fue un engaño para aparecer en la imagen. El Distrito ha defendido la necesidad de su política para defender el espacio público en la ciudad.

Sindicatos y la venta de la ETB

El enfrentamiento más reciente se vivió durante la discusión del Plan de Desarrollo y, puntualmente, cuando Peñalosa ratificó su idea de vender las acciones que tiene el Distrito en la ETB, con lo que prácticamente se privatiza la empresa.

Trabajadores, líderes sindicales, políticos de oposición e, incluso, estudiantes han hecho manifestaciones públicas en contra de la decisión, que ya fue aprobada por el Concejo de la ciudad.

Metro

Desde que resultó electo, anunció su idea de cambiar el metro subterráneo, propuesto por la anterior administración, para dar paso a un sistema férreo elevado. En contra de su iniciativa, a la que señalan de no tener estudios, se ha organizado un grupo de ciudadanos y políticos que por vías legales buscan reversar la decisión.

Mujeres

El Distrito quedó en el ojo del huracán luego de que El Espectador diera a conocer que, ante la demanda que presentó la familia de Rosa Elvira Cely contra el Distrito, la Secretaría de Gobierno argumentó en su defensa que el cruel asesinato fue “culpa de la víctima”, porque “todos sabían que a Javier Velasco lo tildaban de maloso. No obstante lo anterior, Rosa Elvira salió a departir con él”.

Tras el escándalo, el alcalde se mostró indignado; Nayive Carrasco, directora jurídica de la Secretaría (quien emitió el concepto) renunció a su cargo, y el Distrito pidió al juez que no se tuviera en cuenta ese concepto. Sin embargo, las críticas arreciaron y hubo plantones por grupos feministas.

Ambientalistas

La pelea comenzó desde que el alcalde ratificó su idea de urbanizar la reserva forestal Thomas van der Hammen, al norte de la ciudad. Mientras algunos hablan del valor ambiental de esas 1.400 hectáreas, el alcalde ha dicho que son lotes indispensables para hacerle frente a la expansión urbana de la ciudad. A quienes rechazan la idea de urbanizar se han sumado científicos, académicos, concejales y congresistas. Pese a que la coalición defensora de la reserva ha sumado adeptos, Peñalosa se ha mantenido firme en su propuesta, pese a su alto cobro político, especialmente, luego de saberse que algunos de sus funcionarios tienen predios en la zona de protección.