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La Administración Distrital informó este viernes a través de un comunicado, el fallecimiento de una niña indígena Embera Katio el jueves 6 de febrero. Según indicaron, la menor vivía en la UPI La Rioja, cuando se desmayó al momento en que “realizaba actividades cotidianas”. “De forma inmediata, se comunicó al equipo de la Secretaría de Salud, que procedió a trasladarla a la ambulancia presente en la UPI. Posteriormente, fue llevada a la USS de Salud Santa Clara, donde llegó sin signos vitales. A pesar de las maniobras de reanimación realizadas, se dictaminó su muerte a las 9:59 a.m”, detallaron.
El cuerpo de la menor se encuentra en Medicina Legal a la espera del dictamen de la necropsia que concluya las causas del deceso.
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Según afirmó la Alcaldía, “los registros de los equipos de la Secretaría de Salud, que atienden a la comunidad, no evidenciaron afectaciones de salud relevantes en la menor, lo cual coincide con la información aportada por la familia”.
En este momento, la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación coordina con la Secretaría de Integración Social y la Secretaría de Gobierno el otorgamiento del subsidio funerario, así como el apoyo para la ceremonia de armonización y el transporte de los familiares desde la UPI La Rioja hacia la funeraria, además de cubrir otras necesidades derivadas del suceso.
Si bien las acciones de salud en La Rioja se han intensificado, y las atenciones de medicina general, medicina especializada, salud oral y vacunación, entre otras, han mejorado notablemente, las dudas de por qué siguen presentándose muertes de este tipo generan incertidumbre.
Y es que la historia de estas comunidades es circular en la gran mayoría de los casos. Salieron de sus territorios por la violencia o la minería ilegal, llegaron a la ciudad buscando oportunidades. Luego se instalaron en pagadiarios, pero al no tener la manera de pagar el hospedaje, se fueron las Unidades de Protección Integral UPI de La Rioja o de La Florida.
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Entre 2020 a 2024, la alcaldía ha destinado casi $18.000 millones en atenciones en salud, educación y paquetes sociales, así como el sostenimiento de La Rioja y La Florida, y $1.050 millones en alimentación y aseo por parte de la Unidad de Víctimas. Pero, la falta de reglas claras lleva a que la ciudad y los indígenas sigan esperando soluciones concretas.
La petición de las comunidades sigue siendo la misma desde que llegaron: garantías para retornar a sus territorios y acceso a salud, educación y vivienda digna.
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Por Redacción Bogotá
