29 Sep 2020 - 4:55 p. m.

Estudiantes bogotanos quieren revolucionar la economía con cannabis industrial

Mediante un proyecto de ley, estos jóvenes buscan que en Colombia se regule el uso industrial del cáñamo, una cepa de cannabis que no tiene efectos psicoactivos y de la cual se puede sacar materia prima para uso cosmético, alimenticio y textil, entre otros. En esta iniciativa también han sido protagonistas organizaciones como Fedecannabis y el senador Horacio José Serpa.
Diego Ojeda

Diego Ojeda

Periodista
Nicolás Ordúz y Daniel Villate son universitarios que residen en Bogotá. Ambos diseñaron un proyecto de ley que busca regular el cannabis industrial en Colombia.
Nicolás Ordúz y Daniel Villate son universitarios que residen en Bogotá. Ambos diseñaron un proyecto de ley que busca regular el cannabis industrial en Colombia.

En Colombia, la industria del cannabis medicinal se encuentra regulada mediante la ley 1787 de 2016. Gracias a esta, el país avanza como uno de los principales productores y exportadores de materias primas para fines científicos y farmacéuticos. Sin embargo, la nación estaría próxima a presenciar un segundo hito económico en este asunto, pues la eventual aprobación de un proyecto de ley permitiría que el cannabis también sea aprovechado para aportar a negocios como el de los combustibles, los textiles y la construcción.

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Lo anterior es lo que buscan Nicolás Ordúz y Daniel Villate, dos estudiantes universitarios de Bogotá (el primero de la facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional y el segundo de la facultad de Economía de la Universidad de Los Andes) y , con el proyecto de ley que diseñaron, el cual fue radicado en el Congreso con la ayuda del representante a la Cámara Carlos Eduardo Acosta (de Colombia Justa Libres). Sin embargo, este fue retirado, pues el senador Horacio José Serpa, con la ayuda de la Federación Nacional de Cannabis (Fedecannabis) también había radicado uno parecido en el Senado, así se ambos políticos decidieron trabajar en conjunto como coautores y avanzar en una misma línea.

Con esta propuesta, aspiran a que en Colombia se regule el cultivo, la transformación, la producción y demás actividades relacionadas al uso industrial del cáñamo, una cepa del cannabis que no tiene efectos psicoactivos (su contenido de THC es inferior al 1 %, y en el marco del proyecto las materias primas obtenidas no pueden superar el 0,3 %). Mediante este aval, aseguran, la economía del país podría dinamizarse, pues de la materia prima obtenida a partir de esta planta se pueden elaborar más de 1.000 productos, dejando amplios márgenes de ganancia - sembrar una hectárea puede costar US$600 ($2′300.000)y de allí sacar de ocho a diez toneladas de fibra, cada una se paga en US$480 ($1′860.000) en el mercados internacionales -, que incluso la convierten en una candidata idónea para el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos. En suma, el país se estaría preparando para una gran ‘ola verde’.

En entrevista con El Espectador, Ordúz explicó que la idea de este proyecto de ley surgió al analizar que, aunque la actual regulación del cannabis medicinal en Colombia promete ser inclusiva con los pequeños productores (ya que establece que el 10 % del total de la producción del transformador debe provenir de un pequeño y mediano productor), en realidad son pocos los casos que se cumplen, pues se les exigen parámetros casi que al nivel de una empresa farmaceútica “y montar una compañía de ese tipo tiene unos costos que no bajan de los US$300.000 ($1.168 millones) por hectárea”.

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Con el proyecto de ley también se busca que las exigencias sean diferentes, pues se haría una distinción entre el cannabis psicoactivo y el no psicoactivo, así como los usos que se le dan a cada cual. Con esto tendría sentido, por ejemplo, un registro INVIMA para la elaboración de productos farmaceúticos, pero no en la provisión de materia prima para fabricación de camisas. De hecho, estos cultivos incluso podrían estar al aire libre.

Según el gerente general de Fedecannabis, Nicolás Múnera, “desde junio de 2019 se vio la necesidad de separar la regulación que existe entre el cannabis medicinal y el cáñamo industrial en el país teniendo en cuenta que el cáñamo no es psicoactivo y sí tiene grandes bondades industriales. Para ello, se empezó a trabajar en el proyecto que, de ser aprobado en el Senado de la República, permitirá que esta sustancia pase de ser controlada a supervisada, además de actualizar la normatividad vigente, lo que permitiría un incremento en las exportaciones, y sobretodo, la llegada de nuevas inversiones”.

“El cannabis industrial es la verdadera ola verde, porque el nicho del cannabis medicinal es muy pequeño, ¿quién va a consumir cannabis medicinal? pues los pacientes que requieran un tratamiento especial. Sin embargo, con el cannabis industrial puedo producir telas, fibras, biopolímeros, bioplásticos, papel, ladrillos…”, menciona Ordúz al argumentar el potencial de este negocio, pues del cáñamo no se desperdicia nada. Su tallo se puede transformar en fibra para la producción de telas, las hojas se le pueden dar a empresas veterinarias que hagan derivados nutricionales y las raíces se pueden convertir en biocombustibles.

