Exalcalde de Chía, en la mira de la Procuraduría por polémica planta de tratamiento

En mayo de este año la Contraloría de Cundinamarca alertó sobre un hallazgo administrativo por la suma de $19.000 millones en el contrato de la planta de tratamiento del municipio. / Gustavo Torrijos-El Espectador

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación en contra del exalcalde de Chía (Cundinamarca) Guillermo Varela Romero, por presuntas irregularidades en el trámite del leasing realizado entre el municipio y Bancolombia para el funcionamiento de la planta de tratamiento PTAR I.

Además, indagará la presunta falta disciplinaria en la que, al parecer, incurrieron Rafael Antonio Ballesteros y Enrique Cabrera Marín, (secretarios de Obras Públicas) y Luis Hernán Vargas Forero y Elena Patricia Aldana Torres, exsecretarios de Hacienda del municipio.

Se busca determinar si hubo una violación al principio de anualidad presupuestal, debido a que fue pactado el contrato de leasing con ejecución de 84 meses, un periodo de gracia de 12 meses y una periodicidad de pago trimestral. Dice el Ministerio Público que esto habría afectado el presupuesto municipal.

En mayo de este año, la Contraloría de Cundinamarca alertó sobre un hallazgo administrativo por la suma de $19.000 millones tras una auditoría en la inversión, construcción y puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento. Advirtió, además, que hubo una falta de planeación desde la etapa precontractual, pasando por su contratación y construcción.

El ente de control fiscal indicó que “no se evidencia la oportuna y pertinente selección de modalidades y alternativas” y que esta presunta responsabilidad recaería, además, sobre el Concejo Municipal y los contratistas, debido a que “en cada uno de estos existía la obligación de analizar y advertir la pertinencia de la figura del leasing financiero frente a otras alternativas”.

Además, respecto a la tecnología implementada en la planta, indicó que no era la única ni la mejor: “Existen otras muy buenas en el país y el mundo, y con mayores alternativas y facilidades en puesta de funcionamiento y mantenimiento”.

El ente de control fiscal indicó en que el proceso careció de un concurso de méritos para el estudio, el cual no tuvo licitación y, de esa manera, se recurrió a la contratación directa.

En ese momento, la Contraloría de Cundinamarca remitió el proceso a la Fiscalía General de la Nación para que determine si existen méritos para abrir una investigación penal.