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Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Álvaro Javier Salgado Baleta, por agredir a un patrullero de la Policía Nacional en hechos ocurridos el pasado 10 de febrero en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá. El hecho fue registrado en video y compartido ampliamente en redes sociales, lo que aceleró la repercusión pública del caso.
La decisión se produjo tras la imputación realizada por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Bogotá, que le atribuyó los delitos de violencia contra servidor público y daño en bien ajeno, ambas conductas agravadas. Pese a las pruebas en video que dan cuenta de la conducta violenta, el procesado no aceptó los cargos.
La versión oficial señala que los hechos se registraron en vía pública, en medio de un aparente acto de intolerancia derivado de un incidente vial. Según ente investigador, el señalado habría golpeado con una carreta el vehículo institucional en el que se movilizaban varios uniformados.
Posteriormente, el capturado habría arremetido contra la patrulla, golpeando uno de los espejos laterales y el vidrio panorámico. Durante esa acción, se causó una lesión en una de sus manos.
En el momento en que uno de los policías descendió del vehículo, el procesado le propinó varios golpes en el rostro. El uniformado resultó lesionado y el señalado fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía.
¿Qué pena podría enfrentar?
El delito de violencia contra servidor público contempla penas de prisión que pueden oscilar entre cuatro y ocho años, dependiendo de las circunstancias del caso. Al tratarse de conductas agravadas y no conciliables, el proceso penal continuará mientras el imputado permanece privado de la libertad en establecimiento carcelario.
Cabe recordar que la medida de aseguramiento no constituye una condena, pero, tal y como lo consideró el juez, se cumplen los requisitos legales para restringir la libertad del procesado mientras avanza la investigación.
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