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Este jueves 12 de diciembre, se conoció que por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento contra un hombre que habría agredido sexualmente a dos menores de edad de la comunidad indígena Emberá Katio en Funza, Cundinamarca.
En el caso, una fiscal del Centro de Atención Integral de Víctimas de Abuso Sexual le imputó los delitos de acto sexual violento y acto sexual con menor de 14 años, ambos agravados. Sin embargo, los cargos no fueron aceptados.
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Los hechos se registraron el 30 de junio de 2024, en horas de la madrugada, en la Unidad de Protección Integral, UPI, La Florida, ubicada en el municipio de Funza. En donde el hombre, que también integra la comunidad, le habría realizado tocamientos en sus partes íntimas a las dos niñas.
Tras cometer la agresión, el procesado se fue del lugar y posteriormente regresó a la UPI, lugar donde fue capturado por uniformados de la Policía Nacional, en cumplimiento de una orden judicial. Con lo anterior, el hombre deberá cumplir la medida de aseguramiento en la cárcel Modelo de Bogotá.
La violencia contra la mujer es una realidad
La Defensoría del Pueblo dio a conocer hoy su balance de cifras en materia de protección de derechos humanos durante el año 2024. El riesgo de las mujeres frente a distintos tipos de violencia es el dato que mayor preocupación genera: entre enero y octubre de este año, se han presentado en total 745 feminicidios en el país, según la entidad.
De esa cifra de casos, 44 han sido en contra de niñas y 11 más en contra de población trans. Entre los meses de enero y septiembre, la Defensoría también registró un total de 26.605 casos de violencia de pareja y 33 de trata de personas. Este último dato se traduce en un aumento del 26% respecto a las cifras registradas en 2023.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, señaló que uno de los puntos más complejos del balance es la relación que existe entre la violencia en contra de las mujeres y el conflicto armado en los territorios.
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“Las mujeres en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, lideresas sociales, afrodescendientes, indígenas y migrantes enfrentan los riesgos más graves por las dinámicas del conflicto”, se señala en el informe de la Defensoría.
De igual forma, el 84% de los 1.381 los casos de explotación sexual comercial contra menores, correspondieron a niñas del país.
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Por Redacción Bogotá
