Enfermedades de la salud en Colombia
La falta de fiscalización por parte del Estado, la presencia de “precios sombras” y una ciudadanía que no está bien informada son algunas de las patologías que detecta.
Diana Carolina Cantillo E.
En un día, 6.000 capitalinos pasan horas enteras quejándose, ante la línea gratuita distrital de salud (195) de la incomodidad y el sufrimiento que les produce reclamar el servicio de salud ante sus EPS u obtener el medicamento al cual tienen derecho por estar incluido en el Plan Obligatorio de Salud (POS). Ellos, víctimas de la bancarrota en la que han caído tanto hospitales públicos como privados y de la desfinanciación —en algunos casos dudosa— de EPS subsidiadas y contributivas, son presas también de poderosos que han convertido su bienestar en un negocio privado que se nutre de la repartición a dedo de contratos y comisiones extralegales, hasta convertir los hospitales públicos en un fortín político en el que se comen langostinos y se bebe vino mientras que miles de capitalinos penan por ser atendidos en sus salas de espera.
A la agonía del sistema de salud se suman dos hechos que, en menos de una semana, han agitado a la opinión pública: un paciente que sufría de problemas renales murió en una silla plástica mientras esperaba que su EPS subsidiada, Unicajas-Comfacundi, le autorizara la diálisis que se venía realizando desde hacía 15 años, y una granada explotó en una de las sedes de Famisanar, EPS del régimen contributivo que está en manos de la Supersalud en medida de vigilancia especial.
En medio de este panorama, la administración de Gustavo Petro, en cabeza del secretario de Salud, Guillermo Jaramillo, prepara un revolcón al sistema de salud que hoy tiene eco en el Congreso de la República. Es por eso que el Distrito importó a expertos en salud de países como Brasil, Canadá, Costa Rica, Cuba, España, México, Chile y el Reino Unido, para que hagan sus aportes a la idea de construir un nuevo modelo.
El Espectador habló con uno de los invitados, Álvaro Erazo, ministro de Salud de Chile durante el gobierno de Michelle Bachelet, quien abanderó la implementación de una reforma al sistema en su país. Erazo analiza el caso colombiano y aporta ideas sobre lo que debería ser la reforma que desde diferentes sectores de la sociedad se impulsa en Colombia.
Deberá definir mecanismos de pago, separando la función aseguradora de la función prestadora. Es importante definir pagos que se reflejen en costos reales, no precios sombras. Porque los prestadores van a presentar primas más altas. Es necesario que exista un mecanismo que transfiera recursos y que no sea solamente una caja para traspasar dineros, porque ocurriría lo mismo que con las EPS, en este caso con déficit a cargo de la Alcaldía.
¿Hacia dónde debería encaminarse la reforma del sistema de salud en Colombia?
Los fenómenos de corrupción suceden en todos los escenarios y la única vía para ponerles coto es modernizar el Estado. Entonces, las reformas deben tener estos elementos, si no serán un fracaso. Mi impresión es que para que el sistema —el que sea— funcione en Colombia, requiere modernización y mayor fiscalización.
¿Qué opina de la reforma al sistema de salud que ha propuesto Bogotá, basada en eliminar a las EPS?
Creo que la reforma que dio origen a la Ley 100 tiene una matriz de error que es pensar que el sistema, y la salud en particular, se rigen bajo una lógica de mercado. La evidencia ha demostrado que las EPS no están entregando beneficios adecuados a la población de mayor riesgo, que es la que está en un régimen subsidiado, y, por lo tanto, hay que mejorar sustancialmente esas entidades.
La Secretaría de Salud de Bogotá pretende convertirse en la gran EPS del régimen subsidiado. ¿Qué opina?
La opción de la Alcaldía de Bogotá de administrar los riesgos de las personas y resolver los problemas de salud de la gente es absolutamente necesaria. Cómo lo haría es una discusión política y jurídica.
No se debe centrar en ciertas cosas. Hay que abordarla integralmente. Un aspecto es el financiero, es decir, de dónde van a salir los recursos: de un aporte contributivo o vía impuestos. El otro tema es el tipo de microfinanciación: qué mecanismos se van a utilizar para trasladar los recursos de tal manera que lleguen y se inviertan en lo que es.
También hay que gestionar la constitución de una red integral que preste el servicio. Las reformas big bang no funcionan; deben ser paulatinas, porque las que se hacen de una vez se hicieron en el papel y no funcionaron. Y, desde luego, los objetivos sanitarios deben estar por delante, la investigación y la política de prevención. Veo que en el sistema actual la ciudadanía no tiene la suficiente información para tomar decisiones acertadas.
¿En las Isapres, el símil de las EPS, también hubo corrupción?
No, las Isapres tienen un régimen de seguridad social, por ende, se deben a una cotización obligatoria, y además no son supervisadas sólo por un organismo, como es el caso colombiano. El Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, la Superintendencia de Seguros y Valores y la Superintendencia de Salud están encima de ellas.
¿Cuándo decidió Chile reformar su sistema de salud?
