Exdirectores del IDU, inhabilitados por más de 18 años para ejercer cargos públicos
Se trata de Liliana Pardo Gaona y Néstor Eugenio Ramírez Cardona.
El Espectador
La Personería de Bogotá, en primera instancia, destituyó a los exdirectores del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Liliana Pardo Gaona y Néstor Eugenio Ramírez Cardona, y los inhabilitó para desempeñar cargos públicos por 20 y 18 años, respectivamente, por irregularidades en la contratación y ejecución de 21 de las 36 obras del grupo uno de valorización establecidas en un acuerdo distrital de 2005 con un costo superior a los $389 mil millones.
“Los funcionarios omitieron realizar las gestiones necesarias para evitar las demoras e improvisaciones que impidieron la entrega oportuna de las obras, al punto que aún hoy algunas de ellas no se han terminado”, dice la Personería.
A los dos exdirectores se les sancionó por falta de planeación en su labor, lo cual se reflejó en problemas en la elaboración de diseños, rediseños y demoras en la adquisición de predios para las obras.
La Personería Delegada para Coordinación de Asuntos Disciplinarios consideró que los inculpados son responsables de falta de coordinación en la adecuación de redes de servicios públicos y la expedición de permisos ambientales o de tránsito, para la construcción oportuna de las vías públicas.
“La improvisación generó prórrogas, suspensiones y adiciones a los contratos por deficiencias en el control y vigilancia en la correcta ejecución del plan de obras. De esa forma, se presentaron continuos cambios en los cronogramas de construcción y entrega en la mayoría de las 7 vías, 2 puentes vehiculares, 5 peatonales, 5 andenes y 2 obras de mejoramiento vial.
“Liliana Pardo utilizó la figura de la adición para entregar a dedo nueve obras de valorización por 90 mil millones de pesos. La funcionaria no efectuó la convocatoria pública de ley para escoger de manera transparente al mejor contratista y adjudicar la construcción de las vías”, dice el ente de control.
La Procuraduría General de la Nación asumió la investigación de nueve de los contratos del IDU, de 14 obras, que llevaba la Personería, realizados a través de adiciones a contratistas de la Fase III de Transmilenio y de Distritos de Conservación (mantenimiento vial).
La Personería investigó tres adiciones: calzada norte de la Avenida Villavicencio, entre Avenida Ciudad de Cali y Avenida El Tintal; mejoramiento geométrico de la Avenida Primero de Mayo por la Avenida Poporo Quimbaya y la construcción de la Avenida Santa Lucía desde la Avenida General Santander hasta la Avenida Jorge Gaitán Cortés. Las dos primeras obras fueron adicionadas al contrato del Distrito de Conservación Sur Occidente y la tercera a un contrato del Distrito Sur Oriente.
“Tanto Pardo como Ramírez se encontraron responsables por la demora en la ejecución de la Avenida Santa Lucía (Transversal 42) que ni siquiera se ha terminado. También por las irregularidades en la Avenida Villavicencio con Avenida Boyacá; allí se proyectó realizar dos orejas y dos conectantes de la intersección vial. Las obras debían estar terminadas en agosto de 2010 y, aunque el IDU dijo haber culminado la obra en enero de 2011, se determinó que quedó pendiente la construcción de una oreja”, agrega la Personería.
La Avenida Mariscal Sucre o Carrera 19B, entre Calles 26 y 24 y la Carrera 19, entre Calles 26 y 28, que eran para diciembre de 2010, aún están pendientes.
Las faltas fueron calificadas como gravísimas, pues los exfuncionarios “participaron en la etapa precontractual o en la actividad contractual en detrimento del patrimonio público o con desconocimiento de las normas”.
Los investigadores consideraron que el comportamiento de los exdirectores fue cometido a título de dolo, debido a que su actuación se realizó con pleno conocimiento de las facultades que les atribuía la ley y, no obstante, obviaron las reglas sobre administración de bienes públicos generando una situación de crisis en la ciudad.
La Personería de Bogotá, en primera instancia, destituyó a los exdirectores del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Liliana Pardo Gaona y Néstor Eugenio Ramírez Cardona, y los inhabilitó para desempeñar cargos públicos por 20 y 18 años, respectivamente, por irregularidades en la contratación y ejecución de 21 de las 36 obras del grupo uno de valorización establecidas en un acuerdo distrital de 2005 con un costo superior a los $389 mil millones.
“Los funcionarios omitieron realizar las gestiones necesarias para evitar las demoras e improvisaciones que impidieron la entrega oportuna de las obras, al punto que aún hoy algunas de ellas no se han terminado”, dice la Personería.
A los dos exdirectores se les sancionó por falta de planeación en su labor, lo cual se reflejó en problemas en la elaboración de diseños, rediseños y demoras en la adquisición de predios para las obras.
La Personería Delegada para Coordinación de Asuntos Disciplinarios consideró que los inculpados son responsables de falta de coordinación en la adecuación de redes de servicios públicos y la expedición de permisos ambientales o de tránsito, para la construcción oportuna de las vías públicas.
“La improvisación generó prórrogas, suspensiones y adiciones a los contratos por deficiencias en el control y vigilancia en la correcta ejecución del plan de obras. De esa forma, se presentaron continuos cambios en los cronogramas de construcción y entrega en la mayoría de las 7 vías, 2 puentes vehiculares, 5 peatonales, 5 andenes y 2 obras de mejoramiento vial.
“Liliana Pardo utilizó la figura de la adición para entregar a dedo nueve obras de valorización por 90 mil millones de pesos. La funcionaria no efectuó la convocatoria pública de ley para escoger de manera transparente al mejor contratista y adjudicar la construcción de las vías”, dice el ente de control.
La Procuraduría General de la Nación asumió la investigación de nueve de los contratos del IDU, de 14 obras, que llevaba la Personería, realizados a través de adiciones a contratistas de la Fase III de Transmilenio y de Distritos de Conservación (mantenimiento vial).
La Personería investigó tres adiciones: calzada norte de la Avenida Villavicencio, entre Avenida Ciudad de Cali y Avenida El Tintal; mejoramiento geométrico de la Avenida Primero de Mayo por la Avenida Poporo Quimbaya y la construcción de la Avenida Santa Lucía desde la Avenida General Santander hasta la Avenida Jorge Gaitán Cortés. Las dos primeras obras fueron adicionadas al contrato del Distrito de Conservación Sur Occidente y la tercera a un contrato del Distrito Sur Oriente.
“Tanto Pardo como Ramírez se encontraron responsables por la demora en la ejecución de la Avenida Santa Lucía (Transversal 42) que ni siquiera se ha terminado. También por las irregularidades en la Avenida Villavicencio con Avenida Boyacá; allí se proyectó realizar dos orejas y dos conectantes de la intersección vial. Las obras debían estar terminadas en agosto de 2010 y, aunque el IDU dijo haber culminado la obra en enero de 2011, se determinó que quedó pendiente la construcción de una oreja”, agrega la Personería.
La Avenida Mariscal Sucre o Carrera 19B, entre Calles 26 y 24 y la Carrera 19, entre Calles 26 y 28, que eran para diciembre de 2010, aún están pendientes.
Las faltas fueron calificadas como gravísimas, pues los exfuncionarios “participaron en la etapa precontractual o en la actividad contractual en detrimento del patrimonio público o con desconocimiento de las normas”.
Los investigadores consideraron que el comportamiento de los exdirectores fue cometido a título de dolo, debido a que su actuación se realizó con pleno conocimiento de las facultades que les atribuía la ley y, no obstante, obviaron las reglas sobre administración de bienes públicos generando una situación de crisis en la ciudad.