Escoltas de un magistrado y comandante del GOES en Bogotá, imputados por hurto y secuestro

En un operativo liderado por la Fiscalía 22 especializada de Bogotá capturaron a dos patrulleros y a un mayor activo de la Policía que, según los investigadores, al parecer hacían parte de una empresa criminal que habría secuestrado y asaltado a un comerciante de San Andresito, el pasado 19 de enero, al que le quitaron $800 millones en efectivo.

Este hecho lo relató la fiscal María Teresa Polanía, en la audiencia de imputación de cargos contra un mayor y dos patrulleros, a quienes les formularon cargos por los delitos de secuestro simple y hurto calificado agravado a título de dolo.

Según la funcionaria, el comerciante se encontraba en San Andresito de San José con una acompañante. De repente fue abordado por dos hombres con uniformes de la policía, que le preguntaron por lo que llevaba dentro del maletín que cargaba.

Al conocer que era dinero y establecer la suma, le dijeron que era plata proveniente del narcotráfico. Angustiado, la víctima insistió que era plata de procedencia legal. A pesar de esto, fue obligado a salir del centro comercial e ir a un restaurante, a donde llegó otra persona, que se identificó como capitán de la Policía, quien le dijo que lo llevarán detenido a la Sijín.

Los procesados, agregó la fiscal, se lo llevaron primero en un taxi y en el trayecto lo cambiaron en dos ocasiones de vehículo, hasta encontrarse con otro sujeto que se identificó como mayor de la Policía. Este le reiteró al comerciante que el dinero que llevaba era producto del narcotráfico.

Posterior a esto, lo subieron a una camioneta particular, lo llevaron y lo dejaron al occidente de Bogotá, pero le quitaron el maletín con el dinero. Tras el presunto robo, la víctima denunció ante la Fiscalía que, tres meses después, logró desarticular esta banda que hoy comparece ante la justicia.

¿Quiénes son los imputados?

Los dos patrulleros actualmente hacían parte del Sistema de Información de Protección y Servicios Especiales, y estaban asignados al esquema de seguridad del magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y excontralor de Bogotá, Juan Carlos Granados Becerra.

Junto a ellos, procesan a un Mayor que es comandante del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá. Este último tiene en curso varias investigaciones disciplinarias y una penal. La fiscal hizo hincapié en la audiencia de legalización de captura y de imputación de cargos, que los delitos que se les imputa son aún más reprochables por la calidad de funcionarios de la Policía Nacional.

En la diligencia judicial, el Juez 27 municipal penal con función de control de garantías declaró legal la captura de los tres sujetos, quienes no aceptaron cargos. Sin embargo, el togado suspendió la audiencia de imposición de medida de aseguramiento y continuará el próximo viernes 16 de abril.

Según le dijo a El Espectador el abogado Juan Manuel Sáenz, apoderado de las víctimas en este proceso, cuando se reanude la audiencia pedirán medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario contra los implicados. Hasta ese día, los uniformados Castillo, Quintero y Salazar seguirán detenidos.

A pesar de la imputación, esto no quiere decir que los uniformados sean responsables de las conductas que se les endilgan, simplemente que son investigados por la presunta comisión de los delitos y será un juez el que, tras analizar las pruebas, determinará si son culpables o inocentes.

En un operativo liderado por la Fiscalía 22 especializada de Bogotá capturaron a dos patrulleros y a un mayor activo de la Policía que, según los investigadores, al parecer hacían parte de una empresa criminal que habría secuestrado y asaltado a un comerciante de San Andresito, el pasado 19 de enero, al que le quitaron $800 millones en efectivo.

Este hecho lo relató la fiscal María Teresa Polanía, en la audiencia de imputación de cargos contra un mayor y dos patrulleros, a quienes les formularon cargos por los delitos de secuestro simple y hurto calificado agravado a título de dolo.

Según la funcionaria, el comerciante se encontraba en San Andresito de San José con una acompañante. De repente fue abordado por dos hombres con uniformes de la policía, que le preguntaron por lo que llevaba dentro del maletín que cargaba.

Al conocer que era dinero y establecer la suma, le dijeron que era plata proveniente del narcotráfico. Angustiado, la víctima insistió que era plata de procedencia legal. A pesar de esto, fue obligado a salir del centro comercial e ir a un restaurante, a donde llegó otra persona, que se identificó como capitán de la Policía, quien le dijo que lo llevarán detenido a la Sijín.

Los procesados, agregó la fiscal, se lo llevaron primero en un taxi y en el trayecto lo cambiaron en dos ocasiones de vehículo, hasta encontrarse con otro sujeto que se identificó como mayor de la Policía. Este le reiteró al comerciante que el dinero que llevaba era producto del narcotráfico.

Posterior a esto, lo subieron a una camioneta particular, lo llevaron y lo dejaron al occidente de Bogotá, pero le quitaron el maletín con el dinero. Tras el presunto robo, la víctima denunció ante la Fiscalía que, tres meses después, logró desarticular esta banda que hoy comparece ante la justicia.

¿Quiénes son los imputados?

Los dos patrulleros actualmente hacían parte del Sistema de Información de Protección y Servicios Especiales, y estaban asignados al esquema de seguridad del magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y excontralor de Bogotá, Juan Carlos Granados Becerra.

Junto a ellos, procesan a un Mayor que es comandante del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá. Este último tiene en curso varias investigaciones disciplinarias y una penal. La fiscal hizo hincapié en la audiencia de legalización de captura y de imputación de cargos, que los delitos que se les imputa son aún más reprochables por la calidad de funcionarios de la Policía Nacional.

En la diligencia judicial, el Juez 27 municipal penal con función de control de garantías declaró legal la captura de los tres sujetos, quienes no aceptaron cargos. Sin embargo, el togado suspendió la audiencia de imposición de medida de aseguramiento y continuará el próximo viernes 16 de abril.

Según le dijo a El Espectador el abogado Juan Manuel Sáenz, apoderado de las víctimas en este proceso, cuando se reanude la audiencia pedirán medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario contra los implicados. Hasta ese día, los uniformados Castillo, Quintero y Salazar seguirán detenidos.

A pesar de la imputación, esto no quiere decir que los uniformados sean responsables de las conductas que se les endilgan, simplemente que son investigados por la presunta comisión de los delitos y será un juez el que, tras analizar las pruebas, determinará si son culpables o inocentes.