Después de la dictadura. En la presidencia de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994 y 2000) se hizo una reforma para dotar de mayores atribuciones a los servicios de salud y al seguro público a través del Fondo Nacional de Salud (Fonasa). En el gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010) se consolidó la reforma, estableciendo derechos explícitos con garantías de atención a toda la población. Su implementación fue en 2005, con la creación de un régimen de garantías que se llama Auge.
¿Cómo está estructurado el sistema de salud chileno?
En Chile hay la tradición de un sistema nacional de salud. El Ministerio de Salud cumple con la función de conducción de los actores a través de los mecanismos regulatorios. Hay un sistema privado que se constituyó en el período de la dictadura, que son las Isapres.
Es decir, nuestro sistema es mixto, en él predomina lo público y hay bajos copagos. Hay indudablemente necesidades, pero el aporte fiscal se viene recuperando luego de la contracción que vivió el sistema en los años ochenta, durante el modelo neoliberal.
¿Cuál fue el factor detonante para cambiar el modelo de salud chileno?
Básicamente fueron tres detonantes: las listas de espera en el sistema público, los problemas de acceso y la necesidad de aumentar la fiscalización por parte del Estado. Pero en el caso del privado también había problemas, como los altos costos de las Isapres y las preexistencias en salud, que eran una barrera de atención para aquellas enfermedades de altos costos.
Por eso fue necesario basar la reforma en un sistema de garantías en donde todos tienen el mismo acceso a los servicios, unos costos definidos y un fondo de aseguramiento oportuno para privados y públicos, que no generara problemas de financiamiento y de riesgo para los proveedores de salud.
¿Cómo confiar en que la posible reforma solucione los problemas del sistema actual colombiano?
Mirándolo desde una lógica de economía política de la reforma, el principal aliado es la ciudadanía. Las personas tienen que tener claro cuáles van a ser los beneficios de la reforma, pero si ésta no tiene como norte a los usuarios está perdida, y para su éxito se debe tener la presencia de los profesionales de la salud, que son los que conocen de primera mano cuáles son los problemas de salud de la gente y los que tiene el modelo actual.
¿Cuál sería el sistema de salud ideal para un país como Colombia?
No puede existir para ningún país. El sistema de salud representa el propósito de una comunidad que elija aspectos que son más valorados que otros. Yo considero que un sistema mixto, pero con mayor financiamiento estatal, con copagos menores; que el Ministerio de Salud tenga un rol de vigilancia sanitaria y que existan organismos que tengan el músculo para la vigilancia fiscal. Uno en donde no se discrimine la atención por nivel de ingresos, ni por sexo o edad.
En un día, 6.000 capitalinos pasan horas enteras quejándose, ante la línea gratuita distrital de salud (195) de la incomodidad y el sufrimiento que les produce reclamar el servicio de salud ante sus EPS u obtener el medicamento al cual tienen derecho por estar incluido en el Plan Obligatorio de Salud (POS). Ellos, víctimas de la bancarrota en la que han caído tanto hospitales públicos como privados y de la desfinanciación —en algunos casos dudosa— de EPS subsidiadas y contributivas, son presas también de poderosos que han convertido su bienestar en un negocio privado que se nutre de la repartición a dedo de contratos y comisiones extralegales, hasta convertir los hospitales públicos en un fortín político en el que se comen langostinos y se bebe vino mientras que miles de capitalinos penan por ser atendidos en sus salas de espera.
A la agonía del sistema de salud se suman dos hechos que, en menos de una semana, han agitado a la opinión pública: un paciente que sufría de problemas renales murió en una silla plástica mientras esperaba que su EPS subsidiada, Unicajas-Comfacundi, le autorizara la diálisis que se venía realizando desde hacía 15 años, y una granada explotó en una de las sedes de Famisanar, EPS del régimen contributivo que está en manos de la Supersalud en medida de vigilancia especial.
En medio de este panorama, la administración de Gustavo Petro, en cabeza del secretario de Salud, Guillermo Jaramillo, prepara un revolcón al sistema de salud que hoy tiene eco en el Congreso de la República. Es por eso que el Distrito importó a expertos en salud de países como Brasil, Canadá, Costa Rica, Cuba, España, México, Chile y el Reino Unido, para que hagan sus aportes a la idea de construir un nuevo modelo.
El Espectador habló con uno de los invitados, Álvaro Erazo, ministro de Salud de Chile durante el gobierno de Michelle Bachelet, quien abanderó la implementación de una reforma al sistema en su país. Erazo analiza el caso colombiano y aporta ideas sobre lo que debería ser la reforma que desde diferentes sectores de la sociedad se impulsa en Colombia.
Deberá definir mecanismos de pago, separando la función aseguradora de la función prestadora. Es importante definir pagos que se reflejen en costos reales, no precios sombras. Porque los prestadores van a presentar primas más altas. Es necesario que exista un mecanismo que transfiera recursos y que no sea solamente una caja para traspasar dineros, porque ocurriría lo mismo que con las EPS, en este caso con déficit a cargo de la Alcaldía.
¿Hacia dónde debería encaminarse la reforma del sistema de salud en Colombia?
Los fenómenos de corrupción suceden en todos los escenarios y la única vía para ponerles coto es modernizar el Estado. Entonces, las reformas deben tener estos elementos, si no serán un fracaso. Mi impresión es que para que el sistema —el que sea— funcione en Colombia, requiere modernización y mayor fiscalización.
¿Qué opina de la reforma al sistema de salud que ha propuesto Bogotá, basada en eliminar a las EPS?
Creo que la reforma que dio origen a la Ley 100 tiene una matriz de error que es pensar que el sistema, y la salud en particular, se rigen bajo una lógica de mercado. La evidencia ha demostrado que las EPS no están entregando beneficios adecuados a la población de mayor riesgo, que es la que está en un régimen subsidiado, y, por lo tanto, hay que mejorar sustancialmente esas entidades.
La Secretaría de Salud de Bogotá pretende convertirse en la gran EPS del régimen subsidiado. ¿Qué opina?
La opción de la Alcaldía de Bogotá de administrar los riesgos de las personas y resolver los problemas de salud de la gente es absolutamente necesaria. Cómo lo haría es una discusión política y jurídica.
No se debe centrar en ciertas cosas. Hay que abordarla integralmente. Un aspecto es el financiero, es decir, de dónde van a salir los recursos: de un aporte contributivo o vía impuestos. El otro tema es el tipo de microfinanciación: qué mecanismos se van a utilizar para trasladar los recursos de tal manera que lleguen y se inviertan en lo que es.
También hay que gestionar la constitución de una red integral que preste el servicio. Las reformas big bang no funcionan; deben ser paulatinas, porque las que se hacen de una vez se hicieron en el papel y no funcionaron. Y, desde luego, los objetivos sanitarios deben estar por delante, la investigación y la política de prevención. Veo que en el sistema actual la ciudadanía no tiene la suficiente información para tomar decisiones acertadas.
¿En las Isapres, el símil de las EPS, también hubo corrupción?
No, las Isapres tienen un régimen de seguridad social, por ende, se deben a una cotización obligatoria, y además no son supervisadas sólo por un organismo, como es el caso colombiano. El Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, la Superintendencia de Seguros y Valores y la Superintendencia de Salud están encima de ellas.
¿Cuándo decidió Chile reformar su sistema de salud?
Después de la dictadura. En la presidencia de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994 y 2000) se hizo una reforma para dotar de mayores atribuciones a los servicios de salud y al seguro público a través del Fondo Nacional de Salud (Fonasa). En el gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010) se consolidó la reforma, estableciendo derechos explícitos con garantías de atención a toda la población. Su implementación fue en 2005, con la creación de un régimen de garantías que se llama Auge.
¿Cómo está estructurado el sistema de salud chileno?
En Chile hay la tradición de un sistema nacional de salud. El Ministerio de Salud cumple con la función de conducción de los actores a través de los mecanismos regulatorios. Hay un sistema privado que se constituyó en el período de la dictadura, que son las Isapres.
Es decir, nuestro sistema es mixto, en él predomina lo público y hay bajos copagos. Hay indudablemente necesidades, pero el aporte fiscal se viene recuperando luego de la contracción que vivió el sistema en los años ochenta, durante el modelo neoliberal.
¿Cuál fue el factor detonante para cambiar el modelo de salud chileno?
Básicamente fueron tres detonantes: las listas de espera en el sistema público, los problemas de acceso y la necesidad de aumentar la fiscalización por parte del Estado. Pero en el caso del privado también había problemas, como los altos costos de las Isapres y las preexistencias en salud, que eran una barrera de atención para aquellas enfermedades de altos costos.
Por eso fue necesario basar la reforma en un sistema de garantías en donde todos tienen el mismo acceso a los servicios, unos costos definidos y un fondo de aseguramiento oportuno para privados y públicos, que no generara problemas de financiamiento y de riesgo para los proveedores de salud.
¿Cómo confiar en que la posible reforma solucione los problemas del sistema actual colombiano?
Mirándolo desde una lógica de economía política de la reforma, el principal aliado es la ciudadanía. Las personas tienen que tener claro cuáles van a ser los beneficios de la reforma, pero si ésta no tiene como norte a los usuarios está perdida, y para su éxito se debe tener la presencia de los profesionales de la salud, que son los que conocen de primera mano cuáles son los problemas de salud de la gente y los que tiene el modelo actual.
¿Cuál sería el sistema de salud ideal para un país como Colombia?
No puede existir para ningún país. El sistema de salud representa el propósito de una comunidad que elija aspectos que son más valorados que otros. Yo considero que un sistema mixto, pero con mayor financiamiento estatal, con copagos menores; que el Ministerio de Salud tenga un rol de vigilancia sanitaria y que existan organismos que tengan el músculo para la vigilancia fiscal. Uno en donde no se discrimine la atención por nivel de ingresos, ni por sexo o edad.