Estocada a la consulta antitaurina

“Las sociedades que se divierten con la muerte de los animales, se divierten también con la muerte de los seres humanos”. Esta fue la reacción del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, al conocer el fallo de la Sección Quinta del Consejo de Estado, que echó al traste una de las iniciativas con las que esperaba terminar victorioso su administración: la consulta antitaurina. Y su reacción no era para menos. Tan sólo un mes le duró la ilusión de validar en las urnas su intención de cerrarles las puertas a las corridas de toros en la capital.

Petro estaba tan confiado en que la consulta sería un hecho, que incluso se comprometió a financiarla, con tal de poder celebrarla el 25 de octubre, en las elecciones regionales. Su seguridad se sustentaba en el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que el pasado 20 de agosto le había dado luz verde a la iniciativa, por considerar que se ajustaba a la nueva Ley de Participación Ciudadana y no era contraria a ninguna norma constitucional.

Sin embargo, los aficionados a la fiesta brava no se quedaron quietos. Tras conocer el fallo del Tribunal de Cundinamarca radicaron 16 tutelas ante el Consejo de Estado, en las que dijeron que se habían violado sus derechos, pues se habían desconocido las sentencias sobre la protección de la tauromaquia como expresión artística y cultural, así como los derechos fundamentales de las personas involucradas en las actividades taurinas y el derecho de las minorías a acceder a la cultura sin discriminaciones ni interferencias del poder público o de los grupos sociales mayoritarios.

Hoy, casi un mes después, el máximo tribunal administrativo aceptó los argumentos de los tutelantes y revocó la decisión del Tribunal de Cundinamarca, dejando sin piso jurídico la consulta. A criterio de la sala, en el fallo revisado se dejaron por fuera del análisis elementos tan importantes como los derechos de las minorías que apoyan las corridas de toros. Además señaló que el alcalde se extralimitó en el ejercicio de su competencia, al atribuirse una decisión reservada al Congreso.

“El Tribunal Administrativo violó el derecho fundamental al debido proceso de los accionantes, por cuanto desconoció de manera flagrante el precedente constitucional, que definió expresamente que en el Distrito Capital está habilitada la actividad de la tauromaquia. En consecuencia, a partir de esas decisiones, es claro que, salvo que el legislador lo prohíba, no es dable acudir a la consulta para que, por una decisión mayoritaria, se determine si se puede o no practicar el referido espectáculo en la edificación dispuesta para el efecto: la plaza de toros de Santamaría”.

“En ese sentido, el alcalde mayor de Bogotá no podría hacer obligatoria la decisión de la consulta, so pena de desconocer los efectos y la fuerza vinculante de las decisiones judiciales, en este caso, las proferidas por el Tribunal Constitucional, lo que impone amparar, se repite, el derecho al debido proceso por violación del precedente constitucional”, concluye la decisión.

Felipe Negret, presidente de la Corporación Taurina de Bogotá, aplaudió la decisión y fue duro con el alcalde Petro al señalar que “ya no caben más arbitrariedades frente al incumplimiento reiterado de cuatro años del alcalde a desconocer fallos judiciales, a irrespetar las instituciones y a matonear a una minoría que defiende un precepto de libertad”.

Y agregó: “Para alivio de los bogotanos, nos vamos a ahorrar $34.000 millones que, a través de la ETB, como caja menor, querían financiar una irregularidad. La invitación a Petro es que estos tres largos meses que le quedan como mandatario se dedique a gobernar y a cumplir la ley. Que se desmovilice del constante matoneo a que sometió a una minoría por cuatro años”.

Por su parte, Alfredo Molano Bravo, aficionado y reconocido defensor de la fiesta brava, opinó que “el fallo es de fondo, lo que quiere decir que el único recurso de los antitaurinos para impedir la existencia de una minoría cultural es el Congreso. Las consultas populares como mecanismo democrático no pueden usarse para aplastar a las disidencias. No hacemos política, sólo admiramos un arte”.

A pesar de que el pronunciamiento del Consejo de Estado parece determinante, y así lo interpretan los aficionados a la fiesta brava, para los animalistas y promotores de la consulta la guerra no está perdida y la consulta no está muerta. Eso sí, ya tienen claro que es imposible que se realice el 25 de octubre.

Así lo expresan algunos activistas como Natalia Parra, directora de la Plataforma Alto (grupo animalista), quien manifiesta que este es apenas un obstáculo más en su idea de que se acaban las corridas de toros. Por eso, asegura, impugnarán la decisión para que sea el Consejo de Estado en pleno el que tome una decisión de fondo.

“Desde que iniciamos esta lucha nos dijeron que la consulta estaba muerta, pero hemos visto cómo ha superado varios obstáculos. Esta decisión es una más en esta pelea. A pesar de todo, vamos a impugnar el fallo, porque los magistrados no tuvieron en cuenta varios aspectos importantes. Esperamos que el Consejo de Estado en pleno tome la decisión. Y debemos aclarar que los aficionados a las corridas no son una minoría constitucional, como lo quieren hacer ver.

“Nosotros no pretendemos violar los derechos de ninguna minoría. La pregunta de la Consulta buscaba establecer si las corridas tenían el arraigo cultural mayoritario. El Consejo de Estado desconoce un acervo de jurisprudencia y creemos que es necesario impugnar, ya que el derecho por el que abogaron los taurinos no tenía lugar en este proceso”, concluye Parra.

Por ahora, las corridas de toros y los aficionados a la fiesta brava ganan un nuevo pulso. Y aunque los animalistas insisten en que seguirán su lucha para que se prohíba esta clase de espectáculos, lo único claro es que el alcalde Gustavo Petro, si bien cumplió su promesa de eliminar las corridas durante su mandato, no logró terminar la faena, con el que era su propósito principal: cerrar del todo la puerta a la tauromaquia en Bogotá.

“Las sociedades que se divierten con la muerte de los animales, se divierten también con la muerte de los seres humanos”. Esta fue la reacción del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, al conocer el fallo de la Sección Quinta del Consejo de Estado, que echó al traste una de las iniciativas con las que esperaba terminar victorioso su administración: la consulta antitaurina. Y su reacción no era para menos. Tan sólo un mes le duró la ilusión de validar en las urnas su intención de cerrarles las puertas a las corridas de toros en la capital.

Petro estaba tan confiado en que la consulta sería un hecho, que incluso se comprometió a financiarla, con tal de poder celebrarla el 25 de octubre, en las elecciones regionales. Su seguridad se sustentaba en el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que el pasado 20 de agosto le había dado luz verde a la iniciativa, por considerar que se ajustaba a la nueva Ley de Participación Ciudadana y no era contraria a ninguna norma constitucional.

Sin embargo, los aficionados a la fiesta brava no se quedaron quietos. Tras conocer el fallo del Tribunal de Cundinamarca radicaron 16 tutelas ante el Consejo de Estado, en las que dijeron que se habían violado sus derechos, pues se habían desconocido las sentencias sobre la protección de la tauromaquia como expresión artística y cultural, así como los derechos fundamentales de las personas involucradas en las actividades taurinas y el derecho de las minorías a acceder a la cultura sin discriminaciones ni interferencias del poder público o de los grupos sociales mayoritarios.

Hoy, casi un mes después, el máximo tribunal administrativo aceptó los argumentos de los tutelantes y revocó la decisión del Tribunal de Cundinamarca, dejando sin piso jurídico la consulta. A criterio de la sala, en el fallo revisado se dejaron por fuera del análisis elementos tan importantes como los derechos de las minorías que apoyan las corridas de toros. Además señaló que el alcalde se extralimitó en el ejercicio de su competencia, al atribuirse una decisión reservada al Congreso.

“El Tribunal Administrativo violó el derecho fundamental al debido proceso de los accionantes, por cuanto desconoció de manera flagrante el precedente constitucional, que definió expresamente que en el Distrito Capital está habilitada la actividad de la tauromaquia. En consecuencia, a partir de esas decisiones, es claro que, salvo que el legislador lo prohíba, no es dable acudir a la consulta para que, por una decisión mayoritaria, se determine si se puede o no practicar el referido espectáculo en la edificación dispuesta para el efecto: la plaza de toros de Santamaría”.

“En ese sentido, el alcalde mayor de Bogotá no podría hacer obligatoria la decisión de la consulta, so pena de desconocer los efectos y la fuerza vinculante de las decisiones judiciales, en este caso, las proferidas por el Tribunal Constitucional, lo que impone amparar, se repite, el derecho al debido proceso por violación del precedente constitucional”, concluye la decisión.

Felipe Negret, presidente de la Corporación Taurina de Bogotá, aplaudió la decisión y fue duro con el alcalde Petro al señalar que “ya no caben más arbitrariedades frente al incumplimiento reiterado de cuatro años del alcalde a desconocer fallos judiciales, a irrespetar las instituciones y a matonear a una minoría que defiende un precepto de libertad”.

Y agregó: “Para alivio de los bogotanos, nos vamos a ahorrar $34.000 millones que, a través de la ETB, como caja menor, querían financiar una irregularidad. La invitación a Petro es que estos tres largos meses que le quedan como mandatario se dedique a gobernar y a cumplir la ley. Que se desmovilice del constante matoneo a que sometió a una minoría por cuatro años”.

Por su parte, Alfredo Molano Bravo, aficionado y reconocido defensor de la fiesta brava, opinó que “el fallo es de fondo, lo que quiere decir que el único recurso de los antitaurinos para impedir la existencia de una minoría cultural es el Congreso. Las consultas populares como mecanismo democrático no pueden usarse para aplastar a las disidencias. No hacemos política, sólo admiramos un arte”.

A pesar de que el pronunciamiento del Consejo de Estado parece determinante, y así lo interpretan los aficionados a la fiesta brava, para los animalistas y promotores de la consulta la guerra no está perdida y la consulta no está muerta. Eso sí, ya tienen claro que es imposible que se realice el 25 de octubre.

Así lo expresan algunos activistas como Natalia Parra, directora de la Plataforma Alto (grupo animalista), quien manifiesta que este es apenas un obstáculo más en su idea de que se acaban las corridas de toros. Por eso, asegura, impugnarán la decisión para que sea el Consejo de Estado en pleno el que tome una decisión de fondo.

“Desde que iniciamos esta lucha nos dijeron que la consulta estaba muerta, pero hemos visto cómo ha superado varios obstáculos. Esta decisión es una más en esta pelea. A pesar de todo, vamos a impugnar el fallo, porque los magistrados no tuvieron en cuenta varios aspectos importantes. Esperamos que el Consejo de Estado en pleno tome la decisión. Y debemos aclarar que los aficionados a las corridas no son una minoría constitucional, como lo quieren hacer ver.

“Nosotros no pretendemos violar los derechos de ninguna minoría. La pregunta de la Consulta buscaba establecer si las corridas tenían el arraigo cultural mayoritario. El Consejo de Estado desconoce un acervo de jurisprudencia y creemos que es necesario impugnar, ya que el derecho por el que abogaron los taurinos no tenía lugar en este proceso”, concluye Parra.

Por ahora, las corridas de toros y los aficionados a la fiesta brava ganan un nuevo pulso. Y aunque los animalistas insisten en que seguirán su lucha para que se prohíba esta clase de espectáculos, lo único claro es que el alcalde Gustavo Petro, si bien cumplió su promesa de eliminar las corridas durante su mandato, no logró terminar la faena, con el que era su propósito principal: cerrar del todo la puerta a la tauromaquia en Bogotá.