“Me siento indignado, he pagado este crédito bancario cuatro veces, cerca de $98 millones. Cuando lo tomé, era de $25 millones y dejé de pagar hasta que se me hizo imposible por los intereses hace un par de años”, dijo Alberto Henao luego de rendirse ante las presiones de la Fuerza Pública, que instaló desde las horas de la mañana una lona y una carpa en la acera de la que hasta el miércoles fue su vivienda, según contó el mismo Henao, para ocultar los atropellos que se pudieran cometer. “Cedí porque no quería que pasara nada grave, porque estaba con mi familia y porque a la hora de forzar la puerta me hirieron en la mano y el pecho”, concluyó.
Horas después de haber comenzado la diligencia de desalojo, la Personería hizo presencia junto con el juez encargado del caso, para mediar y llegar a un acuerdo, hasta que la familia Henao decidió no seguir oponiendo resistencia. Con esta ya era la sexta vez que intentaban sacarlos, luego de que se llevara a cabo el proceso ejecutivo hipotecario. “Somos víctimas, como miles de familias en el país, de los llamados créditos hipotecarios UPAC, que hoy en día se llaman UVR”, dijo Julián Henao, hijo de Alberto.
En la casa de dos plantas, situada en el barrio Normandía, carrera 66A N° 48-35, en la localidad de Engativá, habitaban 15 personas, entre ellos una madre y un menor de edad.
Frente al caso, el juez encargado dijo: “La orden fue impartida hace cuatro años. Desde hace seis meses sigo este asunto y personalmente he resuelto todas las peticiones que el señor ha elevado, y ahora no queda ningún otro argumento jurídico por resolverles, sólo falta que desalojen”. La declaración fue hecha momentos antes de que las partes llegaran a un acuerdo, según el cual Henao y sus familiares se marchaban y el banco disponía del inmueble.
Por Pompilio Peña
