Escuchar a la ciudadanía es una acción que trasciende más allá de las campañas electorales vacías y los baños de masas en plaza pública. Implicar a las personas que habitan la urbe que cada día se expande más y parece más lejana de ella misma, requiere de un componente de agendamiento público eficiente.
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Por el lado de Bogotá, existe documentación fácilmente rastreable sobre este factor de la administración pública que data desde el 2002. Jorge Amado, politólogo de la Universidad Nacional con énfasis en gestión pública, menciona que desde el alcalde Antanas Mockus se evidenciaron comienzos de tangibles en lo referente a la participación ciudadana.
Estatuto Orgánico de Bogotá
La arborescencia de las iniciativas ejecutadas por los alcaldes para fomentar la participación, parte de una fuente común que funge, en opinión del experto, como el núcleo de Bogotá como ciudad a ser gobernada con y para la ciudadanía, y esto es lo que se quiere formar con el Estatuto Orgánico de Bogotá.
Desde su reglamentación en 1993, el Estatuto le confiere a Bogotá un estatus especial que está directamente relacionado con la creación de nuevos mecanismos de participación ciudadana.
“De aquí parte la posibilidad ciudadana de presentar proyectos de acuerdo sobre temas de interés comunitario y se le da a las Juntas de Acción Comunal (JAL) la función de intermediadoras entre la administración y la ciudadanía en los barrios. Las JAL, con todo y sus limitaciones presupuestales y políticas actuales, poseen un potencial enorme de llevar la participación ciudadana a estadios de eficiencia aun sin explorar”, según Amado.
Dotado de este núcleo jurídico sin igual, Bogotá ha demostrado, desde 2002 hasta la actualidad, ser una urbe que propende hacia la escucha y el diálogo abierto. Más allá de los resultados y su evolución, llama la atención que desde ese año hasta 2018, en la capital se hayan emitido cerca de 102 normas referentes a la participación ciudadana: 50 acuerdos, 44 decretos y 8 resoluciones.
Presupuestos participativos
En medio de la normativa, en donde destacan ofertas institucionales de formación en cabeza del IDPAC (Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal), cabildos abiertos, creación de órganos consultivos y redes sociales, sobresale el instrumento de los presupuestos participativos (PP). El primer piloto de implementación que tuvo esta iniciativa, en 2008, hizo que el sector de educación fuera el primer gran beneficiado con la innovación que traía la propuesta.
En aquel ejercicio, se incluyó a 200 colegios y 4.200 personas para que participaran y formularan propuestas para asignar una partida presupuestal inicial, cedida por el IDPAC, de $43.000 millones. La evidencia recolectada durante la implementación y evolución parcial de los resultados, hicieron que a 2010 este rubro se incrementara a $47.000 millones e involucrara a 367 instituciones educativas de educación básica y media de la ciudad, en la que se adelantaron proyectos, mejora de infraestructura e inversión en otras áreas que solicitó la comunidad.
Desde el episodio, que completa más de 15 años de haber sido ejecutado, los presupuestos participativos se han extendido a todas las áreas de la ciudad (ambiente, cultura, mujer, etc) y cerraron el último cuatrienio con la participación de 237.000 personas de las 20 localidades. El modelo de implementación, así como la forma de interactuar y participar, ha tenido cambios notables en dicho periodo de tiempo.
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“Los presupuestos participativos, irónicamente, tuvieron su máximo auge en la administración de Samuel Moreno, con los pilotos que extendieron los PP a las 20 localidades y a otros nichos diferentes a la educación. Los escándalos de corrupción disminuyeron la confianza sobre la distribución y manejo de los recursos asignados a financiar el instrumento. Pero además, las dos posteriores administraciones entendieron la participación ciudadana de otra forma distinta y priorizaron otros mecanismos de participación”, explicó Amado.
La inactiva, con la última administración de Claudia López, tuvo un segundo aire. Durante el último cuatrienio, los PP lograron una destinación de $401.199 millones, que salieron del 50 % del presupuesto asignado a las alcaldías locales.
“Con esta acción se dio un caso, no sé si de éxito —eso falta por evaluarlo con mayor recolección de evidencia— pero sí de iniciativas para una mayor autonomía en el manejo local de los recursos. La charla sobre la composición de las localidades y su manejo administrativo quedó latente con la implementación de las Unidades de Planeamiento Local. Para lograr mayor participación, los gobiernos locales deben tener mayor capacidad de iniciativa y para eso necesitan autoridad presupuestal, entre otras competencias”, opinó el experto.
No obstante, hubo ciertas observaciones de la sociedad civil, y del sector político, sobre la efectividad de estos presupuestos. Desde su materialización, que figura en el 47 % de las propuestas ciudadanas priorizadas, hasta los canales de recepción de las iniciativas participativas, que a veces resultaron ser confusos o más bien poco difundidos.
Bogotá tiene hasta 2028 para definir una nueva forma de organizarse. Será el Concejo de la ciudad, elegido para los próximos 4 años, el que determine la forma y el método que usará Bogotá en esa transición territorial. Mientras eso ocurre, los expertos señalan que en la discusión el componente de participación ciudadana, tanto en los presupuestos participativos, como en los demás instrumentos relacionados, deben ocupar el prime time de la agenda de discusión.
Decreto 606 de 2023
Por el momento, los intentos de participación permiten dilucidar buenas intensiones que deben corregir sobre la marcha, y siguiendo el mar de retroalimentación recorrido. Sin embargo, hay un instrumento nuevo que deberá ser evaluado y puesto en marcha por la nueva administración.
Este sale del decreto 606 de 2023, expedido por la administración de Claudia López, con el cual se actualiza el Sistema Distrital de Participación Ciudadana del Distrito Capital. Este espectro de acción pública, que aglutina los PP, y otras iniciativas de participación anteriormente mencionadas, deberá incorporar en los próximos años nuevas herramientas que permitan hacer más incluyente su acceso por parte de la ciudadanía.
Alexander Reina, último director del IDPAC, mencionó a El Espectador que entre las principales novedades de este instrumento son: “la creación de jornada única de votación ciudadana para escoger los representantes a cerca de las 30 instancias de participación ciudadana; la creación del censo único de participación ciudadana, que permitirá que las personas solo requieran registrarse una vez a los espacios o momentos de participación que se ameriten; y que se fortalece la situación de gobernanza del sistema, que inhibe a verificar hasta qué punto los mecanismos de participación son efectivos”.
Finalmente, los bogotanos tenemos el deber de participar en la proyección de la ciudad, en las decisiones que la moldean a largo y a mediano plazo. Y los mecanismos que existen han de ser repotenciados y deben responder a la implicación ciudadanía. Hablar, participar, escuchar, materializar, deben ser los verbos inherentes al modo de vida capitalino.
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Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