“La promesa del cáñamo es tal, que uno de sus mayores exponentes en el mundo dijo estar dispuesto a dar toda su fortuna a quien le refute que esta planta no se puede volver la sustitución de los hidrocarburos en el mundo. Y tiene razón, porque del cáñamo se pueden obtener los mismos productos que se derivan de un barril de petróleo”, agregó.

De llegarse a dar este paso, los beneficios también impactarían el medio ambiente, ya que como lo explica el gerente de Fedecannabis, “el cáñamo es una de las plantas que más CO2 captura en el planeta y esto, para el país en materia de sostenibilidad ambiental, traería enormes beneficios adicionales a la reactivación económica que por estos días se hace tan necesaria en las regiones del país”.

Ya radicado en el senado, este proyecto se encuentra a la espera de que le sea asignado un ponente. Sin embargo, Múnera asegura que el proyecto va fortalecido, pues ha contado con múltiples socializaciones con los Ministerios de Agricultura, Justicia, Comercio, Industria y Turismo; Procolombia, Invima, la Alta Consejería para la Estabilización y Consolidación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos y, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA.)

La experiencia de la industria del cannabis medicinal en Colombia

El Espectador habló con Julián Wilches, el directivo de una de las empresas de cannabis medicinal más influyentes en Colombia, Clever Leaves. Desde su experiencia de operación de cuatro años, esta industria ha demostrado ser una gran alternativa de generación de empleo.

En las 18 hectáreas que tienen cultivadas en Pesca (Boyacá) trabajan alrededor de 350 personas. El 70 % de estas son mujeres, de las cuales el 50 % son madres cabeza de familia. El promedio de la remuneración mensual de un trabajador de proyectos de cannabis medicinal en Colombia, durante 2019, fue de US$1.354 ($5′200.000), en la que la media para los rurales es de US$563 ($2′200.000) y para los urbanos es de US$2.333 ($9′000.000). La proyección es que a 2023 esta industria genere 1.560 empleos adicionales, con lo que se estaría aportando a la formalidad en el campo colombiano.

Según Wilches, al país todavía le falta camino por recorrer para potenciar aún más esta industria. Desde su perspectiva, existen al menos cuatro cuellos de botella que dificultan su desarrollo.

El primero es el sistema de cupos que otorga Naciones Unidas a Colombia para manejar determinada cantidad de una sustancia controlada cada año. “Anualmente Colombia tiene que ir a la JIFE (Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes) para decir cuánto va a usar de cannabis, metadona y oxicodona el año entrante. Ese régimen de cupos es como una escultura de la edad media, ya que resulta engorroso, lento y le da problemas para ser más competitiva. Se sobreregula algo que debería ser mucho más sencillo”, manifiesta.

El segundo son las barreras a las exportaciones por las decisiones que está tomando el Fondo Nacional de Estupefacientes para interpretar la regulación y la convención única de estupefacientes del 61. También porque en el INVIMA existen unos mecanismos muy lentos (que demoran de tres a doce meses) para las certificaciones que se le dan a un producto de exportación.

Finalmente, porque todavía no hay medicamentos disponibles para los pacientes en Colombia, lo que va en contravía de uno de los propósitos más importantes por los que se aprobó la ley, es decir, el de mejorar la calidad de vida de quienes padecen de ciertas enfermedades. “Lo cierto es que a la fecha no hay un producto registrado como medicamento o como fitoterapéutico en Colombia. Ese es el tercer cuello de botella”, dice.

“El cuarto es que, por ser esto tan engorroso, hay una industria paralela que con o sin licencia y mal supervisados elaboran productos de pésima calidad, sin registro INVIMA y de precio alto. El Gobierno no está controlando esa ilegalidad e informalidad. Todos tenemos una tía que salió y compró un producto en un mercado de pulgas que para el dolor de espalda. Los pacientes tienen el derecho a que se les garantice la calidad de los productos”, agrega.

Sin embargo, para Wilches, existe un problema adicional (que no lo cataloga como cuello de botella) y es que el país no está permitiendo la exportación de flor seca, lo que le impide acceder al 65 % del mercado y que el empleo de esta industria se triplique. “¿Colombia se va a dar el lujo de negarse a participar de ese mercado en este momento donde el desempleo está disparado?”, cuestiona.

En suma, aunque Colombia hace parte de los países más avanzados en materia de regulación para la industria del cannabis, la realidad muestra que aún le falta dar importantes pasos para ser más competitiva. Propuestas como las de Wilches, Ordúz y otros colombianos inmersos en este negocio, podrían marcar las bases de lo que, aseguran, convertirá al país en una potencia de exportación.

Nota del editor: Este artículo fue modificado luego de que este medio conociera que el senador Horacio José Serpa y Fedecannabis también han trabajado para impulsar un proyecto de ley que regule el uso industrial del cáñamo en el país. Serpa y Acosta acordaron trabajar en conjunto para adelantar este proyecto en el Senado, razón por la cual este último retiró la radicación en la Cámara de Representantes.

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