Bogotá

22 Apr 2020 - 7:00 p. m.

En libertad quedaron 40 de los 41 capturados por violar la cuarentena en Usaquén

El único procesado a quien se le impuso el aseguramiento preventivo en el lugar de residencia fue un ciudadano que tenía antecedentes penales y que, además de violar la cuarentena, estaba incumpliendo una medida de casa por cárcel que ya lo cobijaba.

Redacción Bogotá / bogota@elespectador.com

Este miércoles 22 de abril, de forma virtual, se desarrolló la audiencia para definir en qué condiciones permanecerían las 41 personas que fueron capturadas el pasado 20 de abril por violar la cuarentena mientras departían en un establecimiento de comercio que funcionaba como hotel, en la localidad de Usaquén, donde las autoridades encontraron sustancias psicoactivas y alcohol.

Los detenidos fueron presentados ante el juzgado 72 de garantías. La Fiscalía solicitó una medida no privativa de la libertad para 40 de los infractores a quienes les imputó el delito de violación de medidas sanitarias, el cual representa una pena mayor a los cuatro años de prisión. Sin embargo, sí solicitó la medida de aseguramiento privativa de la libertad para uno de los capturados quien ya se encontraba cobijado con la medida de prisión domiciliaria, al momento de los hechos. 

"Lo que se debió pedir fue una privativa de la libertad en establecimiento carcelario pero estamos enfrentando una pandemia y es importante decir que el 21 de abril 2020 el fiscal general ha sacado la directiva que apuna a reglamentar las situaciones cuando se deben pedir este tipo de medidas de aseguramiento y que por el momento no es viable solicitarlas por cuanto las cárceles se encuentran en alerta máxima", afirmó la fiscal que lleva el caso.

En el desarrollo de la diligencia, uno de los abogados defensores excusó a los detenidos argumentando que “ellos no se reunieron para contagiar el COVID-19, sino que estaban en un recinto privado y cerrado consumiendo alcohol“. Asimismo, agregó que "comenzaron a bailar, a gritar, a sentirse libres en medio de una opresión tan violenta como la de esta pandemia”. En ese sentido, el abogado no considera esta conducta como delito y afirmó que no está prohibido y hace parte de lo que muchas personas necesitan en el encierro obligatorio, desestresarse.

En general, la gran mayoría de los abogados defensores que participaron en el proceso estuvieron de acuerdo con la medida solicitada por la Fiscalía. De igual forma, los juristas solicitaron el permiso para que las personas de género masculino obtengan un permiso para circular, en cuanto sea declarada su libertad, teniendo en cuenta la medida de "pico y placa" que rige en la ciudad. "Esta juventud impertinente e irresponsable debe comprender que es necesario respetar", afirmó uno de los abogados.

El único penalista que objetó la solicitud del ente acusador fue Benjamín Herrera, defensor de la persona cobijada con la medida de casa por cárcel. El  abogado indicó que su defendido "consumió el mismo alcohol que estaban consumiendo los otros ciudadanos, estaba escuchando la misma música, entonces no se puede decir que esta persona representa un peligro para la sociedad. Muy respetuosamente, solicito el mismo trato para él.

El despacho resuelve

Luego de analizar el material probatorio, el despacho de control de garantías determinó que pudo evidenciar que estas personas participaron del hecho que presentó la Fiscalía y que efectivamente los procesados violaron las medidas sanitarias, pues no se encuentran cobijados por ninguna de las excepciones del aislamiento preventivo obligatorio. Asimismo, indicó que el establecimiento comercial (hotel) no tenía autorización para operar y menos para que allí se consumiera licor, conducta que también está regulada. 

"Los 41 imputados no solo violaron el aislamiento preventivo obligatorio, sino que violaron otra medida sanitaria sobre la prohibición de consumir bebidas embriagantes en establecimiento de comercio. Atendiendo ese principio, se tiene que en efecto los imputados pusieron en peligro, con relevancia penal, la salud pública que es el bien público que se pretende proteger", afirmó la fiscal. 

Agregó que "no es desconocido para los colombianos que se está enfrentando una pandemia y tampoco es desconocido para los imputados las medidas para proteger a la comunidad de este COVID-19, en especial el contacto social y, por ello, se desarrollaron las medidas de aislamiento. Por tanto, dicha conducta de los 41 imputados es dolosa".

En ese sentido, la funcionaria estuvo de acuerdo con la solicitud de la Fiscalía de que las 40 personas obtengan una medida no privativa de la libertad que los obliga a presentarse cuando sean requeridos por las autoridades judiciales, a tener buena conducta y les prohibe salir de la ciudad donde habita cada uno. A ellos les fue declarada la libertad inmediata. 

Por otro lado, para el caso de quien ya se encontraba bajo la medida de casa por cárcel por el delito de tráfico o porte de armas (pena de 4 años y seis meses que se produjo el 7 de junio de 2018), el despacho determinó que esta persona deberá acogerse a la medida de aseguramiento preventiva en el lugar de residencia, pues su situación es distinta a los otros 39 sindicados y, por ello, "no se puede aplicar una igualdad de trato. Fue sorprendido violando una medida impuesta de carácter sansionatorio por parte del juzgado 46 penal del circuito con funciones de conocimiento. No podía salir de su residencia, ni siquiera para la compra de los alimentos". El abogado defensor dijo que no interpondrá recurso ante esta decisión.

Sobre el ciudadano extranjero de nacionalidad venezolana, la jueza determinó su libertad inmediata. La defensora, por su parte, afirmó que compulsará copias a la Procuraduría General de la Nación de pruebas que demuestran exceso de fuerza por parte de las autoridades contra su defendido y contra el inmueble donde se realizaron los hechos. 

"Las medidas solicitadas por la Fiscalía son necesarias, adecuadas y urgentes para proteger a la sociedad. Se protege a la comunidad por tanto se puede acreditar ese riesgo por parte de los 39 sindicados, pues existe un riesgo de no acatamiento de las medidas decretadas con ocasión a la emergencia sanitaria", concluyó el despacho. 

El pasado 20 de abril, a las 12:30 de la tarde, la Policía Metropolitana de Bogotá capturó a estas personas en la carrera 9 con calle 117A. Según los agentes que llevaron a cabo el operativo, en el CAI de Santa Bárbara se reportaron varias llamadas en las que se alertaba sobre un grupo de personas que se encontraban en dicho lugar, en estado de embriaguez. 

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