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Esterilizar a una mascota en Bogotá puede costar hasta $500.000, monto que no pueden pagar personas de bajos recursos. Por eso, para contrarrestar la reproducción indiscriminada y el abandono, el Distrito ofrece este servicio gratis a familias de estratos 1, 2 y 3, donde es frecuente ver animales callejeros que se multiplican sin control. Sin embargo, este programa está en la mira de la Personería por presuntas fallas que habrían facilitado que inescrupulosos terminaran montando todo un negocio.
Según la denuncia, tras conocer el cronograma de las brigadas de esterilización organizadas por el Instituto de Protección y Bienestar Animal (Idpyba), estas personas recorrían los barrios y ofrecían el servicio como si fueran privados, cobrando hasta $70.000 por un paquete que incluía transporte y cuidados. Una vez concretaban un determinado número de clientes, recogían las mascotas y las llevaban a las jornadas del Distrito, haciéndose pasar, en algunos casos, por animalistas que habían acabado de recoger a esos perros y gatos en la calle.
“Llegan en un camión mínimo con 20 caninos que, por su condición y modo de transporte, no refleja que sean animales de la calle, dejando por fuera del beneficio a quienes realmente lo necesitan y madrugan a hacer fila”, dijo Constanza Moreno, representante de la Federación de Entidades Defensoras de Animales y del Ambiente (Fedamco).
A su turno, Ofelia Chávez, otra de las denunciantes, aseguró que las supuestas irregularidades también salpican a algunos animalistas. Si bien el instituto les otorga cupos de esterilización, en reconocimiento por su labor de atender animales callejeros, hay otros que se han aprovechado de esto. “Hay casos como el de una señora que llegó a una jornada a las 3:00 a.m. con cinco perritos, pero al poco tiempo arribó una persona con su camionado de animales y el veterinario terminó otorgándole 40 cupos”, agregó Chávez, para quien esto es apenas una muestra de las supuestas fallas del instituto.
Distrito admite fallas
La exdirectora de Protección Animal Claudia Liliana Rodríguez, quien renunció hace una semana, admitió las fallas. Sin embargo, las atribuyó al manejo que se le daba a la actividad desde la Secretaría de Salud, que hace alrededor de cuatro meses —ante la creación de la nueva entidad— le cedió ciertos programas al instituto, entre ellos el de esterilización. “La Secretaría de Salud nos entregó el programa en marzo pasado (…) La Personería nos alertó del presunto delito. Comenzamos a ver cómo hacer para cambiar este modelo”, dijo la exfuncionaria.
Rodríguez reconoció que hubo casos en los que a las jornadas llegaron camiones con mascotas, incluso de raza french poodle “con uñitas rojas”, lo que evidenciaba que no se trataba de animales en condición de abandono. No obstante, la exdirectora explicó que hay que diferenciar el trabajo que hacen ciertos animalistas, que sí se ponen en la tarea de recoger animales y piden una contribución mínima para transporte, y quienes de manera inescrupulosa se lucran de la actividad.
“Hay casos de señoras que, por vocación y con muchas dificultades, van a las casas de estratos 0, 1 o 2 y piden $5.000 o $10.000 para pagar el transporte de los animales. Eso es un servicio. Hacen las veces de un domiciliario. ¿Yo cómo le voy a decir a esa persona que no lo haga? He visto el trabajo de los animalistas y tienen el derecho a cobrar por un transporte”, agregó Rodríguez, para quien la solución es vincular y contratar a estas personas, buscando también que no se presten para irregularidades.
Para evitar la ocurrencia de más hechos, la exdirectora puso en marcha una serie de medidas y filtros, entre ellos que a las jornadas ya no puedan acudir personas con más de tres mascotas, el agendamiento vía telefónica, mayor rigurosidad en el levantamiento de datos del beneficiario y campañas para insistir en que el programa es gratuito para estratos bajos. En el caso de los animalistas —con quienes tienen mesas de trabajo— se eliminaron los cupos y se implementaron jornadas especiales, a las que sí pueden llevar un número elevado de perros y gatos tras pasar ciertos filtros y demostrar que se trata de animales de calle.
Pese al aumento de controles, la Personería analiza el caso para determinar si hubo fallas del instituto o si, por el contrario, inescrupulosos asaltaron la buena fe del Distrito. Incluso se prevé que la personera, Carmen Teresa Castañeda, asista a una jornada de esterilización para conocer de primera mano los protocolos que se vienen implementando.
Con todo, para animalistas como Ofelia Chávez, las supuestas irregularidades en esterilizaciones hacen parte de una serie de fallas en la institución, como contratación de fundaciones que no cumplen los requisitos, el presunto hacinamiento y la insalubridad en que estarían algunos animales en albergues, problemas en el protocolo de atención prioritaria y dificultades en la instalación de los Consejos de Protección y Bienestar Animal en cada una de las localidades de Bogotá. Todos estos reclamos son de conocimiento de los entes de control y ahora harán parte de los asuntos que tendrá que resolver la nueva directora del instituto, Clara Lucía Sandoval, quien asumió hace apenas seis días.
jgonzalez@elespectador.com