Experto había advertido fallas en camiones de basura

Una ingeniera agrónoma, un ingeniero mecánico y un ingeniero civil fueron los profesionales enviados por la administración de Gustavo Petro para verificar el estado de los 60 compactadores de basura importados y arrendados por Aguas de Bogotá, empresa filial del Acueducto, con el fin de ponerlos en funcionamiento para el nuevo modelo de basura de la ciudad. Aparte de los profesionales mencionados, un experto en derechos humanos se encargó de vigilar que se llevara con éxito el embarque de estos vehículos en Miami rumbo al puerto de Cartagena.

Se trata de Selma Asprilla, ingeniera agrónoma y hermana del secretario de Gobierno del Distrito, Guillermo Asprilla; Fabio Murcia Celedón, ingeniero mecánico y funcionario de la División Operativa de Mantenimiento Electromecánica de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB); Hugo Germán Guanumen, ingeniero civil y actual director del Servicio de Acueducto y Alcantarillado de la zona uno de la EAAB, y, por último, Jorge Rojas, periodista, experto en derechos humanos y actual secretario privado del alcalde Gustavo Petro.

Excepto por Rojas, quien se negó a integrar parte del equipo, estos funcionarios conformaron la llamada Comisión de Servicios en el Exterior encargada de inspeccionar los lotes de vehículos compactadores en Miami, Florida, antes de que fueran llevados a Colombia. De sus informes y conceptos dependía que el Distrito decidiera arrendar e importar los camiones, los cuales, como lo publicó este diario, se subastaban a través de páginas web como vehículos accidentados y averiados.

El referido contrato de arrendamiento, que está amparado por una póliza de seguros para cubrir eventuales daños (responsabilidad civil), asciende a $7.500 millones y tiene una vigencia de cinco meses contados desde la entrega de la flotilla.

El Espectador tuvo acceso a la mayoría de los informes de estos funcionarios, quienes viajaron a Estados Unidos los días 1, 2 y 3 de diciembre del año pasado.

En el informe elaborado por Selma Asprilla, la ingeniera agrónoma, recomienda al Distrito “autorizar el arrendamiento de 20 camiones compactadores de 25 yardas, cuatro de reciclaje y dos barredoras que se encuentran en estado operativo, bajo condiciones de contrato que obligue a que se encuentren vehículos disponibles de reemplazo si alguno llegare a fallar. Lo anterior en razón a que su millaje, capacidad de recolección y compactación se encuentran en condiciones”.

Sin embargo, otro miembro de esta comisión y quizás el único que tenía las credenciales técnicas para hacer una valoración de los camiones, emitió un concepto contrario sobre el proceso de verificación y el estado de los vehículos. Este diario conoció el documento elaborado por el ingeniero mecánico Fabio Murcia Celedón.

Mientras que la ingeniera agrónoma recomendaba arrendar los vehículos, Murcia, conocedor de mecánica, aseguraba que “no se tiene bitácora del mantenimiento de los vehículos. Con el kilometraje que tiene estos vehículos podría pensarse que se requiere una rehabilitación. Según información verbal, los vehículos son sometidos a una revisión de sus sistemas eléctrico, hidráulico y mecánico, pero es preciso indicar que estos vehículos, que tienen más de 10 años funcionando, pueden presentar en cualquier momento fallas en sus diferentes componentes”.
El ingeniero aclara, además, que “la inspección operativa realizada a dos equipos compactadores no es una muestra representativa para poder decir que los 60 vehículos ofrecidos se encuentren operativos y en buen estado”.

En el caso del informe elaborado por Guanumen, el ingeniero civil da el siguiente reporte: “En cuanto a condiciones de pintura, se observó que aproximadamente el 70% está en buen estado, un 15% presenta leve deterioro de la pintura y el restante 15% muestra condiciones muy regulares, especialmente en corrosión en la caja trasera”.

Una ingeniera agrónoma, un ingeniero mecánico y un ingeniero civil fueron los profesionales enviados por la administración de Gustavo Petro para verificar el estado de los 60 compactadores de basura importados y arrendados por Aguas de Bogotá, empresa filial del Acueducto, con el fin de ponerlos en funcionamiento para el nuevo modelo de basura de la ciudad. Aparte de los profesionales mencionados, un experto en derechos humanos se encargó de vigilar que se llevara con éxito el embarque de estos vehículos en Miami rumbo al puerto de Cartagena.

Se trata de Selma Asprilla, ingeniera agrónoma y hermana del secretario de Gobierno del Distrito, Guillermo Asprilla; Fabio Murcia Celedón, ingeniero mecánico y funcionario de la División Operativa de Mantenimiento Electromecánica de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB); Hugo Germán Guanumen, ingeniero civil y actual director del Servicio de Acueducto y Alcantarillado de la zona uno de la EAAB, y, por último, Jorge Rojas, periodista, experto en derechos humanos y actual secretario privado del alcalde Gustavo Petro.

Excepto por Rojas, quien se negó a integrar parte del equipo, estos funcionarios conformaron la llamada Comisión de Servicios en el Exterior encargada de inspeccionar los lotes de vehículos compactadores en Miami, Florida, antes de que fueran llevados a Colombia. De sus informes y conceptos dependía que el Distrito decidiera arrendar e importar los camiones, los cuales, como lo publicó este diario, se subastaban a través de páginas web como vehículos accidentados y averiados.

El referido contrato de arrendamiento, que está amparado por una póliza de seguros para cubrir eventuales daños (responsabilidad civil), asciende a $7.500 millones y tiene una vigencia de cinco meses contados desde la entrega de la flotilla.

El Espectador tuvo acceso a la mayoría de los informes de estos funcionarios, quienes viajaron a Estados Unidos los días 1, 2 y 3 de diciembre del año pasado.

En el informe elaborado por Selma Asprilla, la ingeniera agrónoma, recomienda al Distrito “autorizar el arrendamiento de 20 camiones compactadores de 25 yardas, cuatro de reciclaje y dos barredoras que se encuentran en estado operativo, bajo condiciones de contrato que obligue a que se encuentren vehículos disponibles de reemplazo si alguno llegare a fallar. Lo anterior en razón a que su millaje, capacidad de recolección y compactación se encuentran en condiciones”.

Sin embargo, otro miembro de esta comisión y quizás el único que tenía las credenciales técnicas para hacer una valoración de los camiones, emitió un concepto contrario sobre el proceso de verificación y el estado de los vehículos. Este diario conoció el documento elaborado por el ingeniero mecánico Fabio Murcia Celedón.

Mientras que la ingeniera agrónoma recomendaba arrendar los vehículos, Murcia, conocedor de mecánica, aseguraba que “no se tiene bitácora del mantenimiento de los vehículos. Con el kilometraje que tiene estos vehículos podría pensarse que se requiere una rehabilitación. Según información verbal, los vehículos son sometidos a una revisión de sus sistemas eléctrico, hidráulico y mecánico, pero es preciso indicar que estos vehículos, que tienen más de 10 años funcionando, pueden presentar en cualquier momento fallas en sus diferentes componentes”.
El ingeniero aclara, además, que “la inspección operativa realizada a dos equipos compactadores no es una muestra representativa para poder decir que los 60 vehículos ofrecidos se encuentren operativos y en buen estado”.

En el caso del informe elaborado por Guanumen, el ingeniero civil da el siguiente reporte: “En cuanto a condiciones de pintura, se observó que aproximadamente el 70% está en buen estado, un 15% presenta leve deterioro de la pintura y el restante 15% muestra condiciones muy regulares, especialmente en corrosión en la caja trasera”.