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La sabana de Bogotá es un paraíso de bosques, lagunas y desiertos que se divisan en las zonas urbanas y rurales de todos los municipios que la conforman. Sin embargo, prácticas irregulares en medio de actividades económicas, como la industria y la minería, amenazan todos los días ese sendero de encanto a tan solo unas horas de la capital del país.
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La Corporación Autónoma de Cundinamarca, como autoridad autónoma encargada de velar por la protección de estos recursos, informó sobre los municipios de la sabana con más infracciones ambientales.
De esta manera, según la CAR, .de los 11 municipios que conforman la región, Chía, Tocancipá y Cajicá, concentran el mayor número de quejas y denuncias presentadas por la comunidad por prácticas ambientales inadecuadas y el mal manejo de los recursos naturales. El informe tipifica y analiza las quejas ambientales recibidas en los primeros 6 meses de 2024 y que suman cerca de 420 denuncias en los 11 municipios de la jurisdicción.
“En el reporte podemos identificar que los municipios de Cajicá con 60 quejas, seguido de Chía y Tocancipá con 56, representan el mayor número de infracciones ambientales en el primer semestre, lo que deja en evidencia la importancia del trabajo interinstitucional para capacitar y/o realizar el llamado de atención a los habitantes de dichos municipios”, afirmó Liliana Ramírez, directora regional CAR Sabana Centro de la CAR.
La funcionaria subrayó si bien estos tres municipios encabezan la lista, no está muy lejos el número de quejas de Zipaquirá, Cogua, Tabio y Cota, los cuales también registraron un porcentaje significativo de las denuncias impuestas por la comunidad donde se han generado afectaciones a los recursos naturales, en su mayoría en la zona rural.
En medio de este panorama, y en plena crisis del agua en la región, el recurso hídrico es el más afectado. Actividades como las perforaciones ilegales de pozos profundos, captaciones ilegales de fuentes hídricas superficiales, desviación de cauces y el incumplimiento de las obligaciones en aquellos casos donde la autoridad ambiental otorgó el permiso, entre otros, afectan el uso responsable y eficiente del recurso.
Mientras que, para los componentes de flora y suelo, las denuncias más frecuentes son por aprovechamiento forestal para ampliación de la frontera agrícola, construcciones ilegales, disposición inadecuada de residuos de construcción (RCD) y actividades mineras irregulares que podrían provocar remoción en masa y deslizamientos que se agravan en época de lluvias.
“El desarrollo de cultivos en zonas de páramo, la descarga de aguas residuales no domesticas y domesticas a fuentes hídricas de uso público, la explotación del suelo sin contar con los instrumentos ambientales y la falta de permisos mineros, categorizan al sector agrícola, industrial y minero como actividades de mayor nivel de ilegalidad” puntualizó la funcionaria.
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Por Redacción Bogotá